Puta feminista

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En Argentina las trabajadoras sexuales están organizadas hace 21 años en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), que cuenta con 6 mil 500 afiliadas y es integrante de la Central de Trabajadores de ese país. Georgina Orellano, que se define como “puta feminista”, desde 2014 lidera Ammar. La semana pasada estuve con ella, en Buenos Aires, en la celebración de un año de FUERTSA, el Frente de Unidad Emancipatorio por el Reconocimiento de los Derechos de Trabajadorxs Sexuales en Argentina, una alianza entre organizaciones sociales, políticas, culturales, activistas, académicxs, artistas, políticxs y de todas aquellas personas que abogan por la defensa de los derechos humanos y laborales de quienes ejercen el trabajo sexual.

FUERTSA se propone enfrentar las posiciones que estigmatizan, penalizan y criminalizan el trabajo sexual, al mismo tiempo que desea fomentar la promoción, protección y garantía de los derechos humanos y laborales de lxs trabajadorxs sexuales.

Desde el lunes 5 de junio soy integrante de FUERTSA.

Puta feminista es también el título del libro autobiográfico de Georgina Orellano. En una entrevista con Daniel Hopenhayn, en enero de este año, ella explica que el hecho de que las trabajadoras sexuales empezaran a ver con buenos ojos al feminismo implicó todo un proceso. Relata que cuando comenzaron a reivindicar sus derechos laborales, las feministas abolicionistas descalificaron sus testimonios. Orellano dice “Cuando contábamos por qué habíamos elegido el trabajo sexual frente a otros trabajos por los cuales hemos pasado, se producía una fuerte discusión en la que nuestra voz todo el tiempo era deslegitimada”. Por eso muchas compañeras vieron a las feministas como sus enemigas mientras otras pensaban: “Si eso es el feminismo, nosotras no somos feministas”. Sin embargo, Orellano encontró que había feministas con otras posturas, y también que había muchas personas y organizaciones que coincidían y apoyaban su lucha. Y entonces surgió la idea de conformar una amplia alianza con todas ellas: FUERTSA.

En Argentina, en 2012, se modificó la ley que penaliza la trata de personas con una redacción que elimina la posibilidad de consentir los servicios sexuales. La ley anterior en Argentina, del año 2008, diferenciaba el trabajo sexual autónomo de la trata. La modificación posterior fue consecuencia de un juicio muy emblemático que hubo en el país, por el caso de Marita Verón, una joven tucumana secuestrada por tratantes. Los imputados fueron absueltos por falta de pruebas y eso generó tal indignación social, que para apaciguar ese reclamo Cristina Fernández llamó a endurecer la ley sobre trata de personas. Aunque lxs trabajadorxs sexuales plantearon que era importante dejar establecido que en el trabajo voluntario hay consentimiento, por el clima generalizado de repudio debido al caso de Marita Verón se incluyó la absurda redacción de que nunca existe consentimiento. La consecuencia es que hoy, para el Estado, todo es trata de personas. En la actualidad muchos diputados y diputadas reconocen que no imaginaron las consecuencias negativas para lxs trabajadorxs sexuales que ha tenido dicha reformulación legal: cierre de lugares de trabajo sexual, razias y allanamientos sin orden judicial, incluso en sus domicilios o en departamentos que compartían con otras personas, así como la consignación penal de la persona encargada, o incluso de la que abría la puerta del departamento, por considerarlas “tratantes”.

Y no obstante que algunas trabajadoras sexuales empezaron litigios para defender su autonomía, luego de un tiempo se desistían pues el proceso judicial les resultaba muy largo y desgastante. Sin embargo, una compañera llegó hasta el final de un litigio y marcó un precedente al demostrar que ella era trabajadora sexual autónoma y que era perseguida por los agentes judiciales. Y así, una jueza conminó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a dejar de allanarle su vivienda, que es también su lugar de trabajo. La jueza fue muy clara: si el gobierno quiere ser el ente regulador de la prostitución, debe primero regularla. Ese primer fallo judicial tuvo el mérito de poner en evidencia la forma en que las políticas antitrata no diferencian entre trata y trabajo sexual, justo lo que ocurre también en México.

Acá también, en el artículo 40 de la Ley de Trata, se establece que aunque la persona diga que consintió vender servicios sexuales, es trata. Una diferencia estriba en que en la Ciudad de México lxs trabajadorxs sexuales callejerxs pueden reclamar la licencia de trabajador “no asalariado”. Sin embargo, dicha regulación no incluye a quienes laboran desde un departamento o mediante internet, que no pueden solicitar dicha licencia. Otra diferencia es que lxs trabajadorxs sexuales no están sindicalizadxs y una más es que, aparte del trabajo comprometido de Brigada Callejera, en México no tenemos una amplia alianza con sindicalistas, intelectuales y otras ONG, como FUERTSA. Brigada Callejera, que ha hecho varias alianzas puntuales, se distingue porque al mismo tiempo que lleva a cabo la lucha por el reconocimiento a los derechos laborales, combate la trata. No son objetivos excluyentes.

Este análisis se publicó en la edición 2120 de la revista Proceso del 18 de junio de 2017.

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