Denuncian a alcalde de Tijuana por contratos irregulares en la recolección de basura

TIJUANA, BC (apro).- Organizaciones sociales y gremiales y ciudadanos interpusieron hoy una denuncia contra el alcalde de esta ciudad, el panista Juan Manuel Gastélum, entre otros funcionarios locales, por los presuntos delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos y lo que resulte por la contratación irregular de 80 camiones recolectores de basura y 15 patrullas para la vigilancia de este municipio fronterizo.

Esta denuncia se suma a la que en días pasados presentaron regidores del Partido Encuentro Social (PES) ante el Congreso local por la adjudicación ilegal en los contratos –se otorgaron de manera directa, sin concurso de por medio y sin la aprobación del cabildo–, y el incumplimiento de las empresas en la prestación de los servicios contratados.

A pesar de que la primera fase incluía la operación de 40 camiones recolectores de basura, a la fecha sólo se encuentran en servicio siete unidades, lo que apenas alcanza para cubrir 20% de la demanda.

La coordinadora de los regidores pesistas, Mónica Vega, fue la encargada de presentar el recurso legal administrativo en la Cámara de Diputados contra el funcionario panista, con la idea de que los legisladores puedan dar los primeros pasos para iniciar un posible dictamen de procedencia de juicio político contra Gastélum Buenrostro.

En la actualidad, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local tiene para su análisis y determinación una decena de solicitudes de procedencia de juicio político contra servidores públicos de la entidad.

Vega declaró que la denuncia administrativa se sustenta en las irregularidades en el proceso de adjudicación de este contrato de recolección de basura, donde se presume la existencia de “un evidente conflicto de intereses, abuso de autoridad y tráfico de influencias”.

Además, señaló que existe un problema de transparencia en la información de esta transacción, que se agrava por la clasificación del contrato como “privado” hasta enero de 2018, realizado por la síndico procuradora Ana Marcela Guzmán.

La regidora comentó en entrevista con Apro que el 31 de mayo presentó la denuncia ante la sindicatura de Tijuana, donde solicitaron además información sobre la adjudicación directa del contrato, pero el jueves 8 el Comité de Información del ayuntamiento reservó la documentación durante los próximos seis meses.

El contrato para la renta de camiones otorgado sin licitar al Grupo Turbofin, propiedad de Jaime Aarón Rogozinski, se convino en dos etapas con un gasto a la hacienda municipal de 88 millones de pesos.

El PES anunció que en los próximos días se presentará una denuncia por los contratos irregulares de las patrullas de la policía municipal de Tijuana.

La demanda penal fue interpuesta por los abogados del Colegio Juan Manuel Venegas, Manuel Sabido, Carlos Atilano y Román Aboytes, entre otras asociaciones civiles y ciudadanos.

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