El gobierno de Maduro, ¿en fase terminal?

BOGOTÁ (apro).- Cuando en un país crecen en forma sostenida el hambre, la pobreza, la escasez de medicinas, la indignación ciudadana y las manifestaciones de calle exigiendo la salida del presidente, el gobierno suele estar en muy severos problemas, y eventualmente acaba por caer.

En Venezuela, además de que se juntan todos esos factores, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha optado por reprimir las masivas protestas en su contra con unidades militares y grupos de choque que se movilizan con total impunidad por las principales ciudades del país, en motos, encapuchados y con moderno armamento.

En dos meses y medio de protestas, la cifra de muertos llegó el jueves a 73. La última víctima en esa lista es el estudiante de 20 años José Gregorio Pérez, quien murió de un disparo en el rostro durante una manifestación opositora en el suroccidental estado Táchira.

Las organizaciones humanitarias de dentro y fuera del país piden todos los días al gobierno detener las “gravísimas” violaciones a los derechos humanos. En la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya hay varias denuncias por crímenes de lesa humanidad –como asesinatos políticos y tortura– contra Maduro y el alto mando militar.

La ebullición social política y social, y la crisis económica, han acabado por provocar grietas en el gobierno del presidente Nicolás Maduro y en el chavismo.

La última defección en las filas oficialistas se produjo el martes pasado, cuando el general Alexis López renunció a la dirección del Consejo de Defensa de la Nación por su desacuerdo con la decisión de Maduro de convocar a una Asamblea Constituyente “comunal”, de la que solo formarán parte sus incondicionales.

Decenas de columnistas de los medios críticos que subsisten en el país agazapados en internet hablan ya del inminente fin del gobierno de Maduro. Los títulos de sus análisis van desde “La agonía del régimen” hasta “Crisis terminal” y “Se cae de Maduro”. Todos coinciden en que el presidente está a punto de caer.

El abogado y profesor de ciencias políticas, José Amando Mejía, dice a Apro que la crisis venezolana ha llegado a tal punto de ebullición que a Maduro le quedan “meses” en el cargo.

“Creo que este gobierno no llega a fin de año”, afirma el doctor en derecho de la Universidad de París II.
De acuerdo con Mejía, “el régimen está en fase terminal y muy cerca un desenlace”.

Los militares, señala, están muy comprometidos por la represión contra las protestas, que ha corrido a cargo de la Guardia Nacional, un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

De hecho, el máximo comandante de la FANB y ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, criticó públicamente las violaciones humanitarias de la Guardia Nacional, que depende del ministro del Interior, el también general Néstor Reverol.

“A los militares cada día les cuesta más seguir respaldando al chavismo. Se están dando cuenta de que les va resultar imposible gobernar por la fuerza, y la fuerza es la única opción que tiene Maduro para seguir en el poder”, asegura Mejía.

Nicmer Evans, dirigente del movimiento chavista disidente del madurismo, Marea Socialista, considera que el gobierno “no está en una fase terminal, pero muestra claras señales de debilidad y se está agotando”.

El exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez sostiene que Maduro “está desesperado, y así lo deja ver su apresurada convocatoria a una Asamblea Constituyente que va en contravía de la democracia y que busca que se erija en el país una dictadura”.

“Constituyente anticonstitucional”

La Constituyente fue convocada por el presidente sin someter esa propuesta a un referendo popular, como indica la Constitución, y en ella sólo participarán candidatos propuestos por las “comunas”, que son apéndices del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La opositora Mesa de la Unidad Democrática asegura que los principales objetivos de la Constituyente “comunal” son “prolongar indefinidamente la permanencia de Maduro en el poder, disolver la Asamblea Nacional (dominada por la oposición) y legalizar un régimen dictatorial”.

Nicmer Evans sostiene que “la Constituyente de Maduro es anticonstitucional” y por eso ha sido rechazada por un sector significativo del propio chavismo, como Marea Socialista, el general Alexis López, varios exministros de Hugo Chávez y la fiscal general, Luisa Ortega.

“El gobierno está tomando medidas apresuradas, amenaza, amedrenta, reprime, viola derechos humanos y tiene tan altos niveles de rechazo (alrededor del 80%, según la mayoría de encuestas) y de ausencia de credibilidad que difícilmente se podrá recuperar de esta crisis”, asegura.

Sin embargo, el politólogo advierte que el gobierno “está tan debilitado y tan seriamente herido, que puede llevar las cosas a un mayor nivel de agresividad y de represión”.

De acuerdo con Evans, “cuando las fieras están agonizando es cuando más peligrosas son, y ese es el riesgo que estamos corriendo hoy en Venezuela”.

Hasta la fiscal general, Luisa Ortega, que se formó al alero de Hugo Chávez y quien decidió dar la pelea contra la Constituyente y contra la represión, se siente en peligro.

No sólo porque sus allegados temen que en cualquier momento sea detenida por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) con cualquier pretexto, sino porque las amenazas del oficialismo en su contra no han cesado desde que decidió desmarcarse de Maduro.

“Hago responsable de cualquier daño, lesión, agresión que pueda sufrir toda mi familia al Ejecutivo nacional (…), no es posible que mi familia sea objeto de amenazas”, dijo el martes tras acudir al Tribunal Supremo de Justicia a presentar una demanda por “conspiración” contra ocho magistrados de esa institución judicial que avalaron la Constituyente convocada por el presidente.

Un día antes, los fiscales y procuradores generales de 12 países iberoamericanos –entre los cuales no estuvo México– expresaron en una carta su respaldo a la labor de Ortega y rechazaron “cualquier pretensión de llevar adelante reformas legales que impidan” su autonomía e independencia.

“En este sentido, repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela”, indicó la misiva.

La fiscal Ortega representa lo que algunos académicos han denominado “el mejor puente” que tiene la oposición venezolana para negociar con el cada día más amplio sector del chavismo que cree que Maduro está conduciendo al país a un abismo y que apuesta por una solución constitucional y electoral a la crisis.

Pero la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una coalición de partidos opositores, ha mostrado cautela frente a la posibilidad de abrir un canal de diálogo con Ortega a pesar de que respalda sus acciones en contra de la Constituyente y sus investigaciones contra los represores de las protestas.

Nicmer Evans considera que la fiscal representa la esperanza de que los funcionarios públicos y las instituciones del Estado cumplan con su trabajo en forma autónoma, o cuando menos desde una sana distancia del Ejecutivo.

“Ella hoy es un gran obstáculo para el gobierno y es un actor institucional con un fuerte peso en la referencia política de sus acciones”, señala el dirigente de Marea Socialista.

Y la opositora MUD, señala, no ha acabado de entender que están surgiendo nuevos referentes políticos y sociales en medio de la crisis que vive Venezuela.

“Uno de esos referentes somos nosotros, Marea Socialista, y hay muchos más en los que encontramos chavistas, independientes y millones de venezolanos que no se sienten representados ni por la MUD ni por el PSUV de Maduro”, dice el politólogo.

Evans explica que la MUD ha establecido una agenda de movilizaciones contra el régimen “pero la gente ahora se está moviendo sola, sin una conducción política que realmente oriente las protestas masivas, y esto incluso genera la anarquización de las protestas y expresiones políticas de nuevo tipo, al margen de los partidos”.

La MUD, señala, no ha logrado entender este fenómeno y se empeña en tener el monopolio de la oposición. Para el dirigente de Marea Socialista, esta falta de visión política puede retrasar cualquier tipo de avance hacia el restablecimiento del orden constitucional.

Rebelión

El abogado José Amando Mejía considera que las protestas contra el régimen están creciendo tan rápido que “pronto llegarán a constituirse en una indetenible rebelión popular sin un líder único ni dirigida por un puñado de políticos.

“Esta situación de una rebelión sin jefe, masiva, autónoma y sin ningún tipo de control político o partidista será una importante fortaleza de la sociedad civil, ya que la dictadura no tendrá ningún interlocutor con quién negociar el cese de la insurrección”, asegura el profesor de las universidades Metropolitana, Central de Venezuela y Católica del Táchira.

Mejía considera que, por ello, la escalada de protestas en Venezuela “no la para nadie y solo cesará hasta que el país regrese al orden jurídico constitucional, donde el respeto a la ley es la única garantía de la convivencia pacífica”.

El abogado y profesor de ciencias políticas cree que es difícil que se abra paso una solución electoral a la crisis, como adelantar los comicios presidenciales programados para 2018, porque esa opción se perdió cuando la oposición ganó las elecciones legislativas de 2015 y el gobierno le arrebató sus competencias a la Asamblea Nacional.

Tampoco, agrega, hay opción de negociar con el gobierno “porque no tiene un interlocutor con quien hablar ni la sociedad democrática va a aceptar ningún tipo de negociación”.

De acuerdo con Mejía, el régimen acabará cayendo “presionado por la rebelión popular”.

El tema de la crisis venezolana será tratado por los cancilleres del hemisferio en la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizará de lunes a miércoles en Cancún.

Y aunque Venezuela ya anunció su salida de ese organismo alegando “injerencia” en sus asuntos internos, eso no evitará que los cancilleres adopten una resolución sobre la crisis en ese país durante la reunión en Cancún.

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