Juicio político a Trump

Fiat justitia, ruat caelum.

[Hágase justicia aunque se hunda el firmamento.]

Proverbio latino

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Russiagate está a la vista. Un breve memorando dado a conocer el martes 16 por The New York Times (NYT) anuncia el principio del fin del gobierno de Donald Trump, marcado por la aberración, la ineptitud y el escándalo. El memo fue escrito por James Comey, el director del FBI encargado de la investigación sobre el involucramiento del presidente estadunidense y sus colaboradores cercanos en los nexos secretos con Rusia, quien fue despedido de manera fulminante por el mandatario el pasado martes 9. Es un hecho inédito desde que Richard Nixon cesó al fiscal especial que investigaba el caso Watergate, en octubre de 1973. Así empiezan las analogías entre dos casos históricos de abuso de poder en Estados Unidos que podrían tener un desenlace similar.

El memorándum del exdirector del FBI reproduce una conversación sostenida en febrero entre Comey y Trump, un día después de la renuncia del general Michael Flynn como consejero de Seguridad Nacional por haber mentido acerca de su relación con Rusia, hecho que puso en jaque al gobierno trumpista. El presidente le pidió al vicepresidente Mike Pence y al procurador general Jeff Sessions salir del salón oval de la Casa Blanca para platicar a solas con el director del FBI: “Espero que encuentres la manera de olvidar este asunto, de olvidarte de Flynn”, le dijo Trump a Comey. “Es un buen tipo, no ha hecho nada malo. Espero que puedas olvidar su caso”.

La petición de Trump evidencia intención del presidente de influir en el director del FBI para detener la investigación sobre las relaciones peligrosas de su gobierno con Rusia. El memorándum es una prueba de que el mandatario incurrió en obstrucción de la justicia, delito por el que podría ser sometido a un juicio político (impeachment). En los procesos de destitución de Richard Nixon en 1974 y Bill Clinton en 1998, ambos fueron acusados de obstrucción de la justicia.

El lunes 15 mayo, un día antes de la mencionada nota del NYT, The Washington Post (WP) dio a conocer otra noticia que también cimbró al gobierno de Trump, porque fortaleció las sospechas de los vínculos secretos con la oligarquía rusa. El presidente estadunidense reveló información confidencial de seguridad nacional al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y al embajador Sergey Kislyak, durante una reunión sostenida en la Casa Blanca el miércoles 10, un día después del despido del director del FBI.

¿Por qué darle esa información ultra confidencial a los rusos, que tienen intereses opuestos en Siria? ¿Cómo explicar que Trump reciba en plan de compinches a los funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, responsable de haber jaqueado el sistema informático estadunidense durante el proceso electoral del año pasado? ¿A cambio de qué el presidente y su secretario de Estado, Rex Tillerson, olvidaron la intervención militar rusa en Ucrania y la anexión de Crimea?

Tillerson y Putin son socios. En 2011, cuando Tillerson era CEO de Exxon, la compañía petrolera norteamericana, y ­Rosneft, su contraparte rusa –expropiada por el gobierno de Putin en 2003 y privatizada en 2016–, firmaron una sociedad estratégica para la exploración de crudo en el Océano Ártico y el Mar Negro por un monto de 3.2 mil millones de dólares (WP, 19/IV/2017). En 2013 Tillerson recibió de manos de Putin la Orden de la Amistad. Sería ingenuo suponer que la sociedad entre esos dos personajes no continúe vigente y que el señor Trump no sea parte del enjuague. Seguramente a ello se debe el interés de los responsables de la política exterior estadunidense de levantar las sanciones al gobierno ruso por la anexión de Crimea.

Por eso, lo que está en juego es el futuro de la democracia y el imperio de la ley en la Unión Americana, no sólo el destino del actual ocupante de la Casa Blanca. El desenlace de este asunto revelará si sigue vigente el sistema de equilibrios y contrapesos diseñado por los fundadores de esa nación para evitar “el despotismo al que conduce el amor al poder y la proclividad a abusar de él que anida en el corazón humano”, como escribió George Washington.

“Trump must be impeached” (“Debe iniciarse el proceso de destitución de Trump”), escribió Laurence Tribe, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Harvard (WP, 13-V-17).

Si, por el contrario, las constantes transgresiones de Trump contra las normas y costumbres de la democracia estadunidense –el desdén por las cortes y los servicios de inteligencia, el ataque a los medios de comunicación, así como la intimidación de sus opositores y la imposición de sus arbitrariedades ejecutivas– permanecen impunes, se confirmaría que también en ese país la política se ha convertido en el arte de salirse con la suya.

El impeachment fue concebido como el recurso de última instancia para preservar el sistema constitucional mediante un proceso de destitución de los miembros del Poder Ejecutivo, incluido el presidente, que hayan dejado de ser confiables en el ­desempeño de su cargo por haber cometido traición, corrupción u otros delitos graves y violaciones a la ética pública (misdemeanors).

El impeachment es un juicio sin juez, ni jurado ni fiscal. Son los legisladores los que acusan, procesan y juzgan a otros políticos. La Cámara de Representantes actúa como investigador y fiscal, mientras que el Senado asume las funciones de juez y jurado. Se requiere de 67 votos para condenar al acusado y sólo 34 para absolverlo. Hasta ahora, ningún mandatario estadunidense ha sido destituido mediante impeachment. Andrew Johnson fue juzgado y, por un voto, no fue condenado y removido por el Senado; Richard Nixon renunció antes de enfrentar el juicio y Bill Clinton también fue absuelto por la Cámara alta. Más que jurídico, el impeachment es un asunto de aritmética política.

En el caso Watergate, 48 funcionarios de la Casa Blanca fueron encarcelados. Hoy, el juicio político a Trump estaría en manos de los republicanos. En ellos recae la responsabilidad histórica de pensar en el futuro de la nación o sólo en el de su partido.

Este análisis se publicó en la edición 2116 de la revista Proceso del 21 de mayo de 2017.

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