CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendación al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, por las violaciones a los derechos humanos a la protección de la maternidad, igualdad y no discriminación laboral cometidos por autoridades de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal, contra una perito en antropología forense quien fue obligada a laborar en condiciones adversas pese a su embarazo de alto riesgo. El organismo defensor de los derechos humanos relató que la perito fue obligada a realizar esfuerzos y actividades peligrosas que contribuyeron a la pérdida de su bebé a las 18 semanas de gestación. Denunció que los servidores públicos restaron importancia al caso, minimizaron los riesgos, violentaron sus derechos humanos y se enfocaron únicamente a que se cumplieran las expectativas laborales, pese a que existió disponibilidad de que otros funcionarios atendieran las peticiones del Ministerio Público de la Federación. De acuerdo con la investigación de la CNDH el 4 de febrero de 2015, la agraviada interpuso queja ante el organismo en la que denunció que fue enviada en forma reiterada a diversas comisiones de trabajo a diversos estados, sin consideración alguna por su embarazo de alto riesgo, lo que representó un peligro para ella y su bebé por las condiciones climáticas, materiales, de difícil acceso en zonas de alta peligrosidad y precaria alimentación, a pesar de las indicaciones médicas que recomendaban reposo. La perito supo de su embarazo a las 3.6 semanas de gestación y el 13 de abril de 2014 acudió a la Unidad de Urgencias del ISSSTE donde le expidieron licencia médica por cinco días por “amenaza de aborto”. Sin embargo, cuando entregó la incapacidad y el dictamen médico a su superior, el subdirector del Departamento de Medicina Forense, le dijo que “el estar embarazada no era incapacitante”, por lo que no podrían darle las consideraciones que esperaba. Los médicos del ISSSTe le dieron incapacidades en diferentes fechas a la perito y la dieron de alta con plan de egreso a su domicilio, pero nuevamente por instrucciones superiores y bajo amenaza de despido fue obligada a realizar su trabajo que implicaba trasladarse vía terrestre por caminos accidentados en vehículo y caminando por cerros y montañas, cargando su maleta y su caja de herramientas. Además, sus superiores se negaron a recibir las incapacidades y le dijeron que tenía que atender sus requerimientos de trabajo. El 16 y 17 de junio de 2014 fue a Chilpancingo, Guerrero, en comisión de trabajo y denunció que fue amenazada de despido en caso de incumplimiento. “La misión fue riesgosa y el Agente del Ministerio Público solicitó a la Marina Armada de México custodia para los peritos, quienes concluida la tarea retornaron a la Ciudad de México sin haber dormido, comido, ni descansado”, señaló la CNDH. El hostigamiento continuó, la amenazaron con despedirla o mandarla a Aguililla, Michoacán, o a los tiros de mina “a buscar muertos” y por ello cumplió con varias órdenes de trabajo, como acudir a la Sierra Tarahumara, acompañada de elementos del Ejército, donde soportó temperatura de 40 grados Celsius, sin comer y sólo ingerir líquidos. El 26 de junio siguiente, en Chihuahua, tuvo sangrado vaginal, y acudió al Hospital General del ISSSTE “Presidente Lázaro Cárdenas”, donde le diagnosticaron, otra vez, amenaza de aborto. Le dijeron que el cérvix estaba irritado por la retención de líquidos durante lapsos prolongados y le extendieron licencia médica con reposo, pero tampoco pudo llevar a cabo. El 5 de julio siguiente tuvo dolores y expulsión de líquido, se trasladó al Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, donde le informaron que se había roto la fuente y al día siguiente le practicaron un aborto, con 18.1 semanas de gestación. Para el 23 de julio ya estaba reintegrada a su trabajo, pero aún se sentía débil por lo que se negó a realizar una exhumación. Su superior instruyó un procedimiento administrativo en su contra por desobediencia, y a partir de entonces recibió malos tratos, indiferencia, carga excesiva de trabajo y hostilidad de sus tres jefes inmediatos. No paró ahí, de las amenazas de despido, un día uno de sus superiores le dijo que no era posible que renunciara y si lo hacía iniciarían procedimiento administrativo o penal, y le dijeron que su falta de profesionalismo le ocasionaría problemas legales. Debido a la violencia laboral y relaciones hostiles, se vio forzada a no renovar su contrato con la institución, por lo que dejó de laborar el 31 de diciembre de 2014. La CNDH refirió que en su investigación acreditó que las autoridades involucradas violentaron los derechos humanos de la víctima y transgredieron los derechos que le asistían como trabajadora embarazada, pues no le proveyeron condiciones de prevención, para procurar que su embarazo se desarrollara bajo las mejores condiciones laborales. Por ello, la CNDH recomendó al titular de la PGR reparar el daño a la mujer agraviada que incluya compensación, atención médica, psicológica y tanatología, y emitir un protocolo de actuación con directrices para el tratamiento de las trabajadoras en estado de gravidez, así como capacitar y formar a todo el personal de esa instancia en materia de derechos humanos con perspectiva de género. También le pidió colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja ante el Órgano Interno de Control de la PGR contra las autoridades señaladas para que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad; continuar con la integración y perfeccionamiento con perspectiva de género de la averiguación previa correspondiente por los delitos de abuso de autoridad y los que resulten, contra los involucrados. Finalmente, le solicitó incrementar la plantilla de personal pericial capacitado en materia de derechos humanos con perspectiva de género, “para que la PGR cuente con los recursos necesarios, suficientes y debidamente organizados para cumplir con sus actividades sustantivas, dando oportunidad a las trabajadoras embarazadas de recibir la atención y cuidados especiales que requieran”.