CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amnistía Internacional denunció la persistencia de una tendencia mundial a atacar a defensores de derechos humanos, al incrementarse en 80% los asesinatos de activistas, al pasar de 156 en 2015 a 281 un año después en 22 países. En su más reciente informe “Defensores y Defensoras de Derechos Humanos bajo amenaza: La reducción del espacio para la sociedad civil”, la organización dirigida por Salil Shetty advirtió de que en el mundo prevalecen “líderes autoritarios resueltos a aniquilar los derechos humanos”, quienes están “desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria”. Al presentar el documento, en el que se incluye a México como uno de los países de gran preocupación, Shetty mencionó que los gobiernos “están cortando el suministro de oxígeno” a las personas defensoras, “al despojarlas de su derecho a protestar, colocarlas bajo vigilancia y convertirlas junto a sus comunidades, en blanco de acoso, amenazas y agresiones físicas”. Entre las referencias que el informe hace de nuestro país, Amnistía resaltó los ataques contra familiares de desaparecidos que han sido amenazados por el crimen organizado, de manera particular en Cuauhtémoc, Chihuahua. “En México, más de 30 mil personas han sido desaparecidas desde 2006. No se sabe con certeza cuántas son víctimas de desaparición forzada a manos de agentes estatales y cuántas a manos de agentes no estatales. “En Cuauhtémoc, ciudad del norte de México, ha habido personas que buscaban a sus seres queridos y que han sufrido ataques directos, incluidos amenazas y hostigamiento, como represalias por sus demandas de verdad y justicia. “Es cada vez mayor el miedo a denunciar ante las autoridades la desaparición de familiares o amigos debido a la evidencia de que existe una convivencia entre funcionarios públicos y bandas delictivas, y a la impunidad casi absoluta en la que permanecen estos crímenes”, se señala en el documento. La tendencia de agresiones a los defensores es preocupante, alertó la organización, al señalar que el año pasado en 22 países se registraron asesinatos de defensores; en 63 naciones se desataron campañas de desprestigio contra activistas; en 68 más los defensores fueron detenidos por su labor, y en 94 sufrieron amenazas. El informe hace una revisión de las medidas empleadas para silenciar a los defensores: “desde ataques personales, como amenazas, palizas e incluso homicidio, hasta el uso de la legislación para criminalizar actividades relacionas con los derechos humanos, pasando por métodos de vigilancia y ataques contra la capacidad de los defensoras y defensores de comunicarse y contra sus derechos de reunión pacífica y asociación, así como restricciones a su libertad de circulación”. El documento aborda la estrategia de recurrir a “campañas de desprestigio y de la estigmatización para deslegitimar tanto a estas personas como a su labor” y la violencia particular que sufren las mujeres defensoras “que incluye el uso de la violencia sexual, de las amenazas, el acoso, así como campañas de difamación ligadas a su género”. En cuanto a los homicidios, de los 281 casos registrados por Amnistía en 2016, 49% de las víctimas “trabajaban sobre problema de tierras, territorio y medio ambiente, y entre ellos muchos pertenecientes a grupos indígenas”, mencionando como un caso emblemático de América Latina, el homicidio contra Berta Cáceres, en Honduras. Amnistía Internacional da cuenta también de siete desapariciones de activistas, así como 12 defensores a quienes se les inició procesos judiciales por sus actividades, y se hace referencia particular al exsubcontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su siglas en inglés), Edward Snowden, quien podría ser condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos por revelar datos de interés público. En cuanto a las campañas de difamación, Amnistía resaltó el caso de México, visitado por el relator especial de la ONU sobre defensores, y a quien le señaló que “las campañas de difamación y de insultos contra las estas personas ‘pueden tener un fuerte componente de género, cuando están dirigidas a mujeres defensoras de derechos humanos’”. Citando el informe del relator, publicado a principios de 2017, la organización abundó que las campañas difamatorias “pueden incluir insultos, representar a las mujeres como prostitutas o sin valores morales. El acoso también puede apuntar a los integrantes de la familia y la comunidad como una forma de intimidar indirectamente a los defensores y defensoras, obligándolos a elegir entre proteger a sus familiares o continuar su labor de derechos humanos”. Entre las tácticas difamatorias, Amnistía Internacional destacó el “troleo”, que es el uso de las redes sociales para intimidar o desprestigiar, práctica en la que puso como ejemplo el programa de internet de Carmen Aristegui, al que “cada ataque de los ‘trols’ reduce su capacidad entre un 20% y 50%, pues mantiene al personal ocupado respondiendo a los ataques”. Sobre las represalias, Amnistía citó una vez más el informe sobre México del relator de la ONU, en el que manifestó su preocupación porque algunos defensores sufrieron amenazas por haberse reunido con él. El documento de Amnistía hace referencia a otras prácticas, como la vigilancia contante a los defensores cometidas incluso en países con altos estándares democráticos como Estados Unidos y Reino Unido, mientras que en países con democracias débiles, como Marruecos y Kasajastán, es común la censura en internet. De acuerdo al diagnóstico, “gobiernos de distintas tendencias políticas, cuando no amenazan u hostigan a quienes defienden los derechos humanos, intentan cultivar una hostilidad abierta hacia esos defensores y de defensoras mediante la propagación de una retórica demonizadora que representa a las personas activistas como terroristas o agentes extranjeros”, dijo Shetty. La organización formuló en su informe algunas recomendaciones a los Estados, encaminados al reconocimiento de la labor del trabajo de los defensores: dar garantías para que realicen sus actividades; otorgar capacitaciones; dar facilidades para el trabajo comunitario. En tanto, a empresas se les insta a respetar los derechos de las comunidades de decidir el destino de sus recursos y a los organismos internacionales monitorear las denuncias. Ante este panorama, Shetty anunció la campaña internacional “Valiente”, que pretende sensibilizar a los países “para que reconozcan el trabajo legítimo de quienes trabajan para defender la dignidad inherente y la igualdad de derechos de todas las personas, y que garanticen su libertad y seguridad”, tal como se comprometieron al firmar la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, aprobado por Naciones Unidas en 1998.