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Organizaciones vecinales rechazan PGDU por favorecer “megaproyectos inmobiliarios”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones y colectivos ciudadanos de las 16 delegaciones se pronunciaron contra el Programa General de Desarrollo Urbano 2016-2030 (PGDU) propuesto del jefe gobierno Miguel Ángel Mancera, por considerar que únicamente favorece a los “megaproyectos inmobiliarios”.

En la primera de las tres audiencias públicas que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) organizó para revisar 896 propuestas específicas de modificación al PGDU, vecinos de diferentes colonias consideraron que el plan incentiva la política de privatización de los espacios públicos de la capital, en detrimento del medio ambiente y la movilidad.

Dentro del recinto legislativo, dijeron que se construyen unidades habitacionales “agresivas” y sin interés social que no toman en cuenta el valor histórico y cultural de las localidades, colapsan los servicios urbanos y desplazan a los sectores más pobres.

“El jefe de gobierno se ha convertido en un agente inmobiliario. Respeten a los ciudadanos, respeten la ciudad”, exigió el grupo ciudadano Movimiento de Unidad y Encuentro Vecinal (Mueve-CDMX).

Los activistas se mostraron molestos por la política de redensificación en 10 delegaciones, así como por la aprobación de usos de suelos mixtos. Ambos aspectos son la espina dorsal del PGDU enviado por el mandatario local a los legisladores el 23 de noviembre de 2016.

En la sesión, los colonos abuchearon a los coordinadores de las comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Margarita Martínez Fisher (PAN); Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, Antonio Xavier López Adame (PVEM); Vivienda, Dunia Ludlow Deloya (PRI), y a la secretaria de Medio Ambiente del gobierno capitalino (Sedema), Tanya Müller García.

A todos ellos les reprocharon airadamente lo insuficiente y amañado del mecanismo de consulta pública y las mesas de trabajo efectuadas el año pasado por el Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable (Conduse) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Las organizaciones denunciaron que el PGDU violó el artículo 16 de la Ley de Asentamientos Humanos, relacionado con la consulta pública para modificar el proyecto. Explicaron que el periodo para las consideraciones ciudadanas se fijó hasta el 31 de octubre del 2016; sin embargo, adujeron que el 22 de noviembre se hizo llegar a la Comisión del Gobierno de la ALDF el documento terminado.

Otra de las acusaciones planteadas en la audiencia fue que la Seduvi reservó la información relativa a la elaboración del proyecto y el contenido de la consulta pública, luego de la solicitud de información 0105000229317 hecha por el colectivo Vecinos Unidos-Comité Vecinal San Ángel.

Por estas razones, los colectivos manifestaron estar “completamente en contra” del Programa e hicieron un llamado a los diputados a no aprobar la iniciativa.

El resto de las audiencias están programadas para el viernes 7 de julio de las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.

Daños a los pueblos originarios

Horacio Artemio Martínez Mesa, representante algunos pueblos y barrios originarios de las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan, denunció que la Seduvi incumplió con el proceso de consulta pública. Dijo que la secretaría no ofreció información previa y adecuada -en lenguas indígenas y con términos accesibles- sobre el proyecto.

Y es que, el formato estipulado por la ALDF para participar en las audiencias públicas obligó a los ciudadanos a hacer uso de internet y a conocer términos técnicos complejos, según añadió Josefina Mac Gregor, del colectivo Vecinos Unidos – Comité Vecinal San Ángel.

La representante vecinal alertó que, de aprobarse el PGDU, se violarían los derechos de los pueblos originarios porque éste no reconoce el régimen de propiedad ejidal y comunal que aún prevalece en estas localidades y que conforma 58% de los suelos de conservación de la ciudad.

Por separado, Víctor Toledo, especialista en Derecho Indígena, aseguró que la consulta a los pueblos originarios es una obligación del gobierno local debido a sus suscripciones legislativas internacionales, como la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Así lo dijo, al participar en el Seminario permanente sobre derechos indígenas en la Ciudad de México.

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