CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Con el miedo tatuado y casi dominado, niños, jóvenes, empresarios, religiosos, maestros y amas de casa de la comunidad de Baborigame, ubicada en el Triángulo Dorado, en el municipio de Guadalupe y Calvo, salieron a las calles -donde cotidianamente les tiran cuerpos- para agradecer por la vida y pedir paz para su tierra, para Chihuahua y para todo el país. En lo más recóndito de la Sierra Tarahumara, donde cada día el aire se impregna de pólvora y esparce terror, la gente se unió. Hace unas semanas, conformaron el Consejo Ciudadano de Baborigame. El pasado 7 de junio salieron juntos todos los sectores que invitaron a las autoridades seccionales y municipales a marchar por la paz, por la vida, por su vida, en la tierra que se ha acostumbrado a cohabitar con la muerte. “Desearíamos que la sociedad se uniera con alguna actividad por la paz desde los diferentes lugares donde se encuentren”, exhortaron en la invitación. Alrededor de 500 personas --incluidos niños, niñas y adultos mayores-- recorrieron el poblado en una muestra de civilidad y hartazgo por la violencia que se ha enquistado en esa y otras comunidades de la Sierra Tarahumara. En ese pueblo del Triángulo Dorado –con más de 3 mil habitantes, según el último censo, aunque muchos ya han huido por la violencia--, los participantes en la marcha se vistieron de blanco, llevaron banderas del mismo color, globos y mantas con mensajes alusivos a la paz, y todos juntos caminaron por varias calles. Mientras avanzaban, acompañados de habitantes de otras comunidades del municipio y de esta ciudad, eran vigilados por agentes policiacos y militares, quienes grabaron el recorrido con cámaras fotográficas y de video. “También esperamos que esa marcha tenga frutos, que de ella surja algo nuevo que ayude al pueblo a dar pasos hacia la paz y unirnos por la paz en Chihuahua, en nuestro país”, decía la invitación. El Consejo Ciudadano logró conformar a comerciantes, maestros, jóvenes, a las seis iglesias católicas y cristianas que hay en Baborigame, a familias completas que se han organizado en comisiones para decidir acciones ciudadanas en conjunto. Durante la marcha, los integrantes del recién creado Consejo hicieron reflexiones y llamados a la paz en diferentes escalas de la marcha. Se vistieron de esperanza para llamar a las autoridades y a los ciudadanos de su municipio, del estado y del país, a generar espacios de convivencia pacífica, y demandaron a los gobernantes hacer un buen gobierno. El más reciente enfrentamiento El último de los frecuentes enfrentamientos que se registró en el municipio de Guadalupe y Calvo ocurrió este lunes, cuando quemaron por lo menos dos casas e intentaban otras más. Ese día se suspendieron clases en el albergue-escuela que se encuentra cerca de donde ocurrió la balacera. Oficialmente no hubo personas muertas, pero trascendió que entre los mismos grupos levantaron cuerpos para llevárselos, aunque se desconoce cuántos. El territorio de Guadalupe y Calvo, principalmente Baborigame, es disputado por dos grupos delictivos del cártel de Sinaloa: Los Pintos (liderados por Héctor El Pinto Román, de Badiraguato, Sinaloa) y Los Azules. Durante los últimos años, prevaleció en Baborigame el grupo de Los Pintos, pero hace unas semanas ingresaron Los Azules, y con ellos los policías municipales, que todo el sexenio pasado no pudieron entrar. El lunes, Los Pintos que han acosado a otras comunidades las últimas semanas, lograron entrar nuevamente a Baborigame, de acuerdo con pobladores del municipio. De marzo a la fecha, han asesinado por lo menos a 15 personas, principalmente indígenas tepehuanes o tarahumaras, 13 de ellos en Baborigame y dos en Coloradas de la Virgen, donde en enero mataron al activista indígena tepehuán, Isidro Baldenegro Pérez. La mayoría de las víctimas mortales, fueron asesinados presuntamente por gente del grupo de Los Pintos. Las víctimas mortales en Baborigame son: Celestina Soto Ríos en abril; Flavio Arnulfo Fontes Carrillo, Rogaciano Molina Castillo, Erasio Molina Castill y Yovel, de 13 años, el 4 de mayo; Alma Cleotilde Sánchez Peña, de 13 años, el 7 de mayo; Leoncio Ramos Carrillo y Daniel Molina Chávez, el 18 de mayo; Guadalupe Bustamante Chávez, José Luis Carrillo Esparza y Alberto Carrillo Esparza, el 26 de Mayo; Andrea Almanza Esparza, de 33 años, el 5 de junio; y Rubén Almodóvar Chaparro, ayer 6 de junio. Acoso criminal incesante a indígenas El pasado 2 de abril, asesinaron Antonia Quiñones Martínez, una mujer indígena de 50 años, en el rancho Chapotito del ejido de Coloradas de la Virgen. La mujer iba acompañada de su hijo, quien recibió dos balazos, uno en el hombro y otro en la pierna. Para el día siguiente, aún no llegaban los agentes ministeriales para levantar el cuerpo y la gente de la comunidad tenía miedo de acercarse por temor a la presencia de los agresores. “Los sicarios andan como si nada, pasan tirando balazos”, dicen pobladores entrevistados que se han desplazado a otras ciudades del estado, a partir de los últimos homicidios. El 7 de abril, asesinaron a otra mujer indígena de 80 años. Un grupo de hombres armados llegó al rancho Los Trillitos, que al parecer iban por un hombre, pero dispararon contra varias personas. Juana Villa Torres estaba sentada y ahí la asesinaron. Ese día, había una curación de una señora. Varios indígenas cercanos a la familia se reunieron en “el picacho” de un cerro, donde se encuentra una casa en la que realizan curaciones. “Ahí en el lugar ponen una olla con tesgüino, pinole y lo que se necesita para la curación. Llegó el médico tradicional muy rápido, yo creo que vio a los sicarios antes porque no quiso ni tomar tesgüino”, dijo uno de los asistentes. Momentos después, llegaron cinco hombres vestidos como Los Pintos, con un paliacate negro, chaleco negro. “Eran rarámuri, reconocieron a uno que se llama Sabino Chaparro López y los otros cuatro son familiares, se apellidan Palma”, dijeron los hombres desplazados. Esa banda logró llevarse, además, una batería para cargar las placas de energía solar, dos inversores, un rifle calibre 22, dos celulares, la comida y la vasija de tesgüino, ya que se dedican a robar, denunciaron. En ese mismo hecho, hirieron de gravedad a otra mujer de 55 años. Es Emilia Chávez Martínez (viuda del excomisario de policía de la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen Elpidio Torres Molina, quien fue asesinado el 29 de abril del 2016). Ella había ido al rancho Los Trillos y ya regresaba a su casa, cuando le dispararon desde el cerro. También hirieron, no de gravedad, a José Molina, de aproximadamente 50 años. El dueño de la casa logró huir, al parecer era a quien buscaban los delincuentes. Después de que asesinaron a su esposo, Emilia Chávez huyó de Coloradas de la Virgen, dejaron todos sus animales. “Ahí dejaron tiradas las gallinas, los chivos, todo, luego se comieron todo otros animales. Nomás se llevaron unos caballos para allá arriba, a Trillitos”, relataron. Emilia Chávez había regresado a vender uno de sus caballos, luego de arreglar la venta con el comprador, a quien se lo vendió “fiado” y ese día fue a cobrar, cuando de regreso le dispararon. Un señor logró trasladar a la mujer hasta Guachochi y de ahí la llevaron a Chihuahua, donde permaneció hospitalizada con heridas de consideración, pero lograron salvarle la vida. En esa ocasión, hubo reacción rápida de la Fiscalía General del Estado, porque algunos integrantes de la comunidad se encontraban reunidos con otras organizaciones y autoridades federales y estatales, en la mesa de la revisión de la alerta para derechohumanistas del mecanismo de protección federal. Fiesta tradicional, después de cuatro años Los últimos cuatro años, las comunidades de Coloradas de la Virgen y la de Choréachi, que tienen medidas cautelares, no habían podido realizar la fiesta de Semana Santa, ni siquiera podían bailar “yúmare”, el ritual con el que piden la lluvia y la armonía de la naturaleza. En marzo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales a la comunidad de Choréachi. La Fiscalía General del Estado les dio apoyo a ambas comunidades y realizaron su festividad con protección policiaca. “La Federación aún no cumple con su obligación de lo que se comprometieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni ante la Corte internacional de Derechos Humanos. Las autoridades estatales y federales, Renato Sales de la Comisión Nacional de Seguridad, se comprometieron a dar las medidas y la Federación no ha hecho nada”, dijeron representantes de las comunidades.