La fiesta del espionaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México cualquiera con recursos espía. Lo hacen, desde luego, el gobierno federal y los estatales. Instituciones civiles y militares. Corporaciones policiales, empresas y no se diga los servicios estadunidenses, incluidos los del Pentágono a los que Felipe Calderón dejó entrar en su gobierno.

Lo que publicó el diario The New York Times le puso nombre y apellido a lo que la revista Proceso había publicado hace dos años en un reportaje especial sobre quiénes y cómo espían en México.

En este caso fueron periodistas y activistas. En otro momento han sido políticos o empresarios.

Los afectados por las operaciones de espionaje contadas por el periódico estadunidense responsabilizaron, desde luego, al presidente Enrique Peña Nieto por ser el jefe del gobierno y del Estado.

Es seguro que por las capacidades de los equipos de intrusión sean muchos más los “objetivos” a los que cada autoridad haya decidido darle seguimiento. Y ahí está, justamente, el problema: un gobierno que no controla a los espías. Ni a los suyos.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es la entidad encargada expresamente de la recolección de información, incluido el espionaje y contraespionaje, para la seguridad de sus instituciones, su población, territorio. No para perseguir a críticos u opositores.

Pero esa práctica no es exclusiva del Cisen. Las empresas dedicadas a la comercialización de estos equipos han hecho grandes negocios en México porque todo el que puede los compra, con el argumento de combatir la inseguridad.

Una de ellas, la empresa italiana Hacking Team, tenía al Cisen como su principal cliente en el mundo, con un contrato inicial de un millón 300 mil euros (26 millones 60 mil pesos al tipo de cambio actual), hasta que la firma italiana fue hackeda en 2015.

Cuando se hizo pública la información de sus clientes en el mundo, México no solo quedó evidenciado como uno de sus principales compradores, sino como un “cliente ofensivo”; es decir, que adquirió equipos deliberadamente para interceptar las comunicaciones de sus “objetivos” en cualquiera de las plataformas o modalidades tecnológicas que quisiera.

El gobierno federal no era su único cliente. También muchos gobiernos estatales. Entre ellos, el de Puebla, entonces gobernado por Rafael Moreno Valle, que acogió a hombres clave del exsecretario de la desparecida Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quienes también utilizaron esos equipos en el gobierno de Calderón.

En el mejor de los casos, Peña Nieto estará enterado del espionaje de su gobierno. Pero a decir de la respuesta de la respuesta de la Presidencia de la República, que mandó a su encargado de prensa internacional, Daniel Millán Valencia, decir que “no hay pruebas”, el problema es más grave aún.

Lo de menos es que sea una respuesta cínica. Lo delicado es que, en efecto, Los Pinos carezca de esas pruebas y que sus secretarios encargados de manejar el presupuesto de seguridad y por lo tanto la compra y manejo de los equipos y aparatos de intrusión se lo pasen por encima y tengan su propia agenda.

En el propio gobierno es admitido el caso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, jefe directo del Cisen, de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Policía Federal, todas con acceso a esas tecnologías. Osorio es, además, responsable de los llamados centros regionales de fusión de inteligencia.

Lo mismo ocurre con la secretaria de la Defensa Nacional y la secretaria de Marina, que históricamente han sido renuentes a compartir su información con los civiles. Por mencionar algunas de las autoridades que tienen estos “juguetes”.

Con semejante desorganización, lo único que queda es esperar la siguiente feria de escándalos, sobre todo en el año electoral que viene.

Los rusos, estadunidenses e israelíes, principales productores de estos equipos y software, están de fiesta.

@jorgecarrascoa

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