CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó “el valioso rol” que defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente ejercen en la construcción de una sociedad democrática sólida y el desarrollo sostenible en los países de la región. En ese sentido, instó a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas urgentes para reconocer y proteger la labor de los activistas. De acuerdo con la CIDH, ha observado el creciente número de conflictos socio-ambientales y la ausencia de adopción e implementación de medidas efectivas de reconocimiento y protección para quienes defienden y promueven los derechos al territorio, al medio ambiente y aquellos ligados al acceso a la tierra. Esto, subrayó en un comunicado, ha facilitado que las defensoras y defensores estén más expuestos a asesinatos, ataques, amenazas o a procesos de criminalización por las causas que defienden o por el contenido de sus reivindicaciones. En su informe “Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos”, destacó su preocupación respecto de la utilización del sistema penal en contra de líderes y lideresas indígenas, afro-descendientes, campesinos y comunitarios, así como en contra de defensoras y defensores vinculados con la protección de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente como represalia a su oposición a actividades extractivas y denuncias sobre los impactos negativos que tendrían dichos proyectos en la ecología, la salud, en sus relaciones comunitarias o en el goce de otros derechos. En un comunicado, el organismo observó “con suma preocupación” que en el último año han aumentado estos procesos de criminalización y estigmatización. La Comisión ha dado seguimiento, entre otros, a procesos judiciales en contra de defensoras y defensores indígenas y del medio ambiente en Ecuador, acusados de los delitos de ataque y resistencia tras los hechos ocurridos durante el levantamiento indígena y el paro nacional, apuntó. Recordó que los Estados deben velar por que los tipos penales en su legislación estén formulados conforme al principio de legalidad, es decir, en forma expresa, precisa, taxativa y previa, con una clara definición de la conducta incriminada, y deben garantizar que los procesos penales llevados en contra de defensores y defensoras sean resueltos en un plazo razonable de forma imparcial, con especial atención a la labor que desempeñan, ya que al quedar sujetos a procesos penales se limita su labor de defensa. De acuerdo con la CIDH, recibió información sobre el asesinato en México del líder indígena y defensor ambientalista Isidro Baldenegro, el 15 de enero de 2017, quien se oponía a la extracción de madera en la Sierra Madre Occidental, territorio originario de los tarahuamaras, entre otros casos que se han registrado en la región. La CIDH recordó que los Estados deben luchar contra la impunidad de los ataques contra las y los defensores de la tierra y el medio ambiente mediante investigaciones serias, independientes y transparentes para identificar a los autores intelectuales y materiales, procesarlos y garantizar una reparación adecuada. “Estoy sumamente preocupado porque la criminalización, estigmatización, intimidación y los asesinatos de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente se ha convertido en una constante en los países de América”, dijo el Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco. “Las y los defensores de la tierra y el medio ambiente deben ejercer su labor de defensa en un ambiente propicio y libre de obstáculos para la defensa de los derechos humanos, y esto no es posible en un contexto de constante peligro a sus vidas o integridad personal. Los Estados deben desarrollar políticas globales de protección a personas defensoras de derechos humanos, con enfoque especial hacia la prevención, protección e investigación de ataques en contra de las y los defensores de la tierra, del medio ambiente y de los pueblos indígenas, de tal manera que puedan seguir desempeñando sin temor su labor”, agregó. La Comisión Interamericana reiteró la urgente obligación de los Estados de prevenir cualquier atentado contra la vida y la integridad física de los activistas, y garantizar que puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de derechos humanos sin temor o represalias y libres de cualquier restricción. “Es deber de los Estados garantizar la seguridad de los grupos de defensoras y defensores en especial situación de riesgo. Los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores del medioambiente, la tierra y el territorio atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan”, apuntó. En el caso de líderes sociales y autoridades de comunidades indígenas, apuntó, tienen graves consecuencias adicionales al afectar no solo a la defensora o defensor, sino también a la sociedad en la que se desempeña al verse impedido de ejercer su posición de representación, liderazgo o autoridad. A este último respecto, la CIDH urgió a los Estados de la región a que adopten urgentemente las medidas que sean necesarias para que los sistemas y programas de protección a defensoras y defensores de derechos humanos respondan a los principios de eficacia y debida coordinación.