BOGOTÁ (apro).- Al menos durante cinco años, el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) utilizó el aparato estatal de inteligencia para espiar a activistas humanitarios, políticos opositores, magistrados y, desde luego, a periodistas. Eso ocurrió desde 2004 hasta 2009, año en el que se descubrió una operación de espionaje político a gran escala, de la cual dieron cuenta medios colombianos como la revista Semana. Así fue como el país conoció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el entonces organismo estatal de inteligencia, dedicó parte de sus recursos y de su personal a interceptar los teléfonos y los correos electrónicos de personas que le resultaban incómodas al gobierno de Uribe. Los colombianos conocen ese episodio como el escándalo de las “chuzadas”. Se usó el verbo “chuzar” como metáfora picaresca del acto de pinchar los cables de los teléfonos, aunque esto ya no es necesario para interceptar comunicaciones en la era digital. Igual que hoy ocurre en México con el presidente Enrique Peña, el gobierno de Uribe negó en un principio que espiara a periodistas y a opositores, y hasta se mostró indignado con las acusaciones –sustentadas con evidencias y testimonios— divulgadas por varios medios de comunicación. Igual que hoy ocurre en México, Uribe y sus voceros dijeron que no había pruebas de las “chuzadas”. Pero a diferencia de la pasiva reacción de la justicia mexicana, la justicia colombiana sí actuó en su momento contra los responsables del espionaje a dirigentes humanitarios, líderes políticos, magistrados del Poder Judicial y periodistas. Desde 2009 a la fecha, la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia de Colombia han abierto procesos penales o administrativos contra 68 exfuncionarios y exagentes del DAS, de los cuales más de la mitad están en la cárcel y 20 ya fueron condenados a penas de entre tres y 25 años. El lodo que salió del DAS cuando exagentes de ese departamento de inteligencia comenzaron a testificar a cambio de una rebaja de penas llevó, incluso, a la liquidación, en 2011, del organismo. Además de “chuzar” a periodistas y opositores, la institución que tenía entre sus funciones combatir al crimen organizado, acabó cooptada por los narco-paramilitares de extrema derecha que dominaron el tráfico de drogas en Colombia en la década pasada. Desde luego, aunque Uribe negó, como ahora lo hace Peña, que su gobierno espiara a periodistas, las evidencias que comenzaron a aparecer por las investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema fueron tan apabullantes, que, de la negación, el entonces presidente colombiano pasó a la auto-exoneración. Sus voceros dijeron que Uribe nunca supo de las “chuzadas” y que todo ocurrió a sus espaldas. El exjefe narco-paramilitar Diego Fernando Murillo, “Don Berna”, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2008, sostuvo ante la Fiscalía colombiana que la cúpula paramilitar colaboró estrechamente con el DAS en el espionaje a periodistas y opositores. “Empezamos a trabajar juntos para la Presidencia”, aseguró “Don Berna”. El hilo de la madeja El caso judicial derivado de las “chuzadas” sigue abierto. Apenas el pasado jueves 22 de junio, la Fiscalía acusó formalmente ante un juez al secretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Uribe, Edmundo del Castillo, por el delito de “concierto para delinquir”. Según los cargos, incurrió en “actuaciones ilícitas e ilegales de inteligencia”. Las investigaciones de las “chuzadas” iniciaron desde que estaba por finalizar el gobierno de Uribe y cobraron fuerza cuando éste concluyó su mandato, en agosto de 2010. Uribe, el expresidente que en un principio negó el espionaje ilegal y que adujo que no había pruebas de él, tiene hoy un proceso abierto ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (de diputados) por el caso de las “chuzadas”. Bastó que dejara el poder para que los responsables operativos del espionaje a periodistas, opositores, dirigentes sociales y magistrados comenzarán a revelar detalles del caso ante la justicia y a denunciar a sus jefes. Todo esto, a cambio de rebajas de penas. El director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) de Colombia, Pedro Vaca, dice que en su país hay antecedentes “gravísimos” del uso de herramientas de inteligencia del Estado para saber qué están investigando los periodistas e, incluso, para atacarlos hurgando en sus vidas privadas. Explica que la investigación de las “chuzadas” y las condenas contras los implicados han sido posibles por el particular interés de la Corte Suprema de Justicia en el caso, ya que sus magistrados fueron víctimas de espionaje durante el gobierno de Uribe, y por el cambio de gobierno, que facilitó las delaciones de los exagentes del DAS. El espionaje a la prensa, afirma Vaca, viola estándares de libertad de expresión y es, en sí mismo, un mecanismo de censura. “En vez de que un gobernante amenace con investigar a quienes denuncian que la inteligencia estatal se está utilizando mal, debería ofrecer informes de control interno de que la inteligencia se está usando con fines legítimos. Eso sería actuar con transparencia”, señala el director ejecutivo de la Flip. Ningún periodista en Colombia cree que el escándalo de las “chuzadas” logró acabar con el espionaje a los comunicadores, pero todos saben que las decenas de funcionarios investigados, procesados y sentenciados por ese caso son un precedente útil para una sociedad que, como la mexicana, está harta de la impunidad y de los abusos de sus gobernantes.