MONTERREY, NL (apro).- El exdirector de la empresa paraestatal Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Emilio Rangel Woodyard, fue emplazado para que enfrente una nueva acusación, ahora por el irregular manejo de recursos de una obra por 2.8 millones de pesos. El gobierno estatal informó que quien fuera titular de la dependencia en los sexenios de Natividad González Parás y su sucesor, Rodrigo Medina de la Cruz, enfrenta cargos por ejercicio indebido de funciones en trabajos relacionados con la construcción de un colector pluvial. Este miércoles el juez de control Óscar Enrique Medina Pérez difirió para el jueves 29, a las 14:00, la audiencia de imputación que sería efectuada hoy, debido a que la defensa pidió el aplazamiento con el argumento de que hasta apenas ayer recibió una serie de constancias de la Subprocuraduría Anticorrupción de la entidad. En la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia, Leopoldo Ángel González, quien encabeza el equipo de abogados de Rangel, pidió al juez más tiempo para analizar los documentos. El fiscal anticorrupción Ernesto Canales Santos explicó que ya entregaron a la defensa la papelería que demandó para elaborar su estrategia. “El día de ayer se recibieron en la Fiscalía algunas constancias de Agua y Drenaje que deben formar parte de la carpeta de investigación, e inmediatamente se pasaron a la defensa, pero la defensa considera que no tuvo tiempo suficiente para poderlas analizar. Inclusive algunas de las constancias son malas copias que necesitan ser verificadas con las originales y pidieron este plazo”, aclaró el funcionario estatal. Esta próxima imputación se suma a la que fue presentada contra Rangel Woodyard al inicio del presente año, y que llevó a su vinculación a proceso el 22 de marzo, tras haber entregado de manera ilegal 538 millones 848 mil pesos a la empresa Jubileo, presuntamente para la habilitación de una planta tratadora de lodos, en la comunidad de Dulces Nombres, del municipio rural de Pesquería, 30 kilómetros al norte de la capital. En esa audiencia, la Fiscalía demandó prisión preventiva para el exfuncionario, quien pudo evitar la cárcel al exhibir un amparo federal.