Abogados del caso Narvarte emplazan a Mancera a cumplir recomendación de la CDHDF

jueves, 22 de junio de 2017 · 18:57
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La recomendación 4/2017 que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) envió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalinos sobre el caso Narvarte terminó de derrumbar la credibilidad en la procuración e impartición de justicia de la capital del país. A esa conclusión llegó la defensa legal de cuatro de las cinco víctimas del multihomicidio perpetrado el 31 de julio de 2015 -entre ellas, el fotoperiodista y excolaborador de Proceso, Rubén Espinosa, y la activista Nadia Vera-, por lo que emplazó al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a dar una respuesta en un plazo máximo de 15 días sobre el caso, si es que en verdad, dijo, quiere traducir en hechos el discurso oficial sobre su interés y compromiso en la defensa de los derechos a periodistas, mujeres y activistas sociales. Sin embargo, este jueves el mandatario capitalino comentó que no ha visto la Recomendación y que “imagina” que las autoridades señaladas ya la están revisando. En conferencia de prensa en la que participaron las hermanas del fotoperiodista –Patricia y Alma Espinosa Becerril— y el hermano de la colombiana Mile Virginia Martín, Fredy Morales, así como Héctor Pérez Rivera, de la Clínica de Interés Público Contra la Trata de Personas del ITAM, señaló que el documento de CDHDF confirma las omisiones y la falta de exhaustividad en la investigación del multihomicidio, como en su momento lo denunciaron los abogados. Estas se refieren a que tanto la PGJ como el TSJ no actuaron conforme el Protocolo de Minnesota respecto actos de violencia en materia de género, ataques a periodistas y acciones en contra de defensores de los derechos humanos. Además, prosiguieron, no se agotaron todas las líneas de investigación; las necropsias no cumplieron con los estándares máximos en la materia; se contaminaron las evidencias; no se protegieron los datos personales de las víctimas y se filtraron a los medios de comunicación partes completas de la carpeta de investigación. Pérez Rivera dijo: “En su recomendación, la Comisión de Derechos Humanos concluye que hasta el día de hoy la PGJ no ha podido explicar las razones del crimen. No hay justicia en el caso; esto se traduce en que tenemos un sistema de procuración de justicia que únicamente garantiza impunidad”. “Temor a los resultados” El litigante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) también sentenció que los actos de negligencia cometidos muestran que, o no hay disposición política del gobierno de la capital para investigar o que existe un temor de que los resultados de investigaciones exhaustivas afecten la imagen de la Ciudad, “por ejemplo que se descubra crimen organizado”, dijo. Respecto a los familiares de Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa, el abogado adjunto a la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, sostuvo que la Recomendación significa un “parteaguas” en la procuración de justicia, porque evidencia el “deficiente sistema de atención a víctimas” de la ciudad. La razón -afirmó- es el maltrato que sufrieron los allegados. Denunció: “Los hechos que narra la Recomendación (respecto al trato que recibieron cada una de las familias) son espeluznantes e inaceptables para una ciudad que se dice gobernada por la izquierda y en la que se supone se garantizan derechos. Ese es un gran mito que se cae y que esta recomendación lo corrobora”. Finalmente, los representantes legales exigieron que la PGJ y el TSJ acepten cada uno de los puntos vertidos en la Recomendación 4/2017, que la CDHDF vigile su cabal cumplimiento para que los actos no se repitan; e incluso, como mencionó Fredy Morales, el gobierno de la ciudad se disculpe públicamente por las filtraciones. La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Micheel Salas Ramírez, señaló que ante la Recomendación de 18 puntos de la CDHDF, el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Miguel Ángel Mancera, tiene la oportunidad de demostrar su interés y compromiso en la defensa de los derechos a periodistas, mujeres y activistas sociales. Sostuvo que sería “inadmisible” que el mandatario capitalino, aspirante a candidato a la elección presidencial del 2018, tuviera dentro de su historial el rechazo a una recomendación en materia de derechos humanos. Por ello, retó a Mancera Espinosa a que antes de que se venzan los 15 días para que acepte o no el documento de la CDHDF admita y ejecute las recomendaciones, en virtud de que “si se cumplen, permitirá enderezar la investigación del caso”. “No he visto la Recomendación”: Mancera Un día después de que la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, presentó la Recomendación del que ya es uno de los casos más polémicos en materia de procuración e impartición de justicia del gobierno de Miguel Ángel Mancera, éste mostró poco interés por la misma. En entrevista al término de un acto oficial, el mandatario capitalino respondió así a la prensa cuando fue cuestionado al respecto: “No, no la he visto (la Recomendación), pero la deben de estar viendo, me imagino, a las autoridades que fue dirigida (sic)”. No dijo más. Más tarde, en un comunicado, la PGJ, a cargo de Rodolfo Ríos, informó que estudiará los argumentos de la CDHDF y, en caso de que no coincida con ella, lo expresará en su momento. La dependencia recordó que, de conformidad con la normatividad aplicable, tiene 15 días hábiles para analizar y fijar su posición respecto a si aceptará o no los puntos recomendatorios. “Si bien es cierto que esta Institución es y será siempre respetuosa de las facultades y pronunciamientos del organismo protector de derechos humanos, también, como en los casos anteriores, estudiará detenidamente los argumentos por los que, dicha Comisión, considera que existen violaciones a derechos humanos, tanto de las víctimas directas como de sus familiares”. La Procuraduría añadió que, en caso de que no coincida “sobre la existencia de las violaciones que le son atribuidas, lo expresará en aras de no generar en la sociedad, una visión distinta de casos tan relevantes como el que ahora nos ocupa”.

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