CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Las empresas que emprenden proyectos extractivos, de explotación y desarrollo en comunidades indígenas deben respetar los usos y costumbres de éstas, y el Estado debe supervisarlas, consideró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La Comisión agregó que también se debe garantizar que quienes participen en ellas lo hagan de forma libre, informada e incluso con la participación de intérpretes. “La ausencia de un marco legislativo adecuado y la frecuente prevalencia de intereses económicos –debido a que las comunidades indígenas están asentadas en sitios de gran riqueza natural—, son algunas de las causas a la transgresión del derecho a la consulta previa a los pueblos originarios”, refirió la CNDH en un comunicado.   En un acto, realizado en el Auditorio “Jesús Reyes Heroles” de la Secretaría de Gobernación, Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora general de la Comisión, consideró importante trabajar en la capacitación de servidores públicos de los tres niveles de gobierno y fomentar la responsabilidad de las empresas privadas para que las consultas que se realicen a las comunidades indígenas se lleven a cabo conforme a lo que establece la normatividad. De esta manera, indicó, evitar que las compañías violen otras prerrogativas, como el derecho a propiedad ancestral, al territorio, a la libre determinación, al desarrollo sustentable y a la identidad cultural. Al participar en la ceremonia inaugural del “Programa de Capacitación sobre la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, Aguilar León manifestó la necesidad de armonizar el orden jurídico mexicano con los diversos estándares internacionales en la materia para garantizar, en todo el país, el acceso de los pueblos indígenas a ser consultados de manera previa e informada. Apuntó que actualmente sólo 25 entidades del país reconocen ese derecho en sus respectivas legislaciones y sólo dos estados, Durango y San Luis Potosí, tienen una ley específica en la materia.   La visitadora precisó que ante la puesta en marcha de proyectos productivos y económicos en comunidades indígenas, así como en el caso de modificaciones normativas o de políticas públicas que les afecten, es indispensable consultar de manera previa a los pueblos y comunidades e informarles las implicaciones de los mismos, para evitar que se vulneren sus derechos fundamentales.