Abogados y defensores de los derechos humanos en la Ciudad de México lamentan que Rodolfo Ríos Garza haya dejado la procuraduría capitalina sin que se le finque responsabilidad por las irregularidades que enturbiaron casos como los del Heaven, Yakiri, Narvarte y Lesvy. A su juicio, el amigo del jefe de Gobierno deja a la institución hundida en la ineficiencia y a la ciudad con altos índices delictivos. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 24 de junio terminó una de las etapas más oscuras de la procuración de justicia en la capital del país durante las dos décadas que la ha gobernado el PRD. Esa es la opinión de litigantes y defensores de derechos humanos en torno a la salida de Rodolfo Ríos Garza de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) una semana después del alboroto provocado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con la orden y contraorden de que renunciara su gabinete (Proceso 2121). Blindado por su añeja amistad con el jefe de Gobierno, el abogado egresado de la Universidad del Valle de México no cumplió la misión de investigar y perseguir los delitos que se cometen todos los días en la metrópoli –cada vez con mayor frecuencia y violencia–, torció la ley para salvaguardar su imagen, actuó por consigna en determinados casos y revivió vicios que supuestamente se habían erradicado. En los cuatro años y medio que duró su gestión, a decir de los entrevistados Ríos Garza consintió un sinnúmero de detenciones arbitrarias e ilegales; fabricó pruebas; toleró la práctica de la tortura; estigmatizó y criminalizó a víctimas, condujo con opacidad y administró a su conveniencia indagatorias relevantes, echó mano de colaboradores inexpertos y recurrió a filtraciones para desviar la atención e incluso el curso de algunas investigaciones. Karla Michel Salas Ramírez, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), menciona que Ríos Garza marcó su gestión desde su inicio, el 5 de diciembre de 2012, al consignar con pruebas falsas a los jóvenes detenidos de manera arbitraria durante la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, cuatro días antes. “Lo hizo a pesar de que demostramos que las detenciones fueron ilegales, que se habían fabricado pruebas. Desde un principio se vio que Ríos Garza estaba ahí para responder a criterios políticos, no para procurar justicia”, dice la litigante. En entrevista por separado, el padre Miguel Concha pone el ejemplo de la detención y consignación de 11 jóvenes durante la movilización del 20 de noviembre de 2014. El director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria recuerda que los muchachos fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), por la presunta comisión de delitos federales. De la SEIDO los trasladaron a cárceles federales. Las mujeres a la de Tepic, Nayarit, y los hombres a la de Veracruz, con un claro propósito: contener eventuales protestas de las organizaciones civiles para exigir su liberación. “Este tipo de situaciones fueron recurrentes en la ciudad. La PGJ-CDMX consignaba a los detenidos en juzgados alejados del centro de la capital o los remitía a la PGR para desalentar cualquier intento de protesta masiva, en franco desacato al protocolo de detenciones en contexto de manifestaciones, el cual establece la obligación de la autoridad ministerial de preservar en todo momento la cadena de custodia”, explica. Los litigantes y defensores de derechos humanos consultados destacan la opacidad y deficiencias con que Ríos Garza condujo investigaciones de alto impacto, como los casos Heaven, Yakiri, Narvarte y recientemente el de Lesvy, la joven cuyo cadáver fue encontrado en el campus de la UNAM. Violencia institucional El 21 de junio, tres días antes de la renuncia de Ríos Garza, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 4/2017 a la PGJ y al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad por el caso Narvarte. En el documento de 17 cuartillas, el organismo que dirige Perla Gómez Gallardo exhibe abiertamente la deficiente actuación de la autoridad ministerial en la investigación de los asesinatos de Nadia Dominique Vera Pérez (defensora de derechos humanos), Milena Virginia Martín (modelo colombiana), Yessenia Atziri Quiroz Alfaro (maquillista), Rubén Espinosa Becerril (fotoperiodista) y Olivia Alejandra Negrete Avilés (trabajadora doméstica) en un departamento de la colonia Narvarte. En la revisión de las actuaciones ministeriales, la comisión encontró que carecen de una investigación adecuada, diligente, oportuna, eficaz y exhaustiva. “Desde un inicio no se actuó conforme a los protocolos de investigación determinados por cada delito, pese a que el propio jefe de Gobierno de la CDMX instruyó (que) se abrieran todas las líneas de investigación… y tampoco se estableció una línea de investigación especial para el esclarecimiento de los hechos que consideraran que los mismos se pudieron haber producido con motivo de alguna característica particular de la víctimas, como género, ejercicio periodístico y defensa de derechos humanos”, dice la recomendación. Con base en tales consideraciones, la CDHDF determinó que la PGJ-CDMX incurrió en las siguientes violaciones a las garantías individuales consagradas en la Constitución: al debido proceso y diligencia; a la verdad y a la justicia; a la integridad personal; a la honra y a la dignidad, y a la de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo, acusó a la procuraduría capitalina de exponer, prejuzgar y discriminar a las víctimas. Por ejemplo, a Rubén Espinosa la PGJ-CDMX lo etiquetó como consumidor de drogas e incluso lo vinculó con otros delitos, mientras que a las mujeres las acusó de consumir alcohol y enervantes. En el caso particular de la modelo colombiana, difundió que se dedicaba al sexoservicio y la venta de droga al menudeo; más aún, filtró la versión de que mantenía una relación amistosa con los presuntos asesinos. “Las mujeres fueron víctimas de la violencia institucional desde el momento mismo en que la indagatoria ni siquiera tomó en cuenta la condición de género de cuatro de las víctimas”, consigna la recomendación. En la entrevista, Salas Ramírez recuerda que cuando se creó la agencia especializada en feminicidios se diseñó un protocolo de actuación que la procuraduría capitalina pasó por alto en los casos Yakiri, Narvarte y Lesvy. A esta última joven la PGJ la estigmatizó y criminalizó antes de que corriera la investigación. El 3 de mayo pasado, unas horas después del hallazgo del cadáver, la entonces directora de Comunicación Social de dicha dependencia, Elena Cárdenas Rodríguez, subió a la cuenta oficial de la procuraduría dos tuits en los que destacaba que Lesvy Berlín Osorio Martínez había ingerido alcohol y consumido drogas con su novio en las horas previas a su muerte y que había abandonado sus estudios en el CCH Sur desde 2014. Esos comentarios provocaron un alud de críticas por parte de tuiteros y organizaciones civiles, al punto de que Ríos Garza debió intervenir. En su cuenta personal de Twitter trató de atenuar la ofensa: “Los tuits emitidos por Comunicación Social de la procuraduría acerca de la muerte de una joven en la UNAM son inapropiados”, escribió en su primer mensaje. En el segundo añadió: “He instruido se retiren de inmediato de las redes, toda vez que son contrarios a protocolos y principios de la PGJ-CDMX”. Y remachó con un tercer tuit: “Jamás, la conducta la vida privada o la condición social de una víctima afectará una investigación. He instruido a rectificar este grave error”. El CDH Fray Francisco de Vitoria ha estado cerca del caso como acompañante de los familiares de la víctima y, a decir de su director, el padre Concha, el trato que la PGJ le dio a Lesvy fue “indignante” por donde se le vea. Según el decano de los defensores de derechos humanos en el país –su agrupación acaba de cumplir tres décadas–, la procuraduría no se apegó desde el principio al protocolo de feminicidio y, por si fuera poco, mantiene en la opacidad la carpeta de investigación. A casi un mes del crimen, los abogados del CDH no han tenido acceso al expediente completo. Según el padre Concha, la PGJ se niega a proporcionarles las fojas y las fotografías del hallazgo y levantamiento del cuerpo de Lesvy, indispensables para la elaboración de un peritaje independiente. “Nos dicen que se encuentran en la PGR. Vamos allá y nos responden que no tienen nada, que la procuraduría capitalina no les ha turnado ningún documento. Luego salen con que no es procedente, violentando lo que en el nuevo sistema penal acusatorio se conoce como derechos de las víctimas y victimales (abogados)”, refiere. Conducción deficiente Karla Michel Salas y Darío Peña Rodríguez, de la ANAD, coinciden en que parte de las deficiencias que arrastra la PGJ-CDMX obedecen a que Ríos Garza dejó de inyectar recursos a tres áreas torales: las agencias especializadas en feminicidios, delitos sexuales y atención a víctimas. A decir de Peña Rodríguez, en marzo de 2015 Ríos Garza nombró a María de los Ángeles López Peña como subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, en sustitución de Sulma Eunice Campos Mata. López Peña, acota el abogado, no tenía ninguna experiencia en atención a víctimas porque antes de incorporarse a su nuevo cargo era fiscal de Análisis y Opinión en la PGJ y antes en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino. A su vez, Karla Michel Salas considera que la actual fiscal de delitos sexuales, Alicia Rosas Rubí, “es incapaz de integrar una averiguación, no entiendo por qué está ahí”. En opinión de Héctor Alberto Pérez Rivera, coordinador de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la ineficiencia de la policía investigadora, la mala selección de los servidores públicos y la incapacidad de los agentes del Ministerio Público para probar los delitos explican en cierta medida el desbordado incremento en los índices delictivos en la metrópoli. “Pero Miguel Ángel Mancera culpa al nuevo sistema penal acusatorio del aumento de la delincuencia en la capital, cuando la procuraduría es la que ha mostrado una absoluta incapacidad para procesar a los delincuentes bajo las nuevas reglas”, señala. En efecto, Ríos Garza dejó en su pico más alto los índices delictivos en la Ciudad de México. Según datos del Inegi y del Consejo Nacional de Población, en los primeros cinco meses del año se abrieron 438 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, la cifra más alta desde 1997 en igual periodo. En su evaluación, el padre Miguel Concha afirma que en la gestión de Ríos Garza percibió signos preocupantes, porque “no queremos un Estado autoritario, queremos un estado de derecho, democrático”, ataja. Sostiene que actualmente la procuraduría capitalina se asemeja mucho a la fiscalía mexiquense, sobre todo en la desatención de los feminicidios. Advierte que lo peor que le puede pasar a la capital del país es caer en la inercia que arrastra el gobierno federal, que no resuelve los casos, administra la justicia a conveniencia, garantizando intereses particulares por encima de los de la sociedad, que son los de una justicia pronta y expedita. “No queremos un fiscal que administre, queremos uno que resuelva. Queremos una auténtica procuración de justicia, apegada estrictamente a derecho, que garantice los derechos de las víctimas y los derechos de las organizaciones civiles”, indica el defensor. Por esos motivos, el padre Concha, lo mismo que los abogados Karla Michel Salas, David Peña y Héctor Alberto Pérez lamentan que Ríos Garza se haya ido de la procuraduría sin que se le finque responsabilidad jurídica ni política, a pesar del desaseo con que dirigió las investigaciones más relevantes y de que incumplió su obligación de sentar las bases para la transición de la dependencia a fiscalía, proceso que iniciará en el próximo año. Este reportaje se publicó en la edición 2122 de la revista Proceso del 2 de julio de 2017.