Funcionarios de la PGR involucrados en compra de Pegasus deben aclarar su uso: ONG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) cuyos nombres aparecen en el contrato de adquisición de un paquete de 500 infecciones del sistema Pegasus, con fecha 29 de octubre de 2014, deben ser llamados a testificar para que “aclaren” el uso que hicieron del software, urgió hoy un colectivo de organizaciones.

Entre los servidores públicos que firmaron el contrato por 32 millones de dólares destaca Tomás Zerón de Lucio, entonces a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Pro Juárez, la Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre otras organizaciones, insistieron en la necesidad de convocar a un panel de expertos y expertas independientes para supervisar la investigación de la PGR.

“Dado que es la misma PGR la que está a cargo de la investigación, esta revelación corrobora y hace más relevante la necesidad de generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación”, subrayaron.

“Puesto en duda el correcto uso del malware, corresponde transparentar los documentos y garantizar la máxima publicidad. La filtración anónima de contratos en medios de comunicación no subsume ese deber elemental de rendición de cuentas a cargo de la Presidencia de la República, hasta hoy ignorado”.

Y explicaron que los procesos de investigación que hasta el momento ha informado la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) son unilaterales y “no constituyen garantías de independencia adicionales”.

Consideraron que la filtración del contrato confirma que la PGR tiene el software Pegasus en su poder, pero advirtieron que otras dependencias también lo podrían haber adquirido.

“No hay un esquema de supervisión independiente sobre la investigación y los contratos no se han transparentado, prevaleciendo la opacidad hasta el extremo de que la FEADLE ni siquiera ha accedido a los convenios referidos”, reclamaron las organizaciones.

El programa Pegasus, cuya distribución se realiza de manera exclusiva a agencias gubernamentales, fue utilizado entre 2014 y 2016 para espiar desde celulares a activistas, periodistas y políticos, entre ellos Carmen Aristegui y su hijo Emilio, así como Mario Patrón –director del Centro Pro, que lleva el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa– o Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional (PAN).

“Es fundamental que a la brevedad se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con los procesos de contratación de tecnología de espionaje realizados por la PGR con NSO Group y otros proveedores similares, pero también los realizados por otras dependencias que pudieron haber adquirido spyware”, añadieron las organizaciones.

Anoche la periodista Denise Maerker dio a conocer en su programa televisivo el contrato que la AIC celebró con la empresa Tech Bull para adquirir un paquete de 500 infecciones de Pegasus, cuando la PGR estaba dirigida por Jesús Murillo Karam.

Minutos antes el periodista Carlos Puig presentó en su programa de Milenio TV un acta administrativa fechada en noviembre de 2015, en la que la AIC “entregó” el paquete de infecciones a la PGR, entonces a cargo de Arely Gómez.

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