Quejas por violaciones a derechos humanos se disparan contra Fiscalía de Querétaro

QUERÉTARO, Qro. (apro).- Un reporte oficial de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro arrojó que la Fiscalía del estado, que encabeza Alejandro Echeverría Cornejo, es la autoridad con más quejas en los primeros cinco meses de este año en la entidad.

El documento registra 36 quejas de enero a mayo de 2017 por diversas violaciones a derechos humanos, es decir, seis veces más con relación a las cinco quejas registradas de junio a diciembre, asentadas en el informe de la Defensoría de Derechos Humanos de 2016.

Recientemente, Apro difundió que una de las 36 quejas que van este año fue presentada por familiares de Juan Antonio Reyes Suárez –señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato del notario Alfonso Alejandro Ledesma Guerra–, torturado por media docena de policías mientras su hijo de 11 años observaba la escena, encañonado.

Sin embargo, a diferencia de este crimen “resuelto en un día”, la presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, informó que la mayoría de las quejas contra la Fiscalía, tienen que ver con dilación en las investigaciones.

Además del retraso, dijo que también hay quejas por una mala integración de las averiguaciones previas; porque los fiscales no dan un trato digno; e incluso, porque las autoridades se niegan a emitir una “Alerta Amber” ante reportes de personas desaparecidas.

Las quejas por violaciones a derechos humanos contra diversas autoridades pasaron de 116 iniciadas en 2016, cuando el presidente era Miguel Nava Alvarado, exdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR), a 130 en los primeros cinco meses de 2017.

En el caso del varón torturado por media docena de policías, escena que presenció su hijo de 11 años, la señora Esmeralda, madre del menor y esposa de Juan Antonio, narró que a su casa fue la “licenciada Moreno” de la Defensoría de los Derechos Humanos.

En el directorio de la institución, la única autoridad con el apellido “Moreno” es la titular de la Visitadora General, María Eva Araceli Moreno Porras, área que es la responsable de calificar, turnar y tramitar las quejas, según el artículo 60 de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos.

Sin embargo, en la entrevista con Apro la presidenta de la institución aseguró que su visitadora general es Mónica Gabriela González Pasillas, quien aparece en el directorio de la página de internet de la institución aparece como secretaria adjunta.

De igual forma, en el documento del reporte de quejas, que la propia Roxana de Jesús Ávalos Vázquez mostró a esta agencia el pasado 30 de mayo, también aparece el nombre de Mónica Gabriela González Pasillas, con el mismo cargo.

Apro llamó a la institución para solicitar hablar con la visitadora general, Moreno Porras. Sin embargo, Bertha Cedillo quien contestó en esa área, confirmó que la licenciada Moreno, quien conoció de las quejas de tortura y abusos en el caso del notario Alfonso Alejandro Ledesma Arreola, dejó de laborar en esa institución.

¿Quién es el fiscal?

Se llama Alejandro Echeverría Cornejo y despachaba como Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro, cuando el actual gobernador, el panista Francisco Domínguez Servién, lo

incluyó en una terna para que la legislatura, con mayoría del PAN, lo nombrara fiscal del Estado por un periodo de nueve años.

Echeverría Cornejo reconoció ser socio del secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, y del secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, en la empresa Consultores Asociados en Seguridad Humana S.A. de C.V.

Durante el sexenio del exgobernador Francisco Garrido Patrón, Juan Martín era procurador y su director de la Policía Investigadora Ministerial era Echeverría Cornejo.

El vínculo entre éste y los secretarios de Estado ya era público cuando el Congreso Local lo eligió. La sociedad puede consultarse en la declaración de intereses que presentó cada uno de los funcionarios.

Los vínculos no sólo existen entre el fiscal con los titulares de Gobierno y Seguridad Ciudadana. En la administración –de Francisco Domínguez Servién–, también fue nombrada como magistrada del Poder Judicial, Mariela Ponce Villa, esposa del secretario de Gobierno, Juan Martín Granados.

No es el único caso. En el cambio de prácticamente la mitad de magistrados –lo que la magistrada Celia Maya calificó como un atentado a la autonomía del Poder Judicial–, también fue designado Greco Rosas Méndez, exsubsecretario de Gobierno, es decir, un subalterno de Granados Torres.

Así, el fiscal Alejandro Echeverría Cornejo no sólo tiene como socio al secretario de Gobierno, sino que la esposa de su socio es una de las magistradas del Poder Judicial, igual que otro magistrado que era el subalterno de Granados Torres.

A raíz de que la Fiscalía del estado obtuvo su autonomía legal, el gobernador, Domínguez Servién, se ha desentendido de temas como la localización de personas desaparecidas, aunque al inicio de su gestión hizo un compromiso público de ayudar a localizar a las víctimas.

En tanto, en casos como el de las personas desaparecidas el fiscal ha cerrado las puertas sus familias, quienes han denunciado la indolencia de las autoridades de Querétaro, así como la simulación en la aparente independencia de la Fiscalía y el Poder Ejecutivo.

 

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