MONTERREY, NL (apro).- El gobierno que encabeza Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, presumió la vinculación a proceso de 28 exfuncionarios, entre ellos el exmandatario priista Rodrigo Medina, en el marco de la Operación Tornado, que inició hace un año para enjuiciar a responsables que provocaron un desfalco al erario por más de 3 mil 600 millones de pesos. La mayoría de los exservidores públicos están sometidos a juicio por los delitos de peculado, daño al patrimonio y ejercicio indebido de funciones. Al presentar hoy un resumen del macro operativo que fue revelado el 3 de junio de 2016 para perseguir a los servidores públicos del sexenio anterior, quienes habrían saqueado las arcas estatales, la Subprocuraduría Anticorrupción estatal que preside Ernesto Canales Santos expuso que también hay irregularidades detectadas por incentivos entregados a la armadora surcoreana KIA Motors por más de 3 mil millones de pesos. Por haber concedido exenciones de impuestos más allá de los montos establecidos por la ley, Medina de la Cruz fue vinculado a proceso y enviado al penal del Topo Chico, de donde fue liberado por un amparo que concedió la justicia federal, aunque su juicio continúa. Se encuentra vinculado también el tesorero de Medina, Rodolfo Gómez Acosta, por un quebranto al erario de 3 mil 683 millones de pesos, por el mismo expediente de KIA. Jorge Domene Zambrano, quien fuera jefe de Comunicación de la pasada administración, también está bajo proceso por ejercicio indebido de funciones y peculado, al desviar, aparentemente, 39 millones de pesos para financiar una campaña a favor de quien fuera su jefe. Rolando Zubirán Robert, extitular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), sumó ya su tercer proceso, por ejercicio indebido de funciones en múltiples acciones que, aparentemente, efectuó indebidamente durante su gestión. Quienes fueran subsecretario de Egresos, Francisco Valenzuela, y el exdirector de Presupuesto, Salvador Garza, los dos de la Tesorería estatal, están acusados de daño al patrimonio de la entidad y a los municipios. Los exfuncionarios Emilio Rangel Woodyard, de Agua y Drenaje de Monterrey, y Luis Marroquín, de Obras Públicas, están vinculados a proceso por ejercicio indebido de funciones en millonarios proyectos que fueron mal encauzados. Luego de dejar el puesto de director del Sistema Estatal de Caminos (SEC), Víctor Ramón Martínez Trujillo, enfrenta dos vinculaciones por ejercicio indebido de funciones y contra el patrimonio del estado. En esa misma dependencia obtuvo dos vinculaciones, por los mismos delitos de su jefe, quien fuera coordinador de Proyectos, Conservación y Construcción, Esteban Cepeda Ochoa. Por ejercicio indebido de funciones están vinculados a proceso Kevin Tonatiuh Alcalde Pagola y Nancy Aracely Villegas Cantú, supervisor de obras y director de Administración, respectivamente, en el área del SEC de la pasada administración. Otra subsecretaria, Celina Edith Villarreal Cárdenas, enfrenta proceso por ejercicio indebido de funciones y delitos contra el patrimonio estatal, mientras que Juan Livas Cantú, exdirector de Fidecitrus, también encara cargos por los mismos ilícitos. Adriana de la Cruz Monsiváis, quien trabajó en el Sector Salud, enfrenta juicio por peculado, lo mismo que el excoordinador de Administración y Finanzas de la Sedec, Alberto Salinas Guerra, por ejercicio indebido. Asimismo, se encuentra internado en el penal de Topo Chico José Agustín Téllez Velázquez, exdirector de Ejecución de Obra Públicas, por ejercicio indebido. Fue objeto de prisión preventiva porque falseó información sobre su domicilio. En la misma dependencia, en las áreas de coordinación de Obras y supervisión de éstas, son procesados, respectivamente, María Lucía González Pérez y Tomás López Aguilar, por ejercicio indebido de funciones y daño al erario. La exalcaldesa panista de Monterrey en el trienio 2012-2015, Margarita Arellanes Cervantes, y ocho de sus excolaboradores, igual quedaron vinculados por asignación indebida de un contrato por servicios profesionales con cargo al erario por 4 millones mil 999 pesos, aunque la jueza ordenó ya reiniciar todo este proceso penal. Aunque la mayoría de estos exfuncionarios se encuentran libres por amparos, el fiscal anticorrupción afirmó que sus procesos siguen firmes y de ellos no saldrán hasta que reciban una sentencia que los condene o los exonere.