CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Horacio Duarte Olivares, presentó una queja y una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra 39 funcionarios públicos por “proporcionar apoyos y prestar servicios” al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su candidato a gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Desde la Presidencia de la República se han atribuido responsabilidades fuera de sus funciones a secretarios del gabinete federal y diversos funcionarios de esta administración, a fin de que actúen en calidad de operadores electorales para el PRI durante el citado proceso electoral en dicha entidad, explicó en sus demandas, Horacio Duarte. Presentó, entre otras pruebas, el documento Activación de lugares prioritarios, Edomex-8 Mayo 2017, elaborado por una de las entidades del consultor político Jordi Segarra, denominada “El Pentágono”. Dicho texto, que fuese dado a conocer en su momento por el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en las redes sociales, detalla la estrategia electoral del PRI para llevar a cabo la compra y coacción del voto antes y durante la jornada electoral del próximo 4 de junio del presente año. La estrategia, conforme al texto, divide al estado por zonas, municipios y distritos, además desarrolla para cada uno una táctica específica, designa tareas y señala con claridad a los responsables de cada una para neutralizar a los contendientes que estiman con mayor o mejor posibilidad en cada zona. “Existe, sin lugar a duda, la utilización de los recursos públicos no solamente en términos de los gastos que originen el trabajo de los servidores públicos que se señalan como responsables y enlaces, incluyendo el propio pago de sus salarios atendiendo cuestiones ajenas a sus funciones, sino también las erogaciones necesarias para llevar a cabo cada táctica”, explicó Duarte Olivares. Entre estas erogaciones, mencionó la operación de “call center” para desactivar el voto; la movilización el día de la elección; la operación del contacto directo con el candidato; el pago de voceros de campaña; la promoción de la abstención y desmovilización; la comunicación del riesgo de tener un gobierno de Morena, así como la organización y operación de varias activistas mujeres. La apropiación y canalización de programas públicos, denunciados previamente también por Morena, continuará a través del manejo que hagan los mandos superiores en el Estado de México, señaló el también dirigente del partido en dicha entidad. Con esta operación electoral, afirmó Duarte, se viola la Constitución, ya que establece la obligación de garantizar a los partidos políticos condiciones equitativas en las elecciones, evitando cualquier influencia externa que pueda alterar la competencia La queja y la denuncia En ambas, Morena solicita a las dependencias que investiguen y sanciones a los presuntos responsables de los hechos denunciados. Recordó que durante el proceso de campaña electoral para el Estado de México, Morena ha denunciado violencia política de género contra su candidata a la gubernatura, Delfina Gómez Álvarez. Además, el rebase de topes de campaña, difusión y distribución de propaganda negativa y campaña sucia contra la candidata de Morena; empleo de videos e imágenes idénticas a las usadas por Eruviel Ávila en su campaña del 2011 y ahora recicladas para la candidatura de del Mazo, y el empleo de programas sociales como política pública que se siguen promocionando pese a que esta acción viola la Constitución local y la ley electoral. Destacó el cuadernillo de 154 fojas llamado “Activación de Lugares Prioritarios”, fechado el 8 de mayo pasado, confeccionado por el equipo de campaña del consultor político Jordi Segarra, empleado por el PRI, para realizar un análisis detallado de los 45 distritos electorales locales del Estado de México que demuestran la intervención del gobierno federal y del estado de México en la elección mexiquense, misma que se está realizando a través de los servidores públicos y mandos medios y superiores que a continuación de enlistan: Los funcionarios pertenecen a la Comisión Nacional Forestal (Conafor); a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; la Dirección General del Consejo Nacional de Fomento Educativo; la Secretaría de Educación Pública, incluyendo a su titular Aurelio Nuño; al director general del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Reyes Baeza Terrazas, y funcionarios de esta dependencia, así como al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Andoni Arriola Peñalosa. Además, a delegados, funcionarios de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que encabeza Rosario Robles Berlanga; el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, y funcionarios de la dependencia, así como la coordinadora nacional Prospera Programa Inclusión Social, Paula Angélica Hernández Olmos y subalternos; la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Flora Patricia Martínez Cranss y servidores públicos de la dependencia. Asimismo, el secretario de Turismo, Enrique Octavio de la Madrid Cordero y subalternos; el titular de la Unidad de Utilización del Suelo para proyectos en Energía e Inversiones Físicas de los fondos Mineros de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, José Ricardo López Pescador; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y subalternos; el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra y subordinados. Y la lista sigue: el director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), David Penchyna Grub y subalternos; el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava; el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Social, Francisco Javier García Bejos; el director general de Seguro de Vida para Jefas de Familia; el subsecretario de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Mely Romero Celis; el jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación de Entidades Federativas, Sergio Alejandro Ozuna Rivero; el subsecretario de Desarrollo Social y Humano de Sedesol, Eviel Pérez Magaña, y el director general de Coordinaciones Delegacionales de la Unidad de enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Gobierno, Secretaría de Gobernación, Alberto Ponce de León Cota. “En consecuencia y analizando cada uno de los documentos, se colige que es indiscutible la injerencia, colaboración, participación y asistencia de los diversos funcionarios públicos en la elección por la cual se renueva al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, toda vez que servidores públicos en funciones dentro de la administración Pública federal y local y aparecer como coordinadores y enlaces regionales dentro de la estructura electoral que el Partido Revolucionario Institucional emplea en el proceso electoral ordinario 2016-2017 del Estado de México, violentan la Ley General en Materia de Delitos Electorales”, añadió.