CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió al Congreso de Chihuahua adecuar el Código Penal local a la iniciativa presentada por el ejecutivo estatal para tipificar el delito de feminicidio. En un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos destacó que la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas es prioritaria y la dimensión penal del problema es relevante para lograr ese fin. No obstante, consideró que no es suficiente y por ello “deben fortalecerse los esfuerzos para que cada autoridad del país, desde el ámbito de sus respectivas atribuciones, haga frente a la violencia feminicida” que padecen mujeres y niñas del país y del mundo. Consideró que el reconocimiento jurídico del conjunto de prácticas que atentan contra la vida de las mujeres, en ejercicio de la violencia y discriminación por razones de género, “contribuye a hacer frente a contextos de violencia extrema”. En ese sentido, señaló que la tipificación del feminicidio en Chihuahua “es un imperativo”, pues es obligación del Estado mexicano garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres y niñas, así como investigar e impartir justicia con perspectiva de género. “Incluir el feminicidio como delito autónomo es el principio para sancionar la privación de la vida de las mujeres por razones de género”, subrayó. Además, la CNDH indicó que es “fundamental” que los poderes del estado de Chihuahua atiendan lo dispuesto en los instrumentos internacionales en torno al feminicidio y tengan en cuenta que esa entidad “es la única que no prevé ese tipo penal”. Y recordó que la solicitud a Chihuahua para proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en contextos de violencia extrema, quedó de manifiesto a nivel internacional a través de la sentencia en 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denominada “Caso González y Otras (“Campo algodonero”) vs. México”. Añadió que en 2013, como parte del Examen Periódico Universal (EPU), realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas al Estado mexicano se concluyó la importancia de dar solución a varios temas, entre ellos “unificar, sobre la base de criterios objetivos, las diversas definiciones de feminicidio en los códigos penales del país”.