CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- El general Ambrosio Quinto Adrián, exdirector del Centro de retención municipal en Playa del Carmen, libró una acusación de abuso sexual hecha por tres internas del área femenil de dicho centro en noviembre del 2015, luego de que una agente del Ministerio Público determinó no ejercer acción penal en su contra por falta de elementos. Quinto Adrián, general del Ejército en retiro, ocupó dicho cargo hasta diciembre de ese año, y tras ser despedido a causa de la denuncia de las internas, apareció en abril de 2016 como comandante de seguridad de la Zona Huasteca, cargo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, de donde salió también tras conocerse la indagatoria existente en su contra. Internas del centro penitenciario de Playa del Carmen denunciaron al general por violación y también acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El Secretario del ayuntamiento de Playa del Carmen, Rafael Castro, informó en diciembre que el sistema estatal de Seguridad determinó separar del cargo a Quinto Adrián, independientemente de la queja presentada ante la CNDH, para cuya investigación el municipio estuvo colaborando con la documentación y acceso al Centro de retención, consignó Apro cuando Quinto Adrián fue presentado como comandante en San Luis Potosí en abril del 2016. Sin embargo, en una resolución emitida el 3 de enero de este año por Gloria López Olavarría, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad y la trata de personas, se determinó no ejercer acción penal contra el general por lo consignado en la averiguación previa AP/ZN/PYA/01/01/4348/11-2015 toda vez que la agente determinó que no se reunieron los elementos suficientes para acreditar la responsabilidad del exdirector del centro de retención. La resolución detalla la acusación y las declaraciones hechas por las tres mujeres que inicialmente acusaron al general de haberlas mandado llamar mediante una custodia a una habitación en la que según lo señalado por las tres, las obligó a sostener relaciones sexuales mediante amenazas e intimidación –dado el cargo que ocupaba-, y refiere que posteriormente, dos de las tres hicieron saber a la agente que retiraban las acusaciones. La agente ministerial desestimó también pruebas periciales practicadas a las denunciantes, pero admitió un certificado médico presentado por el acusado como una prueba de su “incapacidad física” para cometer los abusos sexuales, según indica la resolución de la cual Apro tiene copia. En un escrito dirigido a los medios, el general retirado dio a conocer la resolución y afirmó que este proceso y la difusión que se dio al mismo lo perjudicó en el ámbito personal y laboral: “manchando mi nombre y mi honorabilidad militar, perjudicando mi estabilidad familiar, laboral y carrera limpia” que, aseguró, llevó durante 43 años en el Ejército Mexicano. Además, sostuvo que las acusaciones fueron originadas por su actuación como director del centro penitenciario donde, según señaló, combatió la corrupción generada por grupos del crimen organizado al interior.