El Poder Judicial frente al #GobiernoEspía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Es grave que un gobierno ataque a las personas que lo cuestionan en lugar de corregir sus propias acciones inadecuadas. Más grave que utilice los recursos públicos y el aparato estatal bajo su encomienda para entrometerse en el círculo más íntimo de la gente, a fin de conocer todo sobre sus vidas.

Gravísimo que ante las denuncias presentadas, el presidente de la República –quizá por traición del subconsciente– ordene que las investigaciones se enfoquen en las personas a las que se ha espiado, en vez de descubrir las personas responsables de su gobierno.

Entre lo mucho que se ha escrito sobre #GobiernoEspía se ha preguntado por el papel que debería jugar el Poder Judicial. Para responder a ese cuestionamiento, habrá que tener claro que los tribunales no tienen por función primordial realizar pronunciamientos fuera de los procesos abiertos en esa sede, sino juzgar los casos que se les someten bajo su jurisdicción. Es por ese motivo que en un régimen autoritario, preguntar si existe algún juzgado que sea garante de los derechos humanos de la población se convierte en una de las últimas esperanzas.

Pero para preguntarle a un juzgado lo que está detrás del espionaje del gobierno a quienes le critican, se tienen que iniciar un procedimiento judicial. Una de las vías para que llegue al ámbito de competencias de los tribunales el asunto del #GobiernoEspía, es esperar a que den resultados las investigaciones penales que correspondan. En lo personal, no es un camino que me dé alguna serenidad. Mucho menos si desde la cabeza del gobierno se niega categóricamente su participación y la institución que va a investigar no tiene independencia frente a él.

Por eso me inclino por la alternativa. Espiar a la gente desde el gobierno, además de un delito, actualiza una violación de derechos humanos. Y en el lamentable contexto que se vive en México, desde mi punto de vista, una muy grave violación. Para tratar de combatir esas violaciones, el rol del Poder Judicial es fundamental.

Si yo fuera víctima del #GobiernoEspía, aparte de todo lo que ya se ha anunciado, estaría preparando una demanda de amparo para exigirle a un juzgado que se declare sobre el menoscabo de múltiples de mis derechos humanos, como los derechos a la intimidad y a la vida privada, los derechos a la inviolabilidad de mis comunicaciones y de mi domicilio, mis libertades de expresión e información y el derecho al ejercicio libre de mis labores enfocadas en la defensa de los derechos.

Esta vía judicial tiene ventajas que me parecen interesantes. Al menos en el papel, el Poder Judicial de la Federación, competente para conocer de los juicios de amparo en defensa de los derechos humanos, goza de independencia frente al Poder Ejecutivo, a diferencia de la institución que conducirá las investigaciones. Además, la postura que pueda adoptar el gobierno en sede judicial se dificulta: no bastaría con negar lo que se le reclama, porque al ser un hecho incontestable los ataques a la intimidad de periodistas, activistas, personas defensoras de derechos humanos, tendrían las autoridades que justificar en tal juicio de amparo su abierta omisión o su actuar deficiente para evitar que tales personas sufrieran ese ataque.

Y ahí no hay pretexto. Si el gobierno no hizo el espionaje, de menos permitió que sucediera. La explicación es bastante sencilla. Si las acciones en contra de las personas críticas del gobierno se hicieron con una herramienta que sólo se vende a los gobiernos, entonces o fueron algunas autoridades las que ordenaron los ataques, o igualmente grave, alguien diferente al gobierno se hizo con aquella herramienta y la emplea a discreción sin que el gobierno haga algo para impedirlo.

Ante cualquiera de esos escenarios, la última ventaja a destacar para apelar al Poder Judicial en esta causa tiene que ver con las posibilidades de transformar la realidad imperante. Investigaciones y denuncias, nacionales e internacionales, pueden ir y venir sin que pase nada. Manifestaciones, pronunciamientos críticos y contundentes pueden seguirse firmando que a un gobierno cínico en nada obligan. Pero una sentencia de amparo de un tribunal que defienda los derechos humanos, según lo que nuestra Constitución promete, sí resulta vinculante para ordenar que cesen los ataques, que se remedien los daños y que se garantice la no repetición.

Aunque claro está, quizá el peligro de esta estrategia sea tener en muy alta e inmerecida estima a nuestro Poder Judicial Federal.

Pero pensándolo otra vez, incluso si fallara en contra y avalara la violación de derechos de un #GobiernoEspía, despojarnos de la ilusión de que exista algún tribunal en México con el compromiso y la capacidad de defender nuestros derechos, conlleva una ventaja, porque quitarse la venda de los ojos y descubrir de una vez por todas que en México no existe independencia judicial, que el juicio de amparo no es mecanismo breve, sencillo, accesible, adecuado y efectivo para defender nuestros derechos humanos, que no resulta un medio eficaz para reparar plenamente sus violaciones, y que los juzgados y tribunales del país no se asumen como garantes de esos derechos, nos permitiría tal vez decidir que el camino que queda es apostarle todo a la movilización social y la toma directa de decisiones de gobierno.

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