CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La nueva fiscal especial para investigar delitos contra periodistas en la entidad, Rigoberta Román Orea, carece de certificación en el nuevo sistema de justicia penal y tampoco tiene exámenes de control y confianza aprobados, como lo exige la normatividad en todo el país. Además, hasta el momento, el gobernador Héctor Astudillo Flores no ha emitido un decreto oficial, luego de que ayer anunció de manera verbal la creación de la instancia ministerial dependiente de la Fiscalía General del estado (FGE), informaron a Apro fuentes oficiales. Ello, a pesar de que el artículo 25 de la Ley 500 de la FGE, señala que la facultad de nombrar fiscales es exclusiva del titular de la dependencia y no del gobernador en turno, situación que exhibe la ausencia de autonomía entre la fiscalía y el ejecutivo. Las fuentes oficiales consultadas por este reportero refieren que el anuncio de la fiscalía especial para atender delitos contra periodistas, es mediático, porque hasta el momento no existen agentes del Ministerio Público especializados en temas de ataques al derecho de la Libertad de Expresión asignados en la nueva área de la FGE. Tampoco se conoce dónde operará la fiscalía especial, ni el recurso que ejercerá en este momento que el presupuesto de egresos ya fue etiquetado para rubros y partidas específicas. Además, la nueva fiscal presentada por el gobernador Astudillo durante una reunión con periodistas en esta capital, "no cuenta con los exámenes de control y confianza que exige la federación y no está certificada en el nuevo sistema penal de justicia", aseguró la fuente oficial que pidió el anonimato por temor a represalias. El martes pasado Apro dio a conocer que la fiscal para la atención de delitos contra periodistas, Rigoberta Román Orea, se desempeñaba como directora de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno que dirige Salazar Adame. Román Orea depende directamente del subsecretario de Gobierno, David Sotelo Rosas, quien es considerado el brazo derecho de Salazar Adame. Sotelo Rosas se desempeñó como subprocurador de Justicia durante el periodo del exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo.