CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Familiares del abogado Eduardo Catarino Dircio responsabilizaron al gobernador priista Héctor Astudillo Flores de la ejecución extrajudicial del dirigente de Morena en Tixtla y exigieron una disculpa pública para limpiar el nombre de la víctima. También demandaron la reparación del daño físico y moral, así como castigo a los policías estatales acusados directamente de asesinar y posteriormente “sembrar” un arma al litigante, todo esto frente a la mirada de su esposa, hija y un sobrino. Por ello, la esposa de Catarino Dircio dijo que “por omisión o comisión”, el gobernador Astudillo es cómplice de la barbarie que se vive en la entidad. En respuesta, el vocero oficial Roberto Álvarez Heredia rechazó ofrecer una disculpa pública a las víctimas, argumentando que el gobierno no calificó como “sicario” al abogado asesinado ayer durante un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados en Tixtla, mismo que se prolongó durante más de una hora y donde se utilizaron granadas de fragmentación. “El día de ayer tuvimos conocimiento de algunos elementos, pero en ningún momento dimos a conocer nombres; respetamos la identidad de la persona y era considerado como presunto”, alegó Álvarez Heredia. Ello a pesar de que ayer por la tarde el vocero del gobierno estatal difundió un boletín oficial donde se afirma textual que “la policía estatal abatió a dos sicarios” y también publicó una foto donde aparece Catarino Dircio tirado sobre el piso con un rifle AK-47 sobre las piernas. En conferencia realizada este lunes por la tarde en la residencia oficial Casa Guerrero, el funcionario estatal se limitó a decir que el gobierno de Astudillo “lamenta la pérdida de una vida”, en referencia al asesinato del abogado Eduardo Catarino Dircio. Por su parte, el vicefiscal en la entidad José Bonilla Uribe reveló que los policías estatales pusieron a disposición de las autoridades ministeriales dos fusiles AK-47 decomisados, pero ningún arma, dijo, está relacionada con el litigante en su modalidad de posesión. Incluso, dijo que a más de 24 horas del crimen no tienen indicios para determinar quién asesinó a Catarino Dircio, a pesar de las imputaciones que han realizado los familiares de la víctima en contra de agentes estatales. Además, acusó a la familia de la víctima de evitar que el cuerpo del abogado fuera trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia y las pruebas periciales correspondientes. Finalmente, dijo que las investigaciones de la fiscalía pretenden deslindar responsabilidades en este tema que apunta al primer caso de ejecución extrajudicial documentado durante el gobierno de Héctor Astudillo. Por la mañana, los familiares de la víctima narraron la pesadilla que vivieron durante el enfrentamiento armado entre policías estatales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada en pleno centro de Tixtla, lugar ubicado a unos 10 kilómetros de la capital de la entidad. Afuera de su domicilio, ubicado sobre la calle principal Insurgentes donde ocurrieron los hechos, la señora Hilda Vázquez no duda en denunciar públicamente que un policía estatal asesinó a mansalva a su esposo frente a ella, su pequeña hija y un sobrino de 12 años. Los cuatro, explicó, se encontraban refugiados en un cuarto de la vivienda y, cuando irrumpieron los uniformados, exigieron que abrieran la puerta o de lo contrario iban a disparar. Enseguida, Eduardo Catarino se identificó como el casero y pidió a los policías que se calmaran, abrió la puerta y se tiró al piso boca bajo. “Entraron primero tres policías con las armas apuntando, y luego llegó un cuarto policía gritando ‘este es maloso’ y, acto seguido, disparó en la espalda a mi esposo”, expresó la mujer en medio del llanto. Luego los policías estatales, junto a soldados que también llegaron a la escena, colocaron un rifle AK-47 en las piernas del abogado, le tomaron fotos y amenazaron con asesinar a sus familiares que reclamaron la acción ilegal, denunció Hilda Vázquez. Por ello, los familiares de la víctima responsabilizaron al gobernador Astudillo de la ejecución extrajudicial y exigieron una disculpa pública y castigo a los policías que participaron en esta operación fallida y que violentaron todos los protocolos de seguridad para proteger la integridad de civiles en una situación crítica de enfrentamiento armado. Sobre la negativa para autorizar la necropsia, argumentaron que fue una reacción natural ante la desconfianza en las autoridades, sobre todo porque fue un policía estatal el asesino y ellos mismos “sembraron el arma”, indicó la esposa.