SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- Cámaras empresariales, asociaciones civiles y de profesionistas, así como ciudadanos de la capital y de la Huasteca, exigieron en pronunciamientos dirigidos al gobernador Juan Manuel Carreras López y al Congreso local tomar medidas para abatir la corrupción que ha sido evidenciada en la ASE y entre los propios diputados, en perjuicio de la transparencia y la rendición de cuentas de entes como los gobiernos municipales. En dos publicaciones insertadas en diarios locales, los inconformes exigen la separación inmediata de los diputados Enrique Flores, del PAN; Óscar Bautista Villegas, del PRI; J. Guadalupe Torres Sánchez, del PRD, y Manuel Barrera Guillén, del Verde --todos mencionados por Flores Flores en los videos difundidos la semana pasada--, como involucrados en el cobro de “moches” a cambio de “desaparecer” las observaciones hechas por la ASE a las cuentas públicas municipales. También se exige una “limpia” al interior de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pues se considera insuficiente la renuncia del titular, José de Jesús Martínez Loredo, efectuada el viernes 16 como consecuencia de lo revelado en los videos. “Renuncias y cambios en la Auditoría Superior del Estado y en la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado son insuficientes”, se advierte en una de las publicaciones. “Es necesaria la aplicación de las sanciones que procedan para cada uno de los participantes en esta red de corrupción; la eliminación del fuero y la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para depurar los trabajos de fiscalización de las cuentas públicas” desde el 2013, mismas que consideran carentes de confiabilidad. “Ciudad Valles, la sociedad civil, sus organizaciones representativas, la Huasteca Potosina se encuentran ofendidas, agraviadas, golpeadas por la conducta lesiva de los diputados del Congreso… en razón a los actos que desde el inicio de la legislación se han venido públicamente ventilando, excesivos y escandalosos, y de acuerdo con el escrutinio público también, son de concusión, corrupción e impunidad en abuso de autoridad y poder… colocando a uno de los poderes más representativos, como es el Legislativo, en vergüenza nacional”, refiere el desplegado publicado en la Huasteca ayer domingo. Los desplegados son firmados, entre otros, por San Luis Unido, Cámara de Comercio y Servicios de San Luis, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias capítulo San Luis, Colegio de Enfermería, Unión Social de Empresarios (USEM), Asociación Mexicana de Peritos Valuadores, Parlamento Ciudadano, Ciudadanos Observando, Ciudadanos Hasta la Madre, Colegio de Ingenieros Civiles de San Luis, Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y unos 200 particulares. En el caso de la Zona Huasteca firman la Barra de Abogados, Cámara de Restauranteros, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Club Rotario de Valles, Colegio de Notarios de la Zona Huasteca, Coparmex y Asociación de Profesionistas Constructores de la Huasteca. Los pronunciamientos ciudadanos coinciden en afirmar que la corrupción “campea en la administración pública”, y en demandar que desde los tres niveles de gobierno se comience una cruzada “que demuestre que va en serio la creación de los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción”. Los firmantes exigen medidas urgentes del gobernador Carreras, el Congreso y la Auditoría Superior de la Federación “para restaurar en lo posible la legalidad, aplicar sanciones ejemplares a quienes sean acreedores a ellas y evitar daños inminentes de difícil reparación”. También, revisar de manera externa las cuentas públicas del gobierno de la capital, mismo que apareció con cero observaciones, y cancelar el polémico contrato con la empresa Panavi para el cambio de luminarias en la capital, cuya aprobación quedó en suspenso en el Congreso después de que se exhibieron cabildeos entre los diputados para conseguir los votos a favor a cambio de pagos. Al auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, los firmantes le piden intervenir para que se investigue el ejercicio de recursos y las responsabilidades en que pudieron incurrir diversos funcionarios. Las críticas también aluden al ominoso silencio que el gobernador priista Carreras López ha guardado sobre los video escándalos en que se exhibió la presunta red de corrupción entre diputados locales y la ASE. A Carreras “le ha llegado el tiempo de pasar a los hechos en el combate a la corrupción”, dice el desplegado, en el que se pide al Ejecutivo que las denuncias e indagatorias de la Procuraduría de Justicia en estos casos sean exhaustivas y tengan resultados en el señalamiento y sanción a los responsables. Varios de los involucrados, como es el caso del diputado panista Enrique Flores Flores, el priista Óscar Bautista y el ahora exauditor superior José de Jesús Martínez Loredo, ya habían tenido señalamientos de organizaciones civiles como Ciudadanos Observando. Esta última organización ha cuestionado desde hace meses el desempeño de la ASE y de la Comisión de Vigilancia del Congreso (de la que formaban parte los citados legisladores) en la revisión de cuentas, como las del gobierno de la capital potosina que encabeza el perredista Ricardo Gallardo. Además, ha exhibido documentación obtenida a través de acceso a la información que evidencia la comprobación apócrifa que los mismos diputados hacen del ejercicio de los recursos públicos que reciben, a través facturas falsas, lo que en su momento fue informado por Apro.