CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La activista oaxaqueña Bettina Cruz Velázquez se muestra categórica: las empresas ponen sus intereses comerciales y sus inversiones por encima de los derechos de las poblaciones locales y México atrae inversiones extranjeras “precisamente porque no se respetan los derechos humanos”. La profesora indígena recibió amenazas de muerte por su activismo contra el proyecto eólico en la región del Istmo de Tehuantepec, uno de los casos destacados en el informe final sobre México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, el cual fue presentado durante el consejo de derechos humanos de la ONU el jueves pasado. Este documento determinó que el gobierno mexicano incumplió con sus obligaciones, ya que no garantiza el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, además de que no logra proteger a los defensores de derechos humanos y tampoco vigila ni sanciona los abusos de las empresas. Un grupo de organizaciones y defensores de derechos humanos urgió hoy al gobierno mexicano a aplicar las recomendaciones de los expertos –quienes visitaron el país en septiembre pasado–, y expresaron su decepción respecto al informe. Tenían mayores expectativas respecto al tono y al contenido del documento. Karla Hudlet Vázquez, representante en México del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), deploró que los expertos abordaron “pocos casos” –apenas seis de los 61 casos de abusos de empresas que un grupo de organizaciones de la sociedad civil aportó durante la visita–, no entraron de fondo en los ataques directos perpetrados contra defensores de derechos humanos y dejaron de lado los proyectos turísticos, varios de los cuales se llevan a cabo en detrimento de las poblaciones locales. “En México las empresas no tienen interés en los derechos humanos, no hay compromiso político”, lamentó la activista, quien llamó al sector privado a redirigir más sus acciones de responsabilidad social hacia los derechos humanos y menos hacia la filantropía. Según Alicia Bustamante, pobladora de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, el grupo de expertos pudo abundar más en los impactos ambientales de los megaproyectos y en defender con mayor firmeza los derechos de los pueblos indígenas. Otra práctica condenable que adoptan algunas empresas y que no aparece en el informe de los expertos es la contratación de sicarios y otros grupos paramilitares para reprimir las iniciativas de resistencia, añadió Cruz. “Los gobiernos del PRI utilizan a los trabajadores de la Confederación de los Trabajadores Mexicanos (CTM) como grupo de choque”, sostuvo la integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. Ignacio del Valle, activista de Atenco, en el Estado de México, añadió que además de la CTM, el PRI suele desplegar a miembros de Antorcha Campesina para reprimir los movimientos sociales. “La Ley no vale”        Al presentar la postura de la sociedad civil sobre el informe, representantes de organizaciones denunciaron la impunidad que protege los abusos perpetrados por las empresas contra las comunidades, ya sea por casos de contaminación ambiental, acciones de hostigamiento –e incluso asesinatos– o negativa en acotar decisiones jurídicas. Bettina Cruz recordó que en el caso del parque Energía Eólica del Sur, las comunidades lograron que la justicia determinara la suspensión definitiva del proyecto en diciembre de 2015; sin embargo, esta decisión fue cancelada en agosto pasado. “La ley no vale”, lamentó la activista. María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), denunció por su parte que la contaminación extrema del río Santiago tiene su origen en la permisividad de las autoridades, las cuales no sancionan ni vigilan a las 300 empresas que vierten aguas industriales en el río. En su informe, los expertos lamentaron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuenta con apenas 300 inspectores, quienes deberían monitorear a más de 200 mil empresas potencialmente contaminantes en el país. Mario Luna, activista yaqui que fue encarcelado durante un año por oponerse a la construcción del Acueducto Independencia, declaró que la secrecía que rodea la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) demuestra el “desprecio real” con el que gobierno mexicano considera los pueblos indígenas. Abundó: “Hay regiones, recursos y conocimientos que se están negociando, mucho de ellos se encuentran en nuestros territorios y nosotros no estamos participando de ninguna manera (…) excluyen a los principales interesados, que son los pueblos”.