TUMACO, Nariño.-- Una flotilla de helicópteros Black Hawk que transporta a unidades de los comandos Jungla de la Policía Nacional de Colombia (PNC) parte todos los días del aeropuerto de Tumaco para sobrevolar la extensa zona rural de ese puerto del Pacífico en busca de plantíos de hoja de coca. Los pilotos ya saben a qué áreas dirigirse. Tienen mapas e imágenes satelitales que les indican dónde pueden estar las matas que, una vez localizadas, hay que erradicar. Los motores de la flotilla truenan en el aire y anuncian, desde lo alto, la presencia de la ley en esa región violenta, inhóspita y plagada de miseria donde la coca es el centro gravitacional de la economía. A los 10 minutos de vuelo, cerca de la frontera con Ecuador, se comienza a observar las enormes extensiones cocaleras. Un teniente que es líder de la patrulla de comandos que viaja en el Black Hawk y que encabeza la caravana, señala hacia una plantación. El piloto comienza a descender en círculos. Lo sigue la flotilla en perfecta sincronización. Al aterrizar, los comandos Jungla, la fuerza elite de la dirección Antinarcóticos de la PNC, comienzan a acordonar la zona apuntando hacia el frente sus fusiles de asalto Colt M4-203 con lanzagranadas. Una vez que el área está “asegurada”, dan aviso a la base de operaciones. Unos 20 minutos después, arriba al sitio otra flotilla de helicópteros con unos 30 policías antidisturbios que hacen un segundo cordón alrededor de las plantaciones de hoja de coca. Atrás de ellos llegan decenas de policías más que se encargarán de erradicar en forma manual las matas. Es una tarea lenta, ardua y cada vez más recurrente en Colombia. Washington está alarmado con el incremento de plantíos de hoja de coca en este país y en la capital de Estados Unidos hay sectores que atribuyen a ese hecho el supuesto aumento del consumo de cocaína en ese país. Sólo en Tumaco, la Policía Nacional y el Ejército tienen mil 200 efectivos en labores de erradicación manual de plantaciones de hoja de coca, y además comenzó a contratar a campesinos para apoyar ese programa. Así se están erradicando unas 435 hectáreas por semana. Es una tarea titánica si se toma en cuenta que sólo en el municipio de Tumaco hay sembradas unas 28 mil hectáreas de hoja de coca, el 15% del total del país. El Departamento de Estado estadunidense calcula que en todo el territorio colombiano hay 188 mil hectáreas de este tipo de sembradíos. Hace dos años, el Consejo Nacional de Estupefacientes prohibió las aspersiones aéreas con glifosato luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó a ese herbicida como potencialmente cancerígeno. Esa decisión, que nunca gustó a Washington, se convirtió en un punto negro de la relación entre Estados Unidos y Colombia a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de este año. El mandatario estadunidense ha vuelto al discurso antidrogas de los años ochenta. Habla otra vez de “guerra” contra los narcóticos y no está ni mínimamente interesado en propiciar, como su antecesor, Barack Obama, un debate hemisférico sobre estrategias alternativas para combatir ese fenómeno ante el fracaso del prohibicionismo. Presión total De hecho, la semana pasada, cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos visitó a Trump en la Casa Blanca, éste le pidió remediar “muy rápido” el problema de los cultivos de coca. Trump dejó en claro que el narcotráfico volverá a ser el punto medular de la relación entre Estados Unidos y Colombia y que su política frente a ese fenómeno será de mano dura. Y esto ya se siente en Colombia. Sólo entre enero y abril de este año, la Policía Nacional ha erradicado manualmente 15 mil 200 hectáreas de plantíos de hoja de coca, cifra que triplica la del mismo periodo del año anterior. Pero las tareas de erradicación en Tumaco han provocado masivas protestas de campesinos que piden al gobierno respetar el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que se deriva del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y el cual prevé subsidios por unos 12 mil 500 dólares, por dos años, para las familias que cambien los sembradíos de hoja de coca por cultivos de productos tradicionales. Las protestas han sido de tal magnitud que el mes pasado los manifestantes secuestraron a 11 policías por más de un día y el patrullero Bayron Fernando Recalde, de 23 años, resultó muerto por disparos de arma de fuego. El general José Ángel Mendoza, director Antidrogas de la Policía Nacional, señala que detrás de la protesta campesina hay mafias del narcotráfico que pagan hasta 30 dólares a cada manifestante para enfrentar a los uniformados. “Nosotros estamos erradicando los cultivos industriales, no las plantaciones de los pequeños cultivadores, porque ellos se están acogiendo al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”, asegura Mendoza. Para el sociólogo y experto en políticas sobre drogas, Ricardo Vargas, Trump ya abrió un nuevo escenario en el que la guerra contra los narcóticos “se convertirá en una creciente exigencia y una presión cada vez mayor de Washington no solo a Colombia sino a toda América Latina”.