Alemania y México: espiando a periodistas

BERLÍN (apro).- El 30 de junio de 2015 la sección alemana de Reporteros sin Fronteras (ROG, por sus siglas en alemán) presentó una demanda en contra del Servicio Federal de Inteligencia alemán (BND), debido a que éste “indagó” sus comunicaciones electrónicas y almacenó ilegalmente datos de comunicaciones en el sistema de análisis VerAS, utilizado por la agencia alemana para realizar espionaje.

“Tales acciones ponen en riesgo tanto la confidencialidad de periodistas perseguidos en el extranjero, quienes buscan el apoyo de Reporteros sin Fronteras, así como el principio de la protección fuentes”, argumentó la organización.

A finales del 2016, el Tribunal Contencioso-Administrativo federal alemán solicitó al Servicio Secreto alemán una aclaración sobre la recolección de datos que realiza, toda vez que “expresó claras dudas respecto de la legalidad con la que lo realizan”, explicó en su momento Matthias Spielkamp, miembro de la junta directiva de ROG.

El caso aún no alcanza un veredicto final, pero es un claro ejemplo de cómo en Alemania organizaciones no gubernamentales defienden su derecho a no ser espiadas y, sobre todo, cómo la justicia –independiente del Poder Ejecutivo– exige explicaciones e investiga posibles ilegalidades y violaciones a la ley.

Aunque en Alemania, como en muchas partes del mundo, las prácticas de espionaje sobre objetivos cuestionables son comunes, el tema se toma muy en serio cuando se trata de profesiones como los periodistas.

En contraste con México –donde el tema recién volvió a colocarse en el centro de la discusión pública gracias al reportaje del New York Times que reveló el espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos–, en Alemania ni las autoridades ni la justicia menosprecian la relevancia del tema.

Vigilancia en el extranjero

En abril del 2015 se conocieron los alcances del espionaje en este país. Dos años antes el enojo e indignación se centraron contra el entonces gobierno de Barak Obama cuando se supo que los servicios de inteligencia estadunidenses habían intervenido desde el 2002 el celular de la misma canciller Angela Merkel.

El asunto se complicó cuando se reveló que el propio Servicio Secreto alemán habría colaborado con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para espiar a cientos de miles de ciudadanos, incluidos a miembros de gobiernos europeos.

El escándalo trajo como consecuencia que las fracciones parlamentarias de la coalición que gobierna el país acordaran una profunda reforma de la ley que controla al BND para restringir y limitar sus actividades. Pero el gobierno alemán alertó sobre el riesgo que implicaba una ley laxa ante el peligro inminente de ataques terroristas cometidos principalmente por extremistas islamistas. Así que, ante la resistencia del gobierno federal, se atenuó una versión de ley.

En octubre del año pasado el Parlamento aprobó la nueva ley, dividiendo a la opinión pública entre detractores y seguidores, toda vez que reguló la observancia de telecomunicaciones de extranjeros en el extranjero. Esto es: la nueva ley aprobó el seguimiento de teléfonos y conexiones de internet en el extranjero para detectar posibles amenazas contra el Estado alemán. Y para este mismo fin, la ley también autorizó al Servicio Secreto para interceptar nudos de comunicaciones dentro de la propia Alemania.

Los datos recabados por el BND, según la misma disposición, podrán mantenerse en posesión de la autoridad hasta por seis meses y ser compartidos con otros servicios como, por ejemplo, la NSA. En cambio, el espionaje económico, así como aquel en contra de jefes de Estado de países amigos, queda totalmente prohibido.

Y aunque la norma presenta obstáculos jurídicos para interceptar comunicaciones de ciudadanos e instituciones dentro de la Unión Europea, incluidos los periodistas, contiene una serie de excepciones que permiten espiar a objetivos dentro del espacio europeo.

Sin duda, se trata de una ley polémica, cuyos detractores señalan que lo que en realidad hace es legitimar el espionaje y reforzar el control masivo de información, dejando vulnerables a sectores como el de los periodistas o los abogados.

Proteger no, controlar sí

La sección alemana de Reporteros sin Fronteras da fe de esta preocupación en su último informe sobre la libertad de prensa presentado en abril de este año. En él aborda no sólo su propio caso sino el de al menos ocho periodistas alemanes a quienes de manera ilegal espiaron los servicios secretos alemanes.

En el caso de siete de ellos, en el estado federado de Baja Sajonia, ROG destaca la función del Parlamento local para controlar con mayor severidad a los Servicios Secretos: en el otoño de 2013 se conoció que cuando menos siete informadores habían sido observados a través de la Oficina de Protección de la Constitución de Baja Sajonia. Entre los afectados se encontró la experta en temas de extremismo de derecha, Andrea Röpke, quien fue espiada de 2006 hasta el 2012.

A fin de evitar casos similares, el Parlamento local determinó en septiembre de 2016 mayores controles para el servicio secreto e inspeccionar con regularidad si su trabajo de observación se enmarca en los límites legales.

Además del espionaje contra informadores dentro del país, ROG documentó también la vigilancia de servicios secretos extranjeros contra informadores alemanes y extranjeros dentro de suelo alemán, así como la observación de periodistas extranjeros en suelo extranjero por parte del servicio secreto alemán.

Dentro de todo este entramado de vigilancia y observación hay una diferencia entre México y Alemania: los periodistas y activistas alemanes pueden recurrir a la justicia con la seguridad de que el gobierno federal responsable de la vigilancia no tendrá injerencia en las investigaciones sobre la legalidad o no de sus actos. En México no se corre con la misma suerte.

Así lo reconoce el jefe de prensa para América Latina de ROG, Christoph Dreyer: “Lo que sucede en México es un problema, porque cuando no existe o funciona el estado de derecho, es difícil recurrir a la justicia”.

Más aún: “Lo que revela este espionaje dado a conocer por el New York Times es que cuando menos parte del Estado no tiene el interés de proteger a los periodistas, sino más bien controlarlos y eso es muy grave”, señaló en breve entrevista con Apro.

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