En México hasta la transparencia es opaca

El proyecto contra la corrupción más presumido por el gobierno de Enrique Peña Nieto es, precisamente, el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero su primer secretario técnico, Ricardo Salgado Perrilliat, llega ahí tras un proceso amañado y oscuro. Desde la convocatoria campeó la opacidad, y el propio funcionario tiende al hermetismo. De plano, jamás ha buscado estrechar vínculos con la sociedad civil.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La designación de Ricardo Salgado Perrilliat como secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción generó nuevas dudas en torno a ese naciente mecanismo. La selección que hizo el Comité de Participación Ciudadana, el vínculo entre la ciudadanía y los poderes del Estado para el funcionamiento del sistema, sorprendió por la falta de transparencia y el bajo perfil de quien debe ser su operador clave.

Por casi dos décadas, Salgado Perrilliat ha hecho carrera burocrática en áreas legales del gobierno y organismos autónomos. Contrario a la razón de ser del Comité de Participación Ciudadana (CPC), su experiencia con la sociedad civil es prácticamente nula.

Aunque su principal argumento de postulación fue su experiencia en los sistemas de transparencia, su designación –el 30 de mayo– estuvo lejos de ella.

Desconocido fuera de la burocracia y de las organizaciones sociales formadas por exfuncionarios públicos que lo avalaron, la prensa intentó abordarlo tras su nombramiento para saber de él directamente.

Los empleados de comunicación reforzaron la protección en torno al primer secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cargo en el que estará durante cinco años. No fueron los únicos en cobijarlo de las preguntas fuera de su control.

Después de una ponencia ajustada al guion de los requisitos de la convocatoria, de generalidades y sin propuestas concretas de lo que hará como secretario técnico del SNA, el Órgano de Gobierno del sistema formalizó su designación. Sus patrocinadores obviaron su déficit de vínculos con la sociedad y la ausencia de ésta hasta en su discurso.

Además del CPC, su nombramiento fue avalado, por unanimidad, por la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez; el consejero de la Judicatura Federal Alfonso Pérez Daza; el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand, y el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Acuña, integrantes –junto con Jacqueline Peschard, presidenta de CPC– del Comité Coordinador del SNA.

Apenas ocurrió su designación, especialistas y organizaciones sociales cuestionaron la opacidad del CPC y del Órgano de Gobierno del SNA. Expertos y activistas como Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y coordinador general de Nosotrxs, movimiento ciudadano por la rendición de cuentas y la transparencia, demandaron la publicación de los criterios y las cédulas de evaluación de quienes se postularon.

Fueron 24 los aspirantes que respondieron a la convocatoria del Comité Ciudadano, que preside la excomisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI, hoy INAI), Jacqueline Peschard. El comité modificó en dos ocasiones el plazo para dar a conocer quiénes serían los candidatos. Aunque los anunció, el comité nunca explicó las razones de los aplazamientos ni se supo si Salgado Perrilliat se benefició de los diferimientos.

Una vez que dio a conocer la lista de los aspirantes, el comité hizo una selección en la que faltó a sus propios criterios. Inicialmente dijo que su selección no sería revisable. No fue así. Dos días después de haber anunciado que sólo 10 habían pasado a la siguiente fase, incorporó a Alejandro Tuirán Gutiérrez, hermano del subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán.

Ampliada la lista a 11, el Comité Ciudadano tampoco hizo públicas en ese momento las cédulas de evaluación. Se limitó a dar a conocer los nombres de los aspirantes. El 16 de mayo informó que llegó a esa lista “de acuerdo con la metodología para la valoración de los expedientes” y a un puntaje asignado a cada uno, que “se plasmó en una cédula”.

Luego hicieron “una sumatoria de dichos puntajes”, y “conforme a dicha metodología los miembros del Comité de Participación Ciudadana determinaron que pasarían a la etapa de entrevista todos los candidatos y candidatas que hubieran obtenido un puntaje mayor a 180 puntos”.

Pero ni las cédulas ni los criterios de valoración de los expedientes se hicieron públicos, a pesar de que se abrió un “mecanismo público de consulta” sobre los candidatos. Lo mismo ocurrió cuando dieron a conocer la terna integrada por Ricardo Salgado Perrilliat; el exsubsecretario de la SFP y director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Max Kaiser; y el expanista y también exfuncionario de la Función Pública Benjamín Hill Mayoral, esposo de Alejandra de la Sota, vocera de la presidencia de Felipe Calderón (Proceso 2116).

De acuerdo con consultas al interior del Comité Ciudadano, las cédulas y los criterios de evaluación de los perfiles de los candidatos fueron elaborados por José Octavio López Presa, integrante del comité, exfuncionario del gobierno de Ernesto Zedillo, excomisionado del IFAI, fundador y actual consejero de la organización no gubernamental Causa en Común y primer director ejecutivo de Transparencia Internacional capítulo México.

Fue Transparencia México, precisamente, la que postuló a Ricardo Salgado Perrilliat. Desde que surgió en 1999, Transparencia Mexicana ha sido el aval de numerosas licitaciones de los gobiernos federal, estatal y municipales. Su actual presidenta es María Marván Laborde, quien fue comisionada del entonces IFAI entre 2002 y 2011. Desde 2007 coincidió en el ahora INAI con Jacqueline Peschard. Ambas fueron, en épocas diferentes, consejeras del IFE.

Peschard es también integrante activa del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y fue jefa de Salgado Perrilliat en el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La postulación de Salgado Perrilliat fue mero trámite, como lo demuestra la escueta carta de Transparencia Mexicana firmada por Marván Laborde y Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.

De sólo dos párrafos, uno sobre la justificación jurídica, dice textualmente: “Ricardo Salgado Perrilliat ha ocupado cargos directivos y de coordinación general en diferentes organizaciones públicas, además, ha desempeñado su trayectoria profesional en temas de transparencia y rendición de cuentas”.

Su trayectoria es meramente burocrática, sin mayor contacto con la llamada sociedad civil.

La ley del SNA perfila a un secretario técnico que deberá poner en marcha los acuerdos del Comité Coordinador, uno de los dos órganos rectores del SNA. El otro es la Secretaría Ejecutiva. El funcionamiento del sistema anticorrupción dependerá en buena medida de la capacidad del secretario técnico para hacer funcionar esas instancias.

Abogado de profesión, Salgado Perrilliat ha ejercido en la burocracia en tareas jurídicas. Maestro en derecho corporativo, candidato a doctor y con especialidades en derecho administrativo, bancario, fiscal, económico corporativo y del sistema financiero mexicano, su actividad pública se limita al derecho. Su cuenta de Twitter, por ejemplo, la dedica a promover tesis, jurisprudencias, acuerdos y estudios jurídicos.

Su carrera burocrática comenzó en 1998, en el gobierno de Ernesto Zedillo, como director jurídico de la Unidad de Desregulación Económica de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), actual Secretaría de Economía.

Al inicio del gobierno de Vicente Fox fue coordinador jurídico de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y luego coordinador general de ese órgano de la Secretaría de Economía.

En 2003 se fue al IFAI. Durante cinco años fue director general de Asuntos Jurídicos. Al final de ese periodo, durante dos años coincidió con Peschard cuando la actual presidenta del Comité Ciudadano del SNA era consejera del IFAI.

Su paso por el IFAI fue lo que presentó como principal argumento para ser secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. “Como abogado general del IFAI, participé activamente en la construcción de los criterios adoptados por el órgano garante de acceso a la información y de la protección de datos personales”, además de “la defensa de las resoluciones” y de haber participado “en su creación como organismo descentralizado, luego como organismo autónomo, hoy INAI”.

Salgado Perrilliat regresó a la Secretaría de Economía entre 2008 y 2009 como director general de Asuntos Contenciosos en la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y al final del gobierno de Felipe Calderón fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, con el ahora fallecido Alonso Lujambio, quien también fue comisionado y presidente del IFAI, al igual que Peschard. Con Lujambio, Salgado Perilliat estuvo a cargo de los asuntos jurídicos de ese instituto.

Volvió al IFAI en 2011 –cuando Peschard era presidenta del instituto– como director de Asuntos Jurídicos. Cuando la ahora presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA salió del IFAI, el hoy secretario técnico del SNA devino titular de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). Aunque la convocatoria exigía participación en órganos colegiados, Salgado Perrilliat nunca ha sido miembro del pleno de organismos deliberativos.

El gran elector

Detrás de su designación está también el diseño de la convocatoria y de la evaluación por parte de José Octavio López Presa, integrante junto con Peschard del CPC.

Los otros tres integrantes del CPC son Marie Claire Acosta, directora en México de la oficina de Freedom House; Alfredo Hernández Valdez, profesor e investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico de Occidente (Iteso); y Luis Manuel Pérez de Acha, socio fundador de PDeA Abogados.

López Presa fue funcionario también del gobierno de Zedillo. Entre 1995 y 1999 fue subsecretario de Atención Ciudadana de la entonces Secretaría de la Controlaría y Desarrollo Administrativo (Secodam), hoy Secretaría de la Función Pública. Según su propia presentación, fue quien desarrolló las herramientas de Compranet y Declaranet, de las que se valdrá el secretario técnico del SNA para elaborar las bases de datos que estarán a su cargo.

Al final del sexenio de Zedillo logró ser el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, capítulo de la organización Transparencia Internacional. Desde ese puesto se relacionó con Vicente Fox, a quien le propuso elaborar y aprobar una Ley de Transparencia y Acceso a la Información en México. Así lo reseña en su presentación curricular, no obstante que esa ley fue resultado del trabajo del llamado Grupo Oaxaca.

Maestro en administración de negocios por el Instituto Tecnológico de ­Massachusetts (MIT), fue de los primeros comisionados del IFAI. Asegura también haber diseñado el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la plataforma informática de solicitudes de información por internet.

Además de haber sido consultor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde 2010 es consejero fundador de Causa en Común, la asociación civil que preside María Elena Morera.

Accionista de empresas de producción de plástico, su esposa –Lourdes Melgar– fue subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. En 2016 ella dejó el cargo después de cuestionamientos públicos por no haber sancionado a la empresa Gas Express Nieto, responsable de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, en enero de 2015 y que dejó tres muertos –dos bebés y una enfermera– y 72 heridos, 14 de ellos graves.

Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, la tuvo como subsecretaria de Energía. Ahora participa en proyectos de investigación del MIT, en Boston, Massachusetts.

Este reportaje se publicó en la edición 2118 de la revista Proceso del 4 de junio de 2017.

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