Jaguares: Buen negocio para empresarios y malísimo para Chiapas
Haber tenido por 15 años un equipo de futbol en Primera División –Jaguares, ahora en la División de Ascenso– fue una carga muy pesada para el erario de Chiapas, una entidad hundida en la miseria. Mediante transacciones opacas que han beneficiado a empresarios, y siempre en perjuicio del estado, el club de futbol transitó con altibajos durante los gobiernos de Pablo Salazar, Juan Sabines y Manuel Velasco para acabar donde empezó: en el fondo.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (Proceso).- De la mano del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y de Alejandro Burillo Azcárraga, empresario del Grupo Pegaso, el equipo de futbol Tiburones Rojos de Veracruz llegó en 2002 a Chiapas para convertirse en Jaguares. La entidad, sumida en la miseria, ya podría presumir de tener un futbol “de primera”.
En ese momento Salazar describió la llegada del club de futbol como “un proyecto de vida, de futuro deportivo, social y económico”.
Como propietario aparecería el empresario Antonio Leonardo Castañón, dueño de la cadena Farmacias del Ahorro, pariente de Paulina Castañón –expareja de Raúl Salinas de Gortari– y miembro de un grupo familiar rescatado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
Aunque siempre negó que Chiapas tuviera dinero público metido en el club deportivo, Salazar aceptó que su gobierno había invertido 50 millones de pesos en la remodelación y ampliación del estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, para que fuera así La Casa del Jaguar, espacio digno para un equipo de Primera División. En ésta, Jaguares tuvo su mayor gloria en la temporada 2004 –aún durante la administración de Salazar– con el paraguayo Salvador Cabañas como líder del club.
La mano de Sabines
En diciembre de 2006 terminó el sexenio de Salazar y llegó al gobierno Juan Sabines. Y empezaron las tensiones entre el empresario poseedor del club y la administración estatal.
Perseguido y encarcelado por Sabines, Leonardo Castañón terminó por ceder el equipo al gobierno de Chiapas. El club había dejado de recibir los subsidios oficiales –esos que Salazar siempre negó haber aportado– aparentemente para obligar al empresario a declararse en quiebra y vender.
Antes Sabines había enviado al Congreso estatal una iniciativa para crear el Fideicomiso para la Inversión y Administración para la Promoción y Desarrollo del Deporte Profesional y la Instrumentación de Programas y Proyectos Deportivos Especializados en la Entidad (Fideporte), entidad que nunca tuvo reglas claras de operación. El decreto de su creación se publicó el 29 de diciembre de 2008.
En ese mismo año, ya con el Fideporte, Chiapas adquirió 51% de las acciones de Jaguares. Y para controlar este paquete accionario se designó al Instituto del Deporte (Indeporte), organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación de Chiapas y que carecía de personalidad jurídica para firmar contratos o administrar empresas.
Aunque el Fideporte sirvió también para promover peleas de box, carreras de autos y competencias de clavados y natación, así como la Copa Náutica en el Cañón del Sumidero, seis meses después, en el análisis de la cuenta pública de 2009, Sabines reportó que esa instancia había ejercido un gasto de 187 millones 860 mil pesos.
El 22 de abril de 2010 Sabines erogó 50 millones de pesos del erario para adquirir la empresa Showmex, con lo cual se hizo con el restante 49% de acciones de Jaguares.
Al término de 2010 el gobierno chiapaneco reportó que había ejercido 166.2 millones de pesos de ese fideicomiso.
Pero esa transacción millonaria, con recursos públicos, significó el declive de Jaguares. El club perteneció al gobierno menos de un mes. Luego fue vendido a una empresa del Grupo Salinas.
La primera semana de mayo de 2010 se elaboró un primer contrato de compra-venta por 289 millones de pesos. Por la parte vendedora el contrato fue firmado por Jorge Cuesy Serrano –del Indeporte–, y por Manelich Clemente Guerrero, primo del gobernador chiapaneco, quien figuró como administrador efímero de Showmex.
Como comprador firmó Javier Alberto Botello Reed, representante de Interticket, empresa nuevoleonesa propiedad del Grupo Salinas.
Sin embargo, hay un segundo contrato de compra-venta que apareció después –y del cual Proceso tiene copia–, firmado el 18 de mayo de 2010; en éste el monto se redujo casi a la mitad: 154 millones 482 mil 567 pesos con 14 centavos.
En ese segundo contrato ya sólo aparecen dos firmas: la de Botello Reed como comprador y la de Clemente Guerrero como vendedor. El supervisor de la transacción fue el secretario de Hacienda de Sabines, Carlos Jair Jiménez Bolaños.
Es decir que Jaguares fue comprado en 289 millones de pesos a Antonio Leonardo Castañón, y pocos días después fue vendido en 154 millones de pesos. El erario perdió más de 135 millones en una sola operación. Y esas cifras nunca figuraron en el presupuesto de egresos de 2010 ni mucho menos en el análisis de la cuenta pública de ese año.
Además –de acuerdo con el punto 5 del contrato de compra-venta– el gobierno chiapaneco le daría a Interticket 80 millones de pesos mensuales durante tres años –contados a partir del 18 de mayo del 2010– “para promover al equipo y garantizar el acceso a las actividades deportivas recreativas y de asistencia social en la entidad”.
En ese contrato, ventajoso para el Grupo Salinas, se tasó el precio de cada jugador de Primera División. Los más caros eran Danilo Verón (25.9 millones de pesos), Nery Cardozo (25.1 millones), Jackson Martínez (20.8 millones) e Ignacio Fonte (10.4 millones).
Segunda parte
En 2012 terminó el sexenio de Sabines y empezó el de Manuel Velasco, quien dejó de darle apoyos y subsidios a Jaguares.
Cinco meses después de iniciada la nueva administración, en mayo de 2013, el club anunció que se iba de Chiapas debido a “factores externos”, como la falta de patrocinios locales y nacionales y la baja asistencia al estadio Víctor Manuel Reyna.
Así, Jaguares de Chiapas se vendió al Grupo Delfines, del contratista petrolero Amado Yáñez. El club cambió de nombre. Ahora sería Gallos Blancos de Querétaro. Los originales Jaguares llegaron a su fin.
Pero entonces llegó de Puebla otro equipo, de la mano del empresario de la construcción Hugo López Chargoy. Fueron los nuevos Jaguares.
La llegada a Chiapas de otro club de futbol de Primera División iba de la mano de jugosos contratos en materia de obra pública. Pero las relaciones entre el grupo empresarial familiar de López Chargoy no salieron bien con Velasco.
Las finanzas tampoco marchaban bien. En 2016 y 2017 se rezagaron los pagos a los jugadores; llegaron a pasar hasta tres meses sin que cobraran ni un peso, lo cual se reflejaba en el desempeño de los futbolistas en la cancha. Los nuevos Jaguares nunca pudieron llegar a una semifinal y su descenso era previsible.
Aun cuando el gobierno de Velasco niega haber subsidiado al club deportivo, uno de sus colaboradores, David León, llegaba al estadio en los primeros meses del nuevo equipo para pagar en efectivo a los futbolistas. De los 32 jugadores, 19 de ellos extranjeros, al que menos cobraba se le pagaban entre 300 mil y 400 mil pesos; los más caros recibían de 800 mil a 1 millón de pesos.
Velasco se niega a hablar de la relación de su gobierno con ese flujo de dinero público al club. Sin embargo José Luis Orantes, secretario local de la Juventud y el Deporte, accede a hablar con Proceso.
Niega de entrada que la administración estatal haya estado involucrada financieramente en el caso. Asevera que el único apoyo oficial o gubernamental era darle a Jaguares el estadio de futbol en comodato y nada más.
Aun cuando López Chargoy aseveró recientemente que el club –ya en la División de Ascenso– se queda en Chiapas, Orantes dice que es necesario que haya un club que empiece desde cero y logre identidad y afinidad con la afición chiapaneca, pues Jaguares había dejado de llenar las tribunas.
Por su parte, Salazar Mendiguchía escribió en el periódico Reforma que “ese Jaguar en realidad ya estaba muerto de antemano. Y lo habían matado dos veces. Sí, dos veces. La primera, cuando en 2010 el gobierno estatal tomó la absurda decisión de comprarlo en dos tiempos, disfrazando la operación como un ‘rescate financiero’, sólo para venderlo 10 días después al Grupo Salinas en casi 300 millones de pesos. Ambas operaciones se realizaron en la total opacidad”.
El despilfarro de recursos del erario durante estos 15 años contrasta con la pobreza y el reclamo de organizaciones sociales, campesinas y sindicales que a menos de 20 meses del fin del sexenio de Velasco siguen denunciando carencias y faltas de apoyo al campo, a la educación, a la salud.
Uno de los más fuertes reclamos al que se ha tenido que enfrentar Velasco es el del personal sindicalizado del sector salud, que ha denunciado la falta de medicamentos e insumos en las más de mil unidades médicas de la entidad.
Este reportaje se publicó en la edición 2116 de la revista Proceso del 21 de mayo de 2017.