CAMPECHE, Camp. (apro).- Organizaciones civiles informaron que la CIDH dio entrada a su solicitud de medidas cautelares para proteger la vida y garantizar el respeto a los derechos humanos de esas más de cien familias instaladas en los linderos entre México y Guatemala, a escasos tres kilómetros del ejido El Desengaño, municipio campechano de Candelaria. Esas personas fueron desalojadas por el gobierno de Guatemala de la comunidad Laguna Larga, que se localizaba en la región de El Petén, dentro un área natural protegida. Los activistas recordaron que el miércoles 7 representantes de varias organizaciones visitaron el improvisado campamento y constataron las condiciones que ponen en riesgo la salud e integridad de alrededor de 450 personas, en su mayoría niñas y niños. También subrayaron que, por ello, dirigieron a la CIDH la petición de medidas cautelares, ante el riesgo de que resulte una mayor vulneración de derechos y riesgos para la vida y la salud de las familias que fueron desplazadas de la comunidad de Laguna Larga el viernes 2. “Las organizaciones que realizamos la visita el pasado 7 de junio, La 72 Hogar Refugio para personas migrantes, Voces Mesoamericanas, Resistencia Civil de Candelaria, Campeche y el Equipo Indignación, constatamos que el desalojo perpetrado por agentes del Estado de Guatemala, entre ellos policías y Ejército, se dio sin cumplir con los principios y directrices establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos agotar las instancias de diálogo y sin contar con una alternativa acordada entre las partes”, denunciaron. Luego destacaron que los desplazados de la comunidad de Laguna Larga vivían ahí desde hace más de 15 años y cuentan con documentación y con reconocimiento de distintas instancias del gobierno de Guatemala. “En la visita también pudimos observar la saña en la destrucción de las viviendas, destrozadas e incendiadas. Algunas humeaban todavía cuando acudimos”, añadieron. Los activistas reiteraron que en su visita constataron “las condiciones de emergencia en la que se encuentran los desplazados, con riesgos para la seguridad, salud y vida, y por ello nos dirigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Además, detallaron que la petición a la CIDH consiste en garantizar que se proteja el derecho a la vida, integridad física y personal de los desplazados de la comunidad de Laguna Larga y adoptar las medidas necesarias para brindarles asistencia humanitaria, incluyendo alimentación, techo en condiciones dignas y atención médica. Asimismo, asegurar su permanencia en la zona del ejido El Desengaño, en el municipio de Candelaria, en condiciones que garanticen su vida, integridad y vida digna, así como su libre tránsito en la región, “sin amenazas por parte de ninguna autoridad guatemalteca o mexicana, hasta en tanto se resuelva la situación de desplazamiento forzado de la que han sido objeto”. Igual se busca que se garantice el retorno inmediato de la comunidad de Laguna Larga al territorio que ocupaba con anterioridad al desalojo, generando las condiciones para una vivienda digna en respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como del marco jurídico nacional e internacional aplicable a los pueblos indígenas en Guatemala. También reclaman que se les garantice el acceso a la justicia, “incluyendo la investigación de los hechos, la sanción de los responsables, así como a la reparación, indemnización, restitución y no repetición por las pérdidas sufridas y el daño que se les ha ocasionado”. Y establecer las medidas y protocolos necesarios, de tal manera que no se realice ningún desalojo forzado a comunidades, estableciéndose las mesas de diálogo necesarias para llegar a acuerdos que permitan a las comunidades hacer efectivos sus derechos territoriales. Los activistas comentaron que la página de la CIDH aparece ya el registro de la solicitud con el número MC-413-17. En ese sentido, resaltaron que “justamente en estos momentos la Organización de Estados Americanos, a la cual pertenece la CIDH, sesiona en Cancún, Quintana Roo, lo cual cobra relevancia ante las amenazas de desalojo que enfrentan otras comunidades del Petén y la alarma ante la forma como se vulneraron los derechos humanos en el desalojo de Laguna Larga”. También recordaron que la CNDH ya emitió medidas cautelares para que la administración federal, de Campeche y del municipio de Candelaria brinden inmediato apoyo humanitario a los desplazados guatemaltecos asentados en la franja fronteriza, luego de que el gobierno de su país los expulsara de su comunidad.