PUEBLA, Pue. (apro).- Luego de reportarse la venta de gasolina robada, siete gasolineras fueron clausuradas, entre ellas cuatro que pertenecen al alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, confirmó el vocero del gobierno estatal Javier Lozano Alarcón. El también jefe de la oficina del gobernador dijo que Pemex y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevan a cabo una investigación sobre las gasolineras que han recurrido a la venta del llamado huachicol, pero también de las autoridades que se encuentran involucradas en el ilícito. “No puedo revelar las investigaciones, es algo que debe mantenerse a reserva por su posible involucramiento”, expresó el funcionario al ser cuestionado sobre el hecho de que las gasolineras propiedad del alcalde de Palmar de Bravo hayan sido clausuradas, junto con otras ubicadas en Atzizintla, Quecholac, Huxcolotla y Cuyoaco. Palmar de Bravo es considerado uno de los municipios de mayor incidencia en el robo de combustibles a Pemex, parte de la zona llamada “Triángulo Rojo”. Isaías Romero Escalona, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), aseguró que las ventas de las gasolineras en esta entidad han caído hasta 30% en el último año, a causa de la venta ilegal de combustibles que ha proliferado por los llamados huachicoleros. Romero Escalona descartó que el combustible robado se expenda en gasolineras establecidas, pues aseguró que Pemex tiene estrictos controles entre lo que se surte y lo que se vende en las estaciones. Al contrario, afirmó que los expendedores han sido perjudicados por la competencia desleal que representan los “ordeñadores” de ductos. Por otra parte, el presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, denunció que en dos ocasiones ha recibido amenazas por parte de grupos de huachicoleros que venden combustible robado en esa comunidad. También señaló que mientras los problemas de inseguridad se agravan en la entidad, con robos a casas habitación y autopartes, los pueblos como Canoa no cuentan con la presencia de ningún elemento policíaco estatal o municipal, producto de la reforma a la Ley Orgánica Municipal que aprobó el anterior gobierno del panista Rafael Moreno Valle.