“El Yugo Zeta” en Coahuila: control de penales, secuestros, matanzas, quema de cuerpos…

Coahuila: Entre el infierno y la esperanza

Coahuila, una de las entidades del país más castigadas por la violencia, concentra un dramático número de casos de desapariciones forzadas, en muchas de las cuales toman parte las fuerzas públicas. Pero al tamaño de la tragedia no le ha seguido una labor de la misma dimensión para hacer frente a este gravísimo problema, razón por la cual los familiares de las víctimas –a riesgo de quedarse sin empleo, ver rota su estructura familiar y perder todos sus bienes– decidieron asumir las investigaciones que las autoridades eluden. Este es el primero de una serie de reportajes, que incluirá otros estados, en el que Proceso ofrece un panorama de este infierno que no acaba.

EJIDO SANTA ELENA, Coah. (Proceso).- Con extrema meticulosidad, Silvia Ortiz examina las piedras, la arena y el carbón que los agentes de la policía ministerial de Coahuila han colocado sobre una mesa después de cernirlos con una malla. Con guantes estériles inspecciona pequeños trozos negros de menos de un centímetro de longitud y los separa del resto de residuos.

“Este es un pedacito de hueso. Lo distingues por su porosidad, dureza y brillo. Hay que separarlo para que lo analicen. Aunque sea un pedacito chiquito, es alguien que fue amado, y lo necesitan en una casa”, explica Silvia, presidenta del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), mientras estudia el material que había sido descartado por peritos forenses durante una excavación previa, en una zona poblada por abetos a unos cien metros.

Óscar Sánchez, esposo de Silvia, comenta: “Desde hace dos años decidimos salir a buscar en el monte y el desierto a nuestros seres queridos. Ya nos hicimos expertos en identificar sitios donde podría haber restos, pero nuestro trabajo no termina ahí: supervisamos a los peritos. Un huesito que se quede entre la tierra tal vez sea lo único que quede de una persona”.

Detrás de la zona resguardada por cintas amarillas, peritos vestidos con monos blancos escarban más o menos a 50 centímetros de la superficie, ennegrecida por el fuego, y rescatan pedazos de material negro. Durante aproximadamente tres horas extienden sobre pliegos de papel kraft incontables trozos de huesos humanos quemados con dísel. Entre ellos se distinguen partes de cráneo, dientes y falanges, según explican los analistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJE).

Este ejido es uno de los cuatro puntos de La Laguna donde Vida ha hallado fosas clandestinas desde marzo del año pasado. Los otros son Patrocinio, Estación Claudio y San Antonio de Gurza. El grupo ha encontrado miles de fragmentos óseos. Sólo en Patrocinio extrajeron 85 mil pedacitos de huesos humanos calcinados. ¿Osamentas completas? Sólo 10.

Los sepulcros ilegales corresponden al modus operandi de Los Zetas, que sentaron sus reales en Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira (2005-2011) y se mantuvieron los dos primeros años de la administración de su hermano Rubén, quien dejará el cargo en noviembre próximo.

El subprocurador de Personas Desaparecidas de la PGJE, José Ángel Herrera, informa que en Coahuila permanecen abiertos mil 815 expedientes por desaparición, la mayoría sobre hechos ocurridos entre 2006 y 2012.

Así, quien gobierne Coahuila a partir de diciembre próximo deberá esclarecer esos casos e identificar los miles de restos encontrados en la entidad, entre los que destacan 458 cuerpos depositados en fosas comunes como parte del Plan Estatal de Exhumaciones acordado por el gobierno de Rubén Moreira y los cuatro colectivos de familiares de desaparecidos de la entidad: Vida, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (de Piedras Negras) y Alas de Esperanza (Allende).

Madre de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida en 2004, Silvia Ortiz dice: “Sé que a mi hija no la voy a encontrar entre los restos calcinados, porque esa técnica la empezaron a usar los delincuentes después de que se llevaron a mi niña, pero yo sé lo que sienten mis compañeras: una gran desesperación de ver a funcionarios que se dedican a hacer oficios de colaboración o que te piden que les lleves a los testigos y hasta que consigas los teléfonos de los responsables de llevarse a tu hijo o hija”.

Silvia, quien fue maestra de secundaria, inició la búsqueda en enero de 2015 acompañada de otros familiares de desaparecidos y de su esposo. Al principio iban por su cuenta y riesgo a verificar las versiones anónimas de la ubicación de sitios “de exterminio”, como les han llamado, pero a partir de mayo de 2015 empezaron a ser resguardados por elementos del Ejército Mexicano, la Policía Federal y agentes ministeriales.

“Las autoridades de la procuraduría entendieron que debían acompañarnos, aunque todavía les falta agarrar la pala y la varilla para buscar restos”, dice.

Voluntad inquebrantable

Sábado 3 de junio. Los integrantes de Vida enfilan rumbo a La Gilita, Matamoros, zona desértica a 30 minutos de la carretera, para buscar vehículos abandonados relacionados con casos de desaparición.

Escondiéndose de los rayos del sol –mien­tras Silvia, policías federales y militares buscan el número de identificación de una camioneta enterrada– cuatro integrantes del grupo bromean entre ellas.

Han acudido a la mayoría de las búsquedas y encontrado restos en alrededor de 10 sitios. De origen humilde, las mujeres cuentan que han perdido sus pocos bienes por allegarse recursos para dedicarse a la búsqueda de sus hijos o hermanos. Procuran conseguirse trabajos que les permitan tener libres los sábados para poder participar en los rastreos, labor que las aleja de sus parejas, familias y amigos.

“Cuando encontramos restos, a todas nos da para abajo, nos sentimos tristes porque no queremos que sea nuestro hijo, y a la vez satisfechas porque pensamos que esa personita ya va a regresar a casa”, comenta Sonia Castañeda, madre de Guillermo Contreras, desaparecido por policías municipales en julio de 2014, en Torreón.

“No nos sentimos solas porque otra persona no te va a entender. Sentimos feo que nos digan: ‘Ya deja de buscar, ha de estar muerto, déjaselo a Dios’”, añade Rosa María Flores García, madre de Sergio Vázquez, desaparecido en febrero de 2010 también por policías municipales de Torreón.

Acompañadas de Rocío Hernández –hermana de Felipe Hernández, levantado en una ranchería de Torreón en 2011 presuntamente por miembros de la delincuencia organizada– las tres mujeres narran las vicisitudes que han atravesado en el intento por que sus casos sean investigados. Aún no tienen respuesta, pese a que en los casos de Sonia y Rosa los responsables están plenamente identificados.

La presión de los colectivos, eso sí, ha empujado al gobierno de Rubén Moreira a promulgar reformas a la constitución local y al Código Penal contra la desaparición forzada y la perpetrada por particulares, así como la Ley de Presunción de Ausencia por Desaparición, además de apuntalar la identificación de restos, crear instituciones para la búsqueda o colaborar con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Cruz Roja Internacional y contratar servicios de un laboratorio privado para la identificación forense.

En lo anterior coinciden María Elena Salazar y Ángeles Mendieta, madres de Hugo Marcelino González e Iván Baruch Núñez, respectivamente, desaparecidos en 2009 y 2011. Ellas son integrantes de Fundec, que agrupa a 120 familias que exigen conocer el destino de 490 personas.

Entrevistadas ante el inconcluso Memorial de los Desaparecidos (en la Alameda Zaragoza, de Torreón, y promovido por el entonces alcalde priista Javier Riquelme –cuya elección como gobernador está en litigio), reprochan que el estado no haya realizado búsquedas en vida, y que ahora los esfuerzos se centren en el rescate de restos.

“¿Para qué tantos huesos si no hay recursos e infraestructura para identificarlos?”, cuestiona Mendieta.

Terror policiaco

En Piedras Negras, Hortensia Rivas y Yolanda Vargas, fundadoras de Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, han documentado 115 casos ocurridos desde 2009, 95 encuadrados en el delito de desaparición forzada.

Madre de Víctor Manuel Guajardo (sacado de su casa por efectivos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, GATE, en julio de 2013) Hortensia Rivas asevera que policías de esta corporación han confesado ante la organización civil que “los había mandado el gobernador y que su orden directa era ‘matar a todas las personas de la delincuencia’; pero aquí se fueron muchas personas inocentes. No investigaban. Venían, te agarraban y te desaparecían”.

Hortensia y su grupo empezaron a destacarse en manifestaciones, pero conformaron un colectivo dedicado a rescatar personas desaparecidas, muchas de ellas detenidas ilegalmente por efectivos de Fuerza Coahuila, mediante la interposición de amparos y movilizaciones hacia las oficinas estatales.

El caso de Víctor Manuel fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pues sigue impune no obstante que hay dos presuntos responsables detenidos, procesados por otros cargos.

Creado en 2011 durante el gobierno de Rubén Moreira, el GATE es sinónimo de terror en Coahuila, aun cuando en 2016 se le cambió el nombre por el de Fuerza Coahuila y se le regularizó dentro de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Entre la población, a sus elementos se les sigue llamando “gates”.

Yolanda es madre de Brenda Melina Zúñiga, policía municipal desaparecida en 2010 después de haber sido acosada por su jefe inmediato, quien le pidió su renuncia. Días después de la desaparición, el automóvil de Brenda fue visto en las calles de Piedras Negras manejado por personal de la policía municipal, sin que hasta ahora haya resultados de las indagatorias.

“Para nosotras no hay más responsables que el gobierno, porque no ha hecho nada por resolver los casos, como la denuncia que recibimos de manera anónima de un exreo al que hicieron cavar tumbas en el penal de Piedras Negras, y quien nos dijo que ahí llevaban a personas a las que extorsionaban y después mataban”, apunta Hortensia Rivas y recuerda que en diciembre de 2014 la PJE sostuvo que en 2011 el penal fue utilizado para incinerar 150 personas luego de ser asesinadas.

Mujeres en el frente

Olga Lidia Saucedo es la presidenta de la asociación civil Alas de Esperanza, de Allende. En ese municipio, de acuerdo con versiones periodísticas, 300 personas fueron secuestradas y ejecutadas por órdenes de Los Zetas.

Madre de Atzy Adamary Reyna –desaparecida en Piedras Negras junto con su esposo, Alfredo Ruiz, y nueve miembros de su familia en diciembre de 2011– Saucedo representa a un centenar de familias de la región conocida como Cinco Manantiales (Allende, Nava, Morelos, Zaragoza y Villa Unión).

Entrevistada en el panteón municipal de Acuña mientras se llevan a cabo dos exhumaciones, Olga Lidia (nombrada Mujer con Valor 2016 por el gobierno de Moreira) cuenta que en marzo del año pasado personal de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas le informó que su hija, junto con 10 personas, fue sacada de la casa de su consuegra. “Los llevaron a un baldío, ahí los mataron, los llevaron al Cereso (de Piedras Negras), los quemaron y por último los tiraron en un río”.

Esa es la versión oficial y ella la cree.

Cercana a las autoridades, Saucedo dice que su asociación ha logrado localizar personas vivas y muertas, como un niño encontrado en 2016 en el Estado de México y que tenía un año cuando acabaron con su familia en 2011. Refiere que hay altas posibilidades de que la persona que fue exhumada el pasado 17 de abril en Acuña sea el hijo de una de sus afiliadas, desaparecido en octubre de 2014 en Zaragoza.

“Encontrar de una forma u otra a los desaparecidos nos da fuerzas para olvidar lo negativo y buscar a más”, puntualiza la presidenta de Alas de Esperanza.

En el reciente Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Coahuila es identificado como una de las cinco entidades que acumulan más de la mitad de los 30 mil reportes de personas desaparecidas (las otras son Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Tamaulipas). En Coahuila supuestamente se han localizado 51 entierros ilegales con 59 cadáveres, de acuerdo con los informes enviados por el gobierno de Moreira al organismo, pero estas cifras contrastan con las 73 fosas y los 364 restos humanos reportados por medios de comunicación, según un recuento de la CNDH.

En ese mismo documento, dicho organismo alertó acerca de inconsistencias entre lo que le reportaron por separado dependencias de la misma PGJE sobre desapariciones forzadas. Mientras la Dirección General de Control de Procesos respondió que no había encontrado “datos o registros de procesos penales que se hayan iniciado con motivo del delito de desaparición forzada”, la Subprocuraduría de Desaparición de Personas notificaba de dos consignaciones por ese delito, una ejecutada en Monclova por hechos ocurridos en 2009, y otra Piedras Negras por sucesos de 2013. También refería que en 2014 se ejerció acción penal contra seis probables responsables de cuatro casos.

La postura oficial

En materia de desaparición forzada no hay acuerdos en la PGJE. En entrevista, el subprocurador José Ángel Herrera afirma que la dependencia tenía registros de ocho expedientes contra agentes de seguridad pública municipal de Sabinas, Monclova, Saltillo, Piedras Negras y Nava, por delitos cometidos antes de 2012, y que en la actualidad no había denuncias contra agentes estatales.

Sobre el ataque de Allende, Herrera desmiente las versiones de la desaparición masiva: “Jamás hubo una situación de 300 personas desaparecidas; lo que hubo fue un desplazamiento dentro de la entidad y al menos 20 personas pidieron asilo político. Incluso en los registros oficiales, en 2011 el total de personas desparecidas en Allende es de 45”.

Con una plantilla de 32 agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría, Herrera afirma que hay avances en la materia, entre ellos la inversión de 30 millones de pesos para la construcción y equipamiento de un laboratorio forense.

(Este reportaje ha sido posible por el apoyo generoso del pueblo de Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad de Proceso y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.)

Comentarios