CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El exgobernador César Durante Juárez no se presentó este viernes a la audiencia de imputación por el desvío de 14 millones de pesos del erario para entregarlo a su partido, el PRI. En tanto, el juez Tercero de Distrito, Eduardo Javier Sánchez Torres, determinó que otros cuatro exfuncionarios relacionados con el caso podrán llevar el proceso penal en libertad. Para ellos, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) no solicitó al juez federal medidas cautelares. Los imputados que sí acudieron son: Jaime Ramón Herrera Corral, exsecretario de Hacienda; Pedro Mauli Romero Chávez, secretario de Finanzas y Administración del PRI estatal; Jesús Olivas Ármate, exdirector de Egresos, y Ángel Mézquitic Aguirre, exdirector de Programación y Control de Pagos y Seguimiento Financiero de Hacienda. Los cuatro están acusados de descontar 14 millones 609 mil 583 pesos a empleados de todos los niveles de las dependencias que forman parte del gabinete legal; además de que hay otras demandas por los descuentos a trabajadores de organismos descentralizados. La audiencia de vinculación o no a proceso está programada para el próximo martes 27 de junio. De acuerdo con el procedimiento legal, la FEPADE podría solicitar otra orden de aprehensión contra César Duarte, ya que no acudió a la audiencia. Para hoy también estaban citados el exdirector de Administración de Hacienda, Gerardo Villegas Madolescentes, -preso por el delito de peculado-; el exdirector de Recursos Humanos de Gobierno, Adrián D. D.; y la expresidenta estatal del PRI, Karina Velázquez Ramírez, quien tiene fuero porque es diputada local. De acuerdo con la investigación, los más de 14 millones de pesos fueron depositados en el 2015, en pleno periodo electoral, con entre 5% y 10% del salario de los trabajadores. Presuntamente, la forma en que desviaron el recurso fue a través de cheques entregados por 1.2 y 1.7 millones de pesos mensuales de la Secretaría de Hacienda al Servicio Panamericano que, a su vez, les entregaba el dinero en efectivo Pedro Mauli Romero. Según el portal local de noticias El Puntero, la representación social justificó que para que la causa penal 457/17 tuviera curso en las instancias federales, se basó en el artículo 21 fracción II de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que establece que era competencia de la autoridad federal perseguir y sancionar los delitos electorales, máxime cuando se trataba de delitos cometidos durante el proceso federal 2014-2015. La carpeta de investigación número FEPADE/UNAI/2259/2016, indica que la denunciante es la titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, Rocío Stefany Olmos Loya, quien estuvo presente la audiencia.