CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD ordenó a la Mesa Directiva y al Comité Ejecutivo Nacional que, “de manera inmediata”, elaboren, emitan y publiquen la convocatoria para la renovación de todos los órganos de dirección del partido a escala nacional, estatal y municipal. Sin embargo, para el dirigente de Militantes de Izquierda (Miz), Carlos Sotelo, así como para Pablo Gómez, uno de los fundadores del partido, dicha resolución está “amañada”, debido a que de acuerdo con los tiempos que dicta la ley, ya no se podrá convocar a una elección abierta hacia la militancia, sino que se llamará a un “congreso electivo”, donde 300 perredistas de las corrientes mayoritarias del partido serán quienes definan a la nueva dirigencia que preparará las elecciones del 2018. “Esta es una resolución tramposa, mañosa, de pillos porque después de mucho tiempo de litigio nos dan la razón, dicen ellos, se declara fundado nuestro reclamo de denunciar la omisión de no expedir la convocatoria. Pero establecen tiempos, no procedimientos”. Es decir, acusó Sotelo en entrevista con Apro, “van a citar a una sesión al Consejo Nacional el 15 y 16 de julio y, lo que sabemos por voz de los representantes de Vanguardia Progresista y Nueva Izquierda, es que esta convocatoria será a un Consejo Electivo para que 300 personas elijan una nueva presidencia nacional y un nuevo CEN. Eso es una impostura”. También señaló que el procedimiento establecido en sus estatutos es que se debe convocar a una elección general, en urnas, donde todos los afiliados puedan ir a votar. Por eso, cuestionó que esta resolución sólo establezca tiempos, no procedimientos que marca el estatuto, ya que se deja el margen suficiente para que la mayoría en el Consejo Nacional determine, con una serie de argumentos ilegales, que ya no se puede realizar la elección general y, por lo tanto, hacerlo solamente con un Consejo con carácter electivo. “Eso será ilegal porque conculca los derechos de los militantes. Será una forma de autorreproducirse del actual bloque que tiene el control de los órganos de dirección. Es una especie de autoprórroga la que pretenden darse. Es como si un gobernador, al terminar su mandato, lograra que la Cámara de Diputados de su estado le autorice seis meses más en el cargo porque la mayoría de la Cámara así lo determinó”, ejemplificó. Luego explicó que los plazos que da la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD “rebasan los tiempos legales”, pues a la actual dirigencia se la eligió hace tres años, el 7 de septiembre de 2014, y si la convocatoria se debe emitir por lo menos 60 días antes de la elección, se debe emitir este viernes 7, y apenas les notificaron de esta resolución que está fechada el lunes 3. “El 7 de julio traspasa el tiempo legal para haber emitido la convocatoria, conforme a los tiempos a los que el partido está obligado. Y empezamos ya a entrar en la ilegalidad. Por eso yo sostengo que esta resolución, de solamente establecer tiempos y no procedimientos, es una impostura, pues el argumento de la mayoría será que ya no hay tiempo para convocar a las elecciones internas”, alertó. Por su parte, Pablo Gómez consideró que la Jurisdiccional acató la decisión del TEPJF porque, de lo contrario, los multarían y, para evitarlo, pues emiten una resolución ordenando al CEN que convoque al Consejo y que, de acuerdo con el estatuto y con el calendario, fije fechas y plazos señalados en el Reglamento de Elecciones. “El problema está en que, si aplican ese Reglamento, emitido por el propio Consejo Nacional del partido, se van a topar con la imposibilidad legal de hacer las elecciones, pues la ley dice que no puede haber elecciones en un partido cuando se inicia el proceso electoral, y éste empieza en septiembre”, explicó. De acuerdo con su análisis, como no hay tiempo para la elección, los grupos que controlan al partido van a declarar que le van a decir al Tribunal que obedecieron su orden, “pero no hay tiempo, no pueden convocar porque la ley se los impide. Entonces es una engañifa todo, desde la resolución del Tribunal que es correcta pero inviable, la tomada por la Comisión Nacional Jurisdiccional por la orden que le dio el Tribunal, que también es correcta pero inviable. Y lo único que va a funcionar es el plan con maña que elaboraron estos grupos para evitar las elecciones”, indicó. Ahí no acaba, dijo. “Tendremos un problema más duro”, advirtió, porque el Consejo Nacional que puede nombrar presidente interino y el CEN habrá caducado cuando lo haga. Lo va hacer un día antes de caducar, entonces el partido se va a quedar sin Consejo”, añadió. Luego resaltó que pasará lo mismo con los delegados electos al Congreso Nacional “y todas las direcciones estatales habrán caducado, entonces habrá un lío en los tribunales porque toda la estructura de dirección y de representación del partido ha caducado. Para evitar todo esto, le vamos a solicitar al Tribunal que resuelva este problema asumiendo una función de plena jurisdicción. “Es decir, que convoque directamente a las elecciones para realizarse antes del plazo legal de septiembre, porque de otra manera no se puede”, destacó. En su opinión, la actitud de Vanguardia Progresista, ADN y NI, “tribus” que controlan el partido, “es un fraude” y quizá “un complot” urdido con el Tribunal Electoral, pues se tardaron mucho en resolver las quejas interpuestas, acusó. El 28 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD que en tres días “emitiera una nueva determinación para garantizar los derechos de la militancia”, pues la Jurisdiccional había declarado “infundadas” las quejas de los perredistas Rey Morales, Carlos Sotelo y Margarita Guillaumín, quienes se quejaron porque se estaba retrasando la elección de la nueva dirigencia de manera deliberada, con la finalidad de que el proceso no fuera organizado por el INE ni por el partido, o que llamaran a Congreso Nacional para elegirlos o decidir que se queden los actuales hasta después de las elecciones del 2018. La resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, fechada el lunes 3, pero que se les dio a conocer a las corrientes este jueves 5, señala que debido a que el periodo de permanencia en la dirigencia es de tres años, los cuales iniciaron el 4 de octubre de 2014, concluirán el mismo día, pero de 2017. “Si el artículo 25 del Reglamento General de Elecciones y Consultas señala que se debe publicar la convocatoria a más tardar hasta sesenta días antes de una elección de carácter nacional, y al encontrarnos en el mes de julio de 2017, es decir, a tres meses de que concluyan las labores de la actual dirigencia nacional, resulta procedente que los órganos internos de este instituto político den continuidad al proceso de renovación, mismo que fue activado por los acuerdos ACU-CEN-014/2017 y ACU-CEN-020/2017”, indica. Francisco Ramírez Díaz, presidente de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, reculó en su primera resolución y aceptó que “son fundados” los argumentos de los quejosos, lo cual repercute en la orden dictada a la Mesa Directiva y el CEN perredista. “Realizado lo anterior, queda obligada la Mesa Directiva del Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática a informar a este órgano jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas siguientes, aquello que tenga lugar del cumplimiento dado a la presente resolución”, destaca.