CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a los Estados del mundo erradicar las condiciones y circunstancias que los conducen a aplicar la tortura en nombre de la seguridad nacional. En un comunicado, explicó que “en una época en que la prohibición absoluta de la tortura se transgrede a menudo en todo el mundo” bajo ese argumento, es necesario ratificar “enérgicamente que esa práctica constituye una grave violación de derechos humanos”. Luego de que ayer se conmemoró el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, los especialistas reiteraron que “la prohibición de la tortura es ‘absoluta’ y su uso nunca puede justificarse, bajo ninguna circunstancia”. Nils Melzer, relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, aseguró: “La prohibición absoluta de la tortura y de cualesquiera tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes bien podría ser el logro más fundamental en la historia de la humanidad”. Y alertó que “cualquier tolerancia o permisividad hacia tales prácticas, por excepcional o bien argumentada que parezca, conducirá inevitablemente por la pendiente que lleva a la total arbitrariedad y el uso de la fuerza bruta, para desgracia de toda la humanidad”. De acuerdo con los expertos, es necesario insistir en que el derecho a no ser sometido a torturas “no puede ser suspendido por los Estados bajo ninguna circunstancia”. Agregaron que el uso de esta medida “destruye la dignidad humana fundamental, no sólo de las víctimas, sino también de los verdugos”. Jens Modvig, presidente del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, aseguró que ésta “destruye vidas y es una de las más brutales violaciones de derechos humanos… El carácter absoluto de la prohibición de la tortura se aplica en todos los casos, incluso en el contexto de la lucha antiterrorista”. Malcolm Evans, presidente del Subcomité para la prevención de la tortura, consideró que “la defensa de la prohibición absoluta de la tortura debe ser una prioridad para todos los Estados. Pero no todos la condenan tan categóricamente como deberían”. Luego, convocó a todos los Estados a ratificar y aplicar el sistema creado por la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo. Gaby Oré Aguilar, presidenta del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas de la tortura, destacó que “los Estados tienen la obligación de velar por la plena aplicación de la prohibición absoluta de la tortura. Es igualmente importante que los Estados cumplan con su obligación de proporcionar reparación y rehabilitación rápida y eficaz a las víctimas de la tortura y a sus familiares y pongan a su disposición los recursos que se necesitan con urgencia para responder al sufrimiento de miles de víctimas de la tortura en el mundo entero”. Los expertos coincidieron en que la erradicación de la tortura exige un nuevo compromiso de todos los Estados miembros de la ONU debe ser “encaminado a eliminar las condiciones y circunstancias que conducen a esta práctica”. Y concluyeron: “Cada país debe incorporar a su legislación las salvaguardas jurídicas necesarias para prevenir el surgimiento de esas condiciones y debe situar los derechos de las víctimas a recibir resarcimiento y rehabilitación en el centro mismo de esos esfuerzos”.