CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó al gobierno mexicano que informe qué instituciones públicas cuentan con equipo de espionaje, de qué manera lo utilizan y, sobre todo, qué medidas se adoptaron para garantizar su control. Además, en voz de Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, llamó a deslindar las posibles responsabilidades administrativas por el uso ilegal de tecnología de vigilancia. Jarab, mediante un comunicado, condenó los actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos integrantes de sus familias, hechos públicos el lunes 19, en el diario The New York Times. Para la ONU-DH, el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas debe estar sometido a estrictos controles que eviten cualquier utilización ilegal de las mismas. En este sentido, recordó que existe un amplio número de medidas señaladas por distintos órganos internacionales como esenciales para evitar injerencias arbitrarias e intervenciones ilegales de comunicaciones, que incluyen controles internos, judiciales, parlamentarios y por parte del ejecutivo, así como mecanismos para garantizar la rendición de cuentas de carácter público sobre el uso de estos sistemas. Jan Jarab destacó que la organización que representa dará seguimiento a la investigación que la PGR hace al respecto y se pronunció porque sea “pronta, exhaustiva e imparcial, agotando todas las líneas de investigación e informando regularmente a la sociedad mexicana de los avances de la investigación, dada la trascendencia del caso”. La ONU-DH saludó la solicitud de medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigidas a Sedena, Semar, Segob y la PGR e hizo un llamado para el cumplimiento de las acciones solicitadas. En el documento, el organismo exhortó también a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que en el marco de sus funciones, como órgano de control y evaluación de las políticas y acciones en dicho campo, verifique de manera permanente que los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, cumplan las leyes vigentes, así como las normas de derechos humanos, y realicen un uso adecuado de los fondos públicos asignados.