Colombia, la guerra que alimentan los cárteles mexicanos

Tumaco es el municipio de Colombia con mayor cantidad de cultivos de hoja de coca: 28 mil hectáreas que pueden producir 190 toneladas de cocaína al año. Su puerto es actualmente el principal punto colombiano de salida de droga hacia Estados Unidos, Europa y Asia, y es, al mismo tiempo, el mayor centro de abastecimiento de estupefacientes para los cárteles mexicanos. Tras el retiro de las FARC de este territorio, distintas bandas criminales libran una guerra por su control, una lucha que las organizaciones mexicanas del narcotráfico alimentan con dinero y armas.

TUMACO, Colombia (Proceso).- La información que un delincuente de la zona dio a la policía era precisa: en una ribera del río Mira, sólo 12 kilómetros al suroccidente del casco urbano del puerto de Tumaco, cinco mexicanos habían almacenado una gran cantidad de cocaína para enviarla a costas del estado de Colima.

“Son del Sinaloa (presuntamente del Cártel de Sinaloa) y juntaron dos toneladas, pero la movieron a una caleta (escondite bajo la tierra) cerca de ahí”, dijo el informante, que había asistido a una reunión en la cual los mexicanos, quienes se desplazaban en la región de Tumaco con discreción, cerraron el trato con sus socios colombianos.

Según un reporte de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia (PNC), al cual este semanario tuvo acceso, los mexicanos negociaron la droga a mil 800 dólares el kilo, lo que significa que la transacción fue por 3.4 millones de dólares que ellos darían en efectivo a sus proveedores, la mitad al recibir el primer cargamento en una casa cercana a la ribera del río Mira y el resto al completar las dos toneladas.

El dinero les llegó en una lancha que lo había recogido de dos costales lanzados por un barco pesquero en el océano Pacífico, no muy lejos de la costa de Tumaco, y que lo transportó por el río Mira para entregarlos a los mexicanos en un manglar.

Los cinco enviados “del Sinaloa” eran liderados por un hombre alto, blanco, con bigote espeso y cabello largo al que llamaban Puma. Los otros cuatro eran de tez apiñonada o morena. A dos de ellos los llamaban Polo y Flaco.

Por muy bajo perfil que quisieran manejar se notaba que eran extranjeros. Su aspecto llamaba la atención en una zona donde 90% de la población es afrodescendiente. Y los delataba su acento mexicano, que cualquier colombiano puede reconocer.

El informante dijo a un agente de inteligencia de la PNC que los mexicanos se movilizaron por Tumaco –un puerto pesquero y petrolero a orillas del Pacífico– entre diciembre y enero pasados. Además de acopiar la cocaína, contrataron cuatro lanchas para transportar la droga a México siguiendo la ruta del río Mira y el océano Pacífico.

Cada embarcación tenía cuatro motores de 200 caballos de fuerza. Son las go-fast o lanchas rápidas. La tarifa del servicio de transporte fue fijada en 100 mil dólares por lancha.

Una fuente de la PNC estima que los mexicanos invirtieron unos 4 millones de dólares en ese cargamento y que, al llegar a México, su valor llegaría a 20 millones de dólares y a 50 millones de dólares al cruzar la frontera con Estados Unidos.

“Los mexicanos se quedan con la mayor parte de esas ganancias, pero lo que se queda aquí (en Tumaco) es muchísimo dinero y ese dinero se está usando en armas para la guerra entre bandas”, asegura la fuente consultada.

Los socios colombianos de los enviados “del Sinaloa” fueron identificados por el informante como “gente de Los Urabeños”, uno de los nombres con los que se conoce a la más poderosa banda criminal colombiana, cuyo origen es paramilitar. Los otros nombres son Clan Úsuga, Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

El Clan Úsuga ha resistido un operativo en el que participan desde hace dos años y tres meses mil 200 policías. Está diezmada, pero su líder, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, no ha sido capturado. Y no sólo mantiene presencia en casi toda Colombia, sino que es la banda criminal que con mayor poder de fuego está peleando por los territorios que abandonó la guerrilla de las FARC tras firmar, en noviembre pasado, un acuerdo de paz con el gobierno.

Uno de los escenarios de esa guerra territorial es precisamente Tumaco, un corredor estratégico para el narcotráfico por su acceso al océano Pacífico mediante decenas de ríos rodeados de abundante vegetación.

Tumaco es el municipio colombiano con mayor cantidad de cultivos de hoja de coca, con unas 28 mil hectáreas, 15% del total del país, según estimaciones de la PNC. Esto es el triple de las que había en 2013.

Con esa extensión de plantíos, que tienen el potencial de producir unas 190 toneladas de cocaína al año, y con las condiciones estratégicas que ofrece ese puerto a los narcotraficantes, Tumaco se ha convertido en el principal punto colombiano de salida de esa droga hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

Y, desde luego, es el mayor centro de abastecimiento de los cárteles mexicanos.

A los cinco mexicanos “del Sinaloa” no los pudieron capturar. Cuando el informante dio la ubicación de la caleta ya era demasiado tarde. No sólo se habían ido de Tumaco, sino que, todo indicaba, habían logrado enviar el cargamento.

En cambio, semanas después, un dato surgido en esa investigación condujo a la policía a la captura de una banda que surtía, desde Tumaco, hasta ocho toneladas de cocaína cada mes a los cárteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En esa operación fue detenido el mexicano Luis Andrés Jilón Romo, alias Carlos o El Compadre, a quien el director de la PNC, general Jorge Hernando Nieto, identificó como el principal enlace de las bandas colombianas con Ismael El Mayo Zambada García, jefe operativo del Cártel de Sinaloa; y Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG.

Patrones de la guerra

En una ciudad donde matan y amenazan a los activistas de derechos humanos, la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco es una de las pocas instituciones que alzan la voz para denunciar cómo el narcotráfico ha terminado por romper el tejido social en barrios enteros y cómo la guerra territorial que libran varios grupos está causando un baño de sangre en el que la población está en medio del fuego cruzado.

En abril pasado la pastoral divulgó un documento en el que afirma que debido al alto desempleo, que rebasa 70% entre los jóvenes, “los cultivos de hoja de coca se han convertido en la mayor opción de trabajo”.

Además de los cultivos de hoja de coca está el sicariato.

“En muy difícil que un joven sin empleo diga ‘no’ a los criminales que le ofrecen un arma y un sueldo mensual de 700 mil pesos (colombianos, unos 250 dólares) para dedicarse a matar y traficar droga”, dice un activista comunitario que pidió la reserva de su nombre por temor a que lo maten.

Para la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco no hay ninguna duda de que los cárteles mexicanos de la droga son uno de los factores de la violencia que vive la ciudad y una fuente muy importante del financiamiento que reciben las bandas criminales para hacer la guerra.

Incluso en el documento que esa organización humanitaria hizo público el mes pasado menciona al Cártel de Sinaloa como uno de los “grupos armados en el ­territorio”.

El informe señala que entre 2005 y 2013 “se escuchó hablar” de Nueva Generación, Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Gaitanistas, Los Urabeños, Cártel de Sinaloa, y entre enero y marzo de 2017 “circula información sobre Clan Úsuga, Clan del Golfo, La Empresa, Clan Pacífico, Gaitanistas, Gente de Orden, Cártel de Sinaloa”.

Todos ellos libran una feroz disputa territorial que tiene como objetivo el control del millonario negocio de la cocaína y cuyo origen, paradójicamente, es el acuerdo de paz que firmó el gobierno colombiano con las FARC en noviembre pasado.

Como resultado de ese pacto, 6 mil 884 combatientes de esa guerrilla abandonaron las zonas donde operaban para concentrarse en 26 puntos del país donde están haciendo su desarme. Los espacios que dejaron son los que intentan copar a sangre y fuego otros actores armados.

La policía no cree que el Cártel de Sinaloa y otros cárteles mexicanos que se abastecen en esta región de Colombia –Los Zetas y el CJNG– apoyen a un grupo en particular, sino que trabajan con el que le ofrezca mejores condiciones de negocios.

“Aquí no vienen los pistoleros de los cárteles mexicanos. Vienen los gerentes, los que hacen los tratos comerciales, y muchos de ellos no llegan hasta aquí, arman los negocios en hoteles elegantes de Cali o de Pasto (la capital de Nariño, el departamento al que pertenece Tumaco)”, dice un agente de inteligencia de la PNC.

Pero activistas comunitarios consideran que al menos el Cártel de Sinaloa ha estado involucrado en asesinatos y ajustes de cuentas.

“Hay una conexión directa entre algunos homicidios y el Cártel de Sinaloa. Es lo que dice la gente que vive en las zonas donde se ha visto a gente de ellos, a mexicanos. Definitivamente es un grupo que ha apoyado la violencia no sólo en Tumaco, sino en otras regiones del Pacífico nariñense. Por ejemplo, en Satinga”, dice un dirigente social.

El director antidrogas de la PNC, José Ángel Mendoza, señala que la salida de las FARC de los corredores de la droga generó un vacío de poder que están tratando de llenar bandas criminales y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pese a que este grupo mantiene un diálogo de paz con el gobierno en la ciudad de Quito.

“Como el narcotráfico es un delito trasnacional, las organizaciones colombianas buscan alianzas con organizaciones internacionales, entre ellas los cárteles mexicanos, que son una fuente de financiamiento; pero nosotros no hemos detectado que estén directamente generando violencia acá”, asegura.

Mendoza, quien permaneció en Tumaco gran parte de abril para encabezar la ofensiva contra las bandas criminales, reconoce que la presencia de los cárteles mexicanos en esta región de Colombia que hace frontera con Ecuador es creciente “y cada vez estamos capturando más mexicanos aquí”.

Zona de peligro

La lucha que libran las organizaciones de origen paramilitar Renacer y AGC; el Clan Pacífico; las Guerrillas Unidas del Pacífico y la Gente del Orden –estas dos últimas, integradas por disidentes de la FARC–, y el Frente de Guerra Suroccidental del ELN, tiene a la población civil en un estado permanente de zozobra.

Unas 300 familias han sido desplazadas este año por la violencia. Y entre enero y el pasado jueves 25 se produjeron 71 asesinatos, uno cada dos días en promedio. Se trata de un índice demasiado alto para una ciudad de 202 mil habitantes. Es 3.5 veces más alto que el promedio en Colombia y superior al de los tres países más violentos de América Latina: El Salvador, Venezuela y Honduras.

El vicario de la diócesis de Tumaco, Arnulfo Mina, dice que este año se han disparado los asesinatos. “Aquí, en esta iglesia, tuve tres féretros de ejecutados en un solo día, y así ha pasado en otras parroquias. Llegó a haber 11 muertos en la morgue en un día. Eso es impresionante. Si el gobierno no hace algo va a haber un derramamiento de sangre mayor”, señala.

Para el sacerdote católico no hay duda de que los cárteles mexicanos están “alimentando, con sus enormes recursos, este conflicto, cuando menos esa es la información que nosotros tenemos, es lo que dice la gente”.

Cada vez, señala, “hay más reportes de que se ven algunos mexicanos por aquí, y yo no creo que estén haciendo mucho turismo”.

Pero lo que más preocupa al padre Mina es “la llegada, en los últimos meses, de mucha gente desconocida que dice ser del Clan del Golfo (o AGC), de La Empresa (grupo criminal del puerto de Buenaventura, 300 kilómetros al noreste de Tumaco), y se están ubicando en muchos barrios periféricos”.

Dice que son grupos armados de 50, 70 y hasta 100 hombres, que reclutan a jóvenes y milicianos disidentes de las FARC que no se acogieron al proceso de paz. “Han desalojado a familias de sus casas y ahora las ocupan ellos”, señala el sacerdote.

El problema de fondo, considera, es el abandono del Estado, porque no hay vías para sacar los productos agrícolas tradicionales –cacao, plátano, nuez de marfil– y comercializarlos.

“En cambio, la hoja de coca se la van a comprar al campesino donde la siembra, y se la pagan mucho mejor; pero como es plata malhabida, la gente se enloquece, comienza a tomar, a propiciar la prostitución, y eso causa mucha descomposición social y una cultura del dinero fácil.”

En Tumaco se suda el calor del mediodía. Muchos hombres caminan por las calles en sandalias y sin camisa y las mujeres usan ropa ligera. Las altas temperaturas y la humedad no dan tregua. Los niños nadan y se bañan en los ríos, en el Rosario, en el Mira, en el Patía. El viejo acueducto sólo abastece de agua a la ciudad cada 10 días.

Con tanta vía fluvial y actividad pesquera, gran parte de la población crece bregando en los ríos y en el mar. Las lanchas son un medio de transporte habitual y en muchos casos es el único que tienen comunidades enteras perdidas entre los manglares.

Miles de tumaqueños conocen bien las intrincadas rutas fluviales que conducen a las áreas de costas planas y cubiertas de mangle y los deltas de los ríos Mira y Patía, que a su vez están compuestos por numerosos esteros. Es muy usual que pescadores o lancheros que conocen desde niños esa exuberante zona costera acaben trabajando para los narcotraficantes.

Según estimaciones de la PNC, cada mes salen en lanchas por Tumaco al menos 10 toneladas de cocaína pura con destino a Centroamérica, México y Estados Unidos. En este último mercado, esa cantidad de droga alcanza un valor de 250 millones de dólares.

“Esto es lo que está atrás de la tragedia de Tumaco: el negocio de la droga. Y lo que necesitamos para contrarrestar ese efecto es inversión social”, dice Mina.

La brisa del Pacífico refresca por las tardes la ciudad. Antes del anochecer la bahía se ve magnífica, con un brillo rojizo que la cubre. En la isla El Morro están las bases de la policía, el ejército y la armada, así como la zona turística de esta ciudad llamada la Perla del Pacífico. Más allá, en el territorio continental, está la extensa zona del peligro.

Este reportaje se publicó en la edición 2117 de la revista Proceso del 28 de mayo de 2017.

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