CHILPANCINGO, Gro. (apro).- “Hay cosas que no les van a gustar”, expresó ante periodistas el gobernador Héctor Astudillo Flores al hablar de la investigación que se sigue por los asesinatos de los periodistas Francisco Pacheco Beltrán y Cecilio Pineda Brito, ocurridos en lo que va de su administración. No obstante, dijo que no podía dar información pública sobre ambos casos porque violentaría el proceso de integración de la carpeta ministerial. Lo anterior fue señalado por Astudillo durante la presentación del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que se aplicará en el estado, bajo el mismo modelo federal, pero se negó a tocar el tema para transparentar los recursos públicos destinados a publicidad oficial en medios de comunicación. Evadió el asunto pese a que los reporteros presentes en la reunión, en Casa Guerrero, denunciaron que esa partida presupuestal se maneja de manera discrecional y representa un mecanismo de “cooptación y censura sutil” contra periodistas en la entidad. Los periodistas coincidieron en que la grave impunidad que se vive en el estado es la causa de las agresiones y crímenes, no sólo contra periodistas, sino contra la sociedad. De igual manera, subrayaron que en Guerrero no existe el libre tránsito en ciudades, poblados y carreteras, porque grupos armados han desplazado a las autoridades y asumieron el control de la seguridad en regiones enteras donde tienen instalados retenes y disponen sobre la actividad económica y social de la población. Por ello, exigieron al gobernador que implemente una política real de prevención del delito e investigación de los crímenes, para que la sociedad confíe en las instituciones y se garantice su derecho a la justicia y reparación del daño. Sobre el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, convocó a los reporteros a organizarse para designar representantes en las áreas de dirección del organismo. En respuesta, los reporteros expresaron que el modelo federal ha sido un fracaso, porque no revierte los efectos de la violencia y se ha limitado a reaccionar ante agresiones y crímenes contra comunicadores y activistas. Incluso mencionaron que en el caso de Guerrero, las corporaciones policiacas y autoridades han sido señaladas constantemente por sus presuntos nexos con la delincuencia, por lo que no generan confianza y certidumbre en la sociedad. También reprobaron que el organismo gubernamental reciba un subsidio millonario, denominado Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP), y con ello quitan responsabilidad a los empresarios de los medios de comunicación que –dijeron– deberían otorgar seguridad social y salarios dignos a los empleados. Pese a los señalamientos, Astudillo aseguró que la versión estatal del mecanismo federal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos será efectiva en la medida que los reporteros se involucren. En el mismo encuentro, el mandatario estatal presentó a Rigoberta Román Orea como la nueva fiscal especial para investigar delitos contra periodistas en la entidad, y asumió el compromiso de atender agresiones contra comunicadores aplicando protocolos y mecanismos federales de atención a víctimas. Román Orea se desempeñaba como directora de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno que dirige Salazar Adame.