La derrota del PRI en Nayarit, “un levantamiento civil contra los atropellos”

TEPIC, Nay. (apro).- El resultado de la elección del pasado 4 de junio, en la que el PRI sufrió la peor derrota de su historia en la entidad, sorprendió incluso a los integrantes de la coalición “Juntos por ti” (PAN, PRD, PT y PRS), que casi obtuvieron “carro completo”.

Conforme al cómputo oficial de las actas, además de ganar de manera contundente la gubernatura, por 12.1 puntos porcentuales de diferencia, la alianza encabezada por el candidato a gobernador Antonio Echevarría García triunfó también en 15 de los 18 distritos de mayoría.

También obtuvo diez de las veinte presidencias municipales, entre ellas las más importantes desde el punto de vista político y económico, como la capital del estado, Bahía de Banderas y Compostela.

Abrumado por una participación ciudadana de 62.8% del padrón electoral, el PRI se quedó únicamente con dos diputaciones de mayoría y seis de los municipios menos poblados. Morena ganó un distrito y dos municipios, mientras que Movimiento Ciudadano alcanzó una presidencia municipal, igual que Encuentro Social.

“Esperábamos ganar la gubernatura, la mayoría del Congreso, la capital y otros municipios; teníamos una idea de lo que podía ocurrir, pero no con el plus que se dio; la verdad esto rebasó nuestras expectativas, nos sorprendió, la gente salió a votar más de lo que habíamos pensado”, confiesa Rodrigo González Barrios, expresidente estatal del PRD.

En su opinión, el saldo de los comicios “fue prácticamente un levantamiento civil contra los atropellos, los despojos, el enriquecimiento inexplicable y todos los abusos de poder cometidos por el gobernador saliente, Roberto Sandoval Castañeda, y su camarilla”.

Carlos Rafael Rea Rodríguez, investigador del área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), señala que si bien había un sentir generalizado de que la alternancia en la gubernatura era posible, “lo que sí resultó sorpresivo para muchísima gente es que el triunfo fuera tan apabullante en otros niveles, como las diputaciones, las presidencias municipales y las regidurías”.

No obstante, en entrevista, el académico estima que el resultado no se puede adjudicar a una sola causa, pues éste surgió de la conjugación de una serie de factores como el crecimiento de la pobreza, el desempleo, el endeudamiento público y el involucramiento que se hizo visible con el paso del tiempo de prominentes figuras del gobierno estatal con los cárteles del narcotráfico.

Doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, Rea Rodríguez ubica como un elemento favorable a la candidatura de Antonio Echevarría García el antecedente de que su padre, Antonio Echevarría Domínguez, fue en 1999 la primera persona que pudo desafiar y derrotar al régimen priista, para ejercer el cargo de gobernador.

A juicio del analista, lo anterior, aunado al hecho de que Echevarría García no es político, sino empresario de uno de los grupos económicos más poderosos de la entidad, se encadenó a circunstancias como el hartazgo y el resentimiento social, así como la debilidad de los otros candidatos y encontró las condiciones propicias para emerger como la única posibilidad efectiva de alternancia en el gobierno del estado.

Por otro lado, añade, el conflicto interno en el PRI a nivel estatal y nacional debilitó mucho las posibilidades de su candidato Manuel Humberto Cota Jiménez, en la medida que éste era ubicado como gente vinculada al presidente Enrique Peña Nieto, “una figura altamente desprestigiada”, además de que el otro precandidato fundamental en el PRI, el senador Raúl Mejía González, que emigró a Movimiento Ciudadano, tiene parentesco político con el exdirigente nacional Manlio Fabio Beltrones.

El efecto Veytia

Desde el punto de vista de Carlos Rea, sin embargo, el elemento que catalizó el resultado final del proceso electoral fue la detención en Estados Unidos del exfiscal Édgar Veytia, acusado de narcotráfico, apenas unos días antes del inicio de las campañas.

“Con este acto —explica— se generaron dos percepciones fundamentales: en primer lugar el sistema fue tocado y con ello se expuso la vulnerabilidad del conjunto del modelo que se había construido con una actitud violenta y amenazante, y en segundo lugar se introdujo la idea de que la gente podía expresar su hartazgo y su protesta sin correr riesgos por hacerlo”.

Rodrigo González Barrios está convencido de que los votos recibidos por la alianza “Juntos por ti” no fueron sólo por los partidos, sino que “fueron votos a favor de que haya justicia aquí en el estado; el caso de exfiscal tuvo un impacto trascendente: en enero había sido el gasolinazo, pero yo digo que lo del fiscal fue gasolinazo con cerillo, así fue como sucedió aquí”.

El próximo 18 de agosto será instalada la siguiente Legislatura local de Nayarit, de la que González Barrios formará parte como diputado perredista de representación proporcional.

“Lo que sigue —dice— es cumplirle a la ciudadanía y hacer justicia. Deben ser llevados a juicio el gobernador Roberto Sandoval y su grupo; vamos a preparar los juicios de responsabilidad política en el Congreso contra varios funcionarios del actual gobierno, pero esto no es un ajuste de cuentas, porque eso se oye como venganza, es simplemente hacer justicia”.

Desde mediados de abril pasado, Rodrigo González encabezó, junto con el exmagistrado Emiliano Zapata Sandoval Blasco, a un grupo de ciudadanos que denunciaron penalmente por enriquecimiento inexplicable al gobernador Sandoval Castañeda ante la Procuraduría General de la República (PGR).

“Una vez que salga este gobierno tendremos que repetir la denuncia en la PGR, vamos a empezar a trabajar ya en la preparación de varias denuncias más por enriquecimiento inexplicable, pues hemos encontrado casos de funcionarios cercanos a Sandoval que abusando del poder despojaron de sus bienes a mucha gente”.

Así también, estima que el Congreso deberá revisar los nombramientos de algunos magistrados y del auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Roy Rubio Salazar, colocados por el gobernador presuntamente para cubrirse las espaldas frente a posibles investigaciones sobre su manejo de los recursos públicos.

Destaca el caso del exsecretario particular del mandatario, Raymundo García Chávez, a quien en menos de dos años hizo magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, notario público y en su papel de senador suplente cubrió en el Senado la licencia de Manuel Cota mientras éste contendía por la gubernatura.

A su vez, Rubio Salazar, también favorecido con una notaría pública, fue nombrado primero contralor y después auditor a pesar de tener antecedentes de que había estado inhabilitado en dos ocasiones por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para ocupar puestos públicos, por la violación de leyes y normatividad presupuestal y por haber incurrido en negligencia administrativa.

“Soy un hombre limpio”: Sandoval

El domingo 4, antes de emitir su voto, el gobernador Roberto Sandoval declaró: “Soy un hombre limpio, transparente, aparte de que no tengo ningún temor de nada de lo que se me ha acusado, soy el hombre más tranquilo del mundo”.

Aseguró que una vez que deje la gubernatura no se irá de Nayarit. “Ya arreglé la casa en la que he vivido siempre, tenía seis años que no la pintaba, aquí voy a vivir después, en la misma casa”.

Cuestionado si no teme que su nombre aparezca involucrado en el juicio contra el exfiscal Édgar Veytia, detenido por narcotráfico en Estados Unidos, el gobernador respondió:

“Gracias a Dios, bendito Dios, nunca he tenido que ver con el narcotráfico, bendito sea Dios que tengo la conciencia tranquila y estaré paseándome por Tepic, por el estado de Nayarit, por Estados Unidos, por el lugar que sea.”

Argumentó que a pesar de que la ley lo facultaba a proponer al nuevo fiscal veinte días después de la ausencia del anterior, él prefirió pedirle al Congreso posponer la decisión para que sean el nuevo gobernador y la nueva legislatura la que haga el nombramiento.

“Teníamos la obligación de poner un fiscal, teníamos los votos suficientes para imponerlo, pero pedí al Congreso que diera una prórroga, eso demuestra que soy un hombre tranquilo, si no inmediatamente hubiera hecho como muchos gobiernos que los meten a fuerzas. Yo no ando desatado, imponiendo leyes, queriendo cobijarme”.

—Pero en las instituciones del sistema anticorrupción está usted dejando personajes de su confianza —se le cuestionó.

—No, no, quiero decirles que esos venían desde antes y el nuevo Congreso seguirá haciendo las modificaciones que sean; yo no he movido nada después del escándalo del fiscal, si yo hubiera tenido algo que ver inmediatamente hubiera movido todo, pero no, no he propuesto amarrar a nadie, para que sea el próximo gobierno quien ponga al fiscal y nosotros seguir paseando porque dejamos un estado en paz y tranquilidad, estamos entregando un mejor Nayarit en todos los sentidos.

Sin embargo, de acuerdo con Carlos Rafael Rea, el nuevo gobernador recibirá un estado con un estancamiento económico muy sensible.

“En términos de infraestructura hay carencias profundas, no hubo criterios de planeación serios en el actual gobierno, con obras que más que resolver necesidades de la sociedad parecen haber tenido como propósito propiciar el enriquecimiento ilícito de la camarilla del poder”.

Rea Rodríguez manifiesta que la violencia dejó una huella profunda no sólo en los años cuando se confrontaban los cárteles del narcotráfico en los espacios públicos y las agresiones contra la sociedad eran cotidianas, sino además la violencia soterrada que significaba el que todo mundo supiera de casos de levantones, secuestros, chantajes y amenazas en las que corrían versiones que estaba implicada la policía de Nayarit y la propia fiscalía.

En su caso, subraya, el tema de la Universidad es una asignatura fundamental, pues además de tener un exrector prófugo de la justicia, “enfrenta desfalcos, insolvencia financiera, parálisis en muy buena medida, y aunque sigue operando proyectos y programas se ve muy atada de manos para plantear objetivos más acordes con las necesidades del estado”.

En suma, hay en el estado “una debilidad institucional muy sensible, se tiene que recuperar la credibilidad de las instituciones públicas en términos administrativos, financieros y de un ejercicio planificado, razonable, participativo, adecuadamente sustentado del recurso público para la satisfacción de los objetivos que cada quien tiene previstos”.

Según el investigador universitario, el gobierno de Antonio Echevarría García tendrá la necesidad de relegitimarse y obtener credibilidad, lo que en el imaginario colectivo pasa por lograr el esclarecimiento del pasado y deslindar responsabilidades al menos en los puntos medulares.

Así también, considera Rea Rodríguez, el nuevo mandatario tendría que aprender de las impugnaciones y cuestionamientos que en su momento se le hicieron a su padre cuando éste fue jefe del Ejecutivo.

“Tiene que ajustar cuentas con los gobiernos anteriores, reconocer que la gente no necesariamente depositó las expectativas masivas en su persona, sino que él fue la figura que condensó un encadenamiento de circunstancias que indicaba que él encarnaba en ese momento quizás la única posibilidad de llevar a cabo la alternancia, pero que no necesariamente está recibiendo un bono de credibilidad y confianza por su persona o por la alianza que lo llevó al poder”.

Plantea que es de esperarse que Echevarría García sea sereno, responsable y humilde, junto con su equipo de gobierno y los demás candidatos electos a los distintos cargos de representación popular, para plantear desde una lógica completamente distinta los contenidos y las formas del próximo gobierno.

De la misma manera, prosigue Rea, la nueva administración debe mostrar la inclusión en una alianza de gobierno de los otros partidos implicados en el triunfo de Antonio Echevarría, con el cuidado de designar a los funcionarios y las funcionarias con los perfiles adecuados, ya que “nos tendrían que mostrar que no será un gobierno de amigos y compadres, sino de gente competente, profesional y preparada”.

Por el otro lado, advierte, al provenir de uno de los consorcios empresariales más fuertes del estado, Antonio Echevarría García tendría que mostrar que no aprovechará el desempeño gubernamental para privilegiar a su grupo económico, cerrando las posibilidades a otras empresas o capitales que quisieran invertir en la entidad.

“También tendría que mostrar que no se va a despilfarrar el dinero público en mercadotecnia gubernamental y que no se va a monopolizar por parte del grupo empresarial al que pertenece la provisión de bienes y servicios al gobierno del estado, es decir, que haya transparencia, rendición de cuentas con un apego a la legalidad y un estilo completamente diferente de gobierno”, remata.

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