CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, aseguró que la pobreza, exclusión, discriminación, violencia, desintegración familiar e ignorancia, inciden en forma negativa en la vigencia de los derechos de la infancia y adolescencia. A ello hay que añadir “situaciones y prácticas aberrantes e inaceptables como la trata de personas en muchas facetas y modalidades”, subrayó. En ese sentido, llamó a sociedad y autoridades a no cerrar los ojos o pretender que no existen la explotación, violencia y maltrato infantil y de adolescentes, y soltó: “No podemos permanecer indiferentes ante situaciones que niegan su dignidad y cancelan sus posibilidades de acceder a un desarrollo armónico y pleno”. El ombudsman nacional destacó que los problemas y retos que presenta el respeto y vigencia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes van desde lograr que sean considerados como sujetos plenos de derecho y no sólo como objeto de protección jurídica, hasta materializar las vías y medios para que tengan acceso efectivo a la justicia y hagan valer sus derechos, lo que reclama la acción conjunta y articulada de autoridades y sociedad. Resaltó la importancia de visibilizar y atender problemáticas como el trabajo de niñas, niños y adolescentes como jornaleros agrícolas, así como la relativa a la niñez y adolescencia migrante no acompañada, las cuales demandan atención y acción urgente, en tanto les niegan futuro y las posibilidades de una vida digna a la que tendrían derecho. De acuerdo con un comunicado de la CNDH, momentos antes de inaugurar el Foro de Análisis ”Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México y la Agenda 2030”, González Pérez señaló que la línea rectora de dicha Agenda es “no dejar a nadie atrás”. Advierte la especial importancia de las políticas públicas dirigidas a niñez y adolescencia, ya que los principales obstáculos para la materialización de la igualdad social, el acceso a la justicia y el cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado encuentran su origen en problemas estructurales que es necesario identificar para diseñar soluciones asequibles, eficientes y efectivas que realmente consideren su interés superior, dijo. El presidente de la CNDH refirió que de acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en nuestro país hay 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años de edad que trabajan, lo que no sólo afecta sus derechos, sino reduce su esperanza de vida como consecuencia de la condición de vulnerabilidad a la que están expuestos. Ante ello, mencionó que entre los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible existe vinculación recíproca, de manera que su cumplimiento abona necesariamente a la satisfacción de los derechos humanos, a la vez que sin la protección adecuada de los derechos y de las garantías sería imposible acceder a su plena satisfacción. Enfatizó que las metas de la Agenda 2030 se dirigen a hacer efectivos derechos elementales como a la salud, educación, igualdad sustantiva, a una vida libre de violencia, y priorizan la atención de graves problemas sociales como la pobreza, inequidad y desigualdad, además de que integran las perspectivas de género, ciclo de vida y transversalidad de políticas públicas. Expresó su certeza de que los resultados de este Foro tendrán incidencia positiva en el camino que aún falta por recorrer como sociedad y país, para alcanzar la vigencia plena de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En su oportunidad, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló la importancia de analizar los avances de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), y de trabajar en su implementación para resolver las cuestiones estructurales que generan violaciones a derechos humanos, especialmente a ese sector en situación de vulnerabilidad. Habló de la prioridad que tienen para el gobierno federal las causas de niñez y adolescencia, y recordó que este es el único caso en que el Ejecutivo ha echado mano de la iniciativa preferente. Sobre el tema, dijo, se han realizado acciones concretas como la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y la puesta en marcha de comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas, demostrando que garantizar el interés superior de la niñez es un tema central de esta política. Y subrayó que México fue uno de los primeros países en sumarse a la Alianza Global para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes promovida y respaldada por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por su parte, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó que las políticas públicas padecen “adultocentrismo” y que muchos de los objetivos de desarrollo sostenible tienen una dimensión importante de la niñez, a la que se debe empoderar, así como impulsar ciudades y asentamientos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y el acceso a la justicia. Señaló que uno de los principales retos de nuestro país es atender la desaparición de personas, que incluye a menores de edad; reflexionó sobre la situación de los adolescentes en el sistema de justicia juvenil, y refirió que en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales se necesita atender a los niños en extrema pobreza, exclusión social y marginación. En el contexto de los pueblos indígenas, se requiere atenderlos desde la educación en su lengua originaria hasta la prevención del matrimonio infantil. Sobre los migrantes, opinó que deben priorizarse los derechos de los menores de edad en esa condición, acompañados o no, además de brindar protección a los adolescentes de la diversidad sexual y población LGBTI, mientras que a las personas con discapacidad hay que darles soluciones inclusivas desde la infancia.