CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Al menos 20 de los 60 policías municipales de José Azueta (Zihuatanejo) que fueron arrestados por el Ejército hace dos días, fueron consignados ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) por presuntos nexos con el narco y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y corporaciones sin registro oficial. En tanto, 31 uniformados más fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del estado (FGE), por el delito de usurpación de funciones y liberaron a nueve policías. A través de un comunicado oficial, el gobierno de Héctor Astudillo Flores informó que un sujeto identificado como Javier El Cadete, exdirector de Seguridad Pública en el vecino municipio de Petatlán, infiltró y tomó el control de la corporación policiaca para ponerla al servicio de la delincuencia, sin especificar a cuál de los dos grupos que actualmente se disputan esta plaza se refería, si la Guardia Guerrerense o Sangre Nueva Guerrerense. El vocero del gobierno estatal, Roberto Álvarez Heredia, informó que los 20 agentes municipales encabezados por El Cadete, fueron puestos a disposición de la PGR para que el Ministerio Público federal investigue su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. El funcionario estatal dijo que de acuerdo con las investigaciones, "desde hace días estos policías municipales se habían infiltrado en la Policía Municipal de Zihuatanejo y tenían bajo su control la operación de esa corporación, además de que presuntamente están vinculados con grupos delictivos que operan en esa ciudad”. Sobre el caso de los otros 31 policías municipales detenidos, se informó que las autoridades ministeriales estatales los investigan por el delito de usurpación de funciones debido a que portaban armas, municiones e insignias oficiales a pesar de que habían reprobado los exámenes de control y confianza y son considerados como no aptos para ejercer el servicio público. Por otro lado, nueve de los 60 detenidos en principio, fueron liberados ayer después de que las autoridades revisaron sus expedientes, documentación y antecedentes, "y no encontraron alguna irregularidad”. De esta forma, 51 de los 60 policías detenidos el martes pasado fueron puestos a disposición de autoridades ministeriales federales y estatales para investigarlos por delitos graves que exhiben el nivel de corrupción, impunidad y pudrición que persiste en las corporaciones policiacas de la entidad. Ello, a pesar de que el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Héctor Astudillo se comprometieron a depurar a la policía estatal y corporaciones de los 81 municipios, así como la clase política para cumplir con su obligación constitucional de garantizar la seguridad de la sociedad, tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, registrada desde septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.