CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuatro organizaciones sociales de la península de Yucatán acusaron al gobierno mexicano de incumplir sus obligaciones internacionales en materia de desplazamientos forzados y población refugiada, luego de documentar la negativa federal de brindar recursos a los habitantes de la comunidad Laguna Larga, Guatemala, víctimas de dicha situación. Representantes de “Equipo Indignación (Yucatán); “La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes” (Tabasco); “Resistencia Civil de Candelaria” (Campeche); y “Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes” (Chiapas) reprocharon la actuación de los gobiernos de Guatemala y México por permitir el desplazamiento forzado de 450 guatemaltecos. En un comunicado, denunciaron que ambas autoridades han sido omisas a las violaciones en materia de derechos humanos de las 10 familias que ahora se refugian en un campamento improvisado en el ejido El Desengaño, en Campeche. Las familias no cuentan con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades de alimentación, vestido y vivienda. Ante esta situación, las organizaciones criticaron que el gobierno de México “no está respondiendo de acuerdo con la gravedad de la situación”, ya que “la ayuda alimentaria y médica ha sido proporcionada por la población civil, no por el gobierno". Según los denunciantes, “las Autoridades federales distan mucho de atender la emergencia tratándose de una zona fronteriza, que además incumple por mucho las obligaciones internacionales y condiciones mínimas que le impone el marco jurídico internacional en desplazamientos forzados, refugio, derecho internacional humanitario”. El desplazamiento forzado ocurrió el pasado 2 de junio, cuando 100 familias del municipio de San Andrés, departamento del Petén, en Guatemala –a tres kilómetros de la frontera con Campeche– fueron obligados a abandonar sus casas, luego de que mil 500 elementos del ejército y de la Policía Nacional Civil de Guatemala se presentaron de forma violenta, bajo el argumento de que el asentamiento se encontraba en una parte de la Reserva de Biósfera Maya. Ante la presencia de estos elementos de seguridad, los guatemaltecos –también pertenecientes a las comunidades mayas- se refugiaron cerca de la frontera mexicana, donde elementos del Ejército, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración, ya los esperaban. Al respecto, reclamaron: “El gobierno mexicano ya tenía conocimiento de la inminencia del desalojo del gobierno de Guatemala días antes de ejecutarse”. De igual manera, confirmaron la presencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el campamento de desplazados, el 2 y 3 de junio pasados. Durante el proceso de desalojo -según corroboraron las organizaciones civiles- militares y policías quemaron las viviendas, robaron las pertenencias de los desplazados -entre animales y objetos de valor- e impidieron el retorno de las familias. Por estos hechos, las organizaciones mexicanas denunciaron el incumplimiento de los Principios Básicos y Directrices de Naciones Unidas sobre desalojos y exigieron el retorno de estas comunidades a sus tierras, así como justicia y garantías para ingresar a sus comunidades a recoger sus pertenencias y evaluar los daños. “Las organizaciones constatamos los graves incumplimientos de los gobiernos de Guatemala y México ante una situación de desplazamiento forzado y la evidente violación a los derechos humanos cometida por el Ejército de Guatemala y su gobierno. Exigimos que la asistencia humanitaria sea de acuerdo con la gravedad de la situación y con los principios y directrices de Naciones Unidas, los cuales establecen claramente que en situaciones como esta se tiene que garantizar una estancia digna”, concluyeron.