Pastor Alape, uno de los comandantes de las FARC, sostiene que las organizaciones del narcotráfico sufrirán desabasto de cocaína debido al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que lleva a cabo el gobierno colombiano con apoyo de la exguerrilla. Niega que su organización se dedicara al narcotráfico, aunque acepta que cobraba impuestos a los traficantes y que “algunas estructuras” de la guerrilla se relacionaron con cárteles mexicanos, detrás de los cuales, asegura, hay intereses más poderosos: los de grupos económicos y financieros. BOGOTA (Proceso).- Uno de los comandantes de las FARC y miembro de su Secretariado, Pastor Alape, afirma que esa organización –la cual el martes 27 concluyó su desarme definitivo y dejó de ser guerrilla tras medio siglo de conflicto con el Estado colombiano– nunca llegó a establecer una relación con los cárteles mexicanos de las drogas, pese a su fuerte presencia en las principales zonas cocaleras de Colombia. “Las versiones que nos vinculaban con cárteles mexicanos y con traficantes son parte de la estigmatización que se dio contra las FARC en el marco de la propaganda de guerra. Se estableció una matriz mediática para mostrarnos como una estructura criminal y no como una organización política”, afirma Alape en entrevista. El exjefe guerrillero reconoce, sin embargo, que algunas estructuras de las FARC, en las que hubo “descomposición en personas, en individuos”, pudieron haberse relacionado con cárteles mexicanos para traficar cocaína. “Por supuesto, eso pudo ocurrir donde no se le dio un manejo adecuado a la forma de conseguir los recursos y de manejar los gastos, a lo que llamamos nosotros el gasto proletario, pues un manejo inadecuado de la economía en la guerra genera descomposición”, señala. En el acuerdo de paz que firmaron en noviembre pasado con el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos, las FARC se comprometieron a “contribuir de manera efectiva” a la solución definitiva del problema de las drogas ilícitas y a “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno”. Alape, uno de los representantes de las FARC en las negociaciones de paz con el gobierno, afirma que el grupo insurgente ha cumplido con los acuerdos de paz, incluido el punto que lo obliga a romper cualquier vínculo con el fenómeno de las drogas. Pero aclara que los guerrilleros de las FARC que decidieron no respaldar el proceso de paz –entre 300 y 400– “sí tienen relación con algunos narcotraficantes en el país y con los que pueden venir de afuera, incluso de México”. Esa, dice, “es la información que hemos recibido, porque esas disidencias ya están motivadas por intereses individuales que quieren obtener ese tipo de recursos”. Alape sostiene que a lo largo de más de medio siglo de existencia, el único vínculo de las FARC como guerrilla con las drogas ilícitas fue el cobro de impuestos en las zonas cocaleras a los cultivadores de hoja de coca y a los compradores de pasta base, a quienes fijaban un precio mínimo “para proteger al campesino de los intermediarios y los narcotraficantes”. Asegura que el grupo insurgente en proceso de transformación en partido político legal nunca tuvo cultivos de hoja de coca ni laboratorios. Sin embargo, no es lo que afirman las autoridades colombianas, para las cuales las FARC sí tenían laboratorios de pasta base y vínculos directos con traficantes de cocaína, incluso con cárteles mexicanos. –Muchas autoridades, de muchos países, ligan a las FARC con el narcotráfico –se le plantea a Alape. –Nosotros siempre partimos de que el día que las FARC se metieran en el tráfico de drogas, hasta ahí llegábamos como organización política revolucionaria. Nosotros cobrábamos impuestos a todo lo que pasaba por ahí, por los territorios donde estábamos. A los cafeteros, a la industria petrolera, a las mineras, a los traficantes. Esa era nuestra forma de financiación. –El expresidente Álvaro Uribe afirma que las FARC son el principal cártel de las drogas del mundo. ¿Qué responde a eso? –Que es una mentira que no resiste ninguna investigación. Las FARC nunca estuvieron metidas en el tráfico de drogas. Uribe siempre quiso mostrarnos como delincuentes y no como una organización política en armas. Y como estábamos en territorio de producción cocalera, nos decían narcotraficantes y nos colocaban como parte de los elementos criminales que actuaban en los territorios. –Pero mantener un ejército rebelde, como el que llegaron a tener las FARC, cuesta mucho dinero, y ese dinero provenía de actividades ilegales… –Por supuesto que el delito de rebelión no se ejerce yendo a pedir plata prestada al Banco Mundial ni pidiéndole a un país vecino un empréstito. El delito de la rebelión se ejerce por fuera de la legalidad establecida por el Estado, porque la rebeldía va contra todas las estructuras que ha establecido el Estado y va en dirección a transformar ese Estado, a romperlo. El comandante conciliador Alape, cuyo verdadero nombre es Félix Antonio Muñoz Lascarro, tiene 58 años y lleva 38 en las FARC. Fue jefe del Bloque Magdalena Medio de esa organización y en agosto próximo, cuando esa exguerrilla se convierta en partido político legal, como resultado de los acuerdos de paz con el gobierno, será una de sus principales figuras. Es uno de los siete miembros del Secretariado de las FARC, la máxima instancia de dirección de esa exguerrilla, y uno de los que tiene mejor imagen pública. Le ayudan su trato amable, su facha de profesor –con pequeñas gafas y el cabello hirsuto– y la fama de conciliador que adquirió durante los casi cuatro años de negociaciones de paz en La Habana. Como todo el alto mando de las FARC, él deberá presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para responder por los delitos graves que cometió esa organización en medio de la guerra. Alape tiene cargos por narcotráfico en Estados Unidos, cuyo gobierno ofrece hasta 2.5 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Pero según el acuerdo de paz no puede ser extraditado a ese país. Esto, porque para Colombia la prioridad es que los exjefes guerrilleros respondan internamente por los delitos atroces cometidos durante el conflicto armado. Y serán los magistrados de la JEP los que determinen si los comandantes de las FARC acusados de relaciones con el tráfico de cocaína incurrieron en el delito de narcotráfico como mecanismo para financiar la guerra o para su beneficio personal. En el primer caso, serían exonerados del cargo. Desde diciembre pasado Alape es el delegado de las FARC en el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que desarrolla el gobierno colombiano en forma conjunta con esa exguerrilla, y el cual tiene como objetivo reducir hasta en 90% las 188 mil hectáreas de plantíos de hoja de coca que existen hoy en Colombia, que ubican a este país como el principal productor de cocaína en el mundo. –¿Con este programa los cárteles de las drogas tendrán problemas de abasto? –se le pregunta a Alape. –Lógicamente. Al implementarse de manera exitosa este programa, habrá un reacomodo en la región porque bajará la producción y esos grupos tendrán que buscar cómo satisfacer la demanda. –¿El programa de sustitución busca atacar al narcotráfico o solucionar los agudos problemas sociales en el campo colombiano? –Tiene que ir en dirección a resolver los problemas del campo, porque además de que el campesino en Colombia no tiene tierra, carga el estigma de ser “narcocultivador”, y eso tiene que desmontarse. Y también va a afectar a las economías ilegales que se mueven en el país y en el continente. –¿Y cómo cree que van a reaccionar las organizaciones del narcotráfico que se verán afectadas? –Con muchas presiones. Los capitales de la ilegalidad se van a mover para tratar de ponerle trabas a este tipo de programas. El reto está en que esos capitales no entren a incidir para bloquear el proceso de implementación del punto cuatro del acuerdo de paz, que es el de la solución a la producción de drogas de uso ilícito. Glifosato y Monsanto Estados Unidos es escéptico sobre los alcances del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y ejerce una fuerte presión sobre Colombia para que reduzca los sembradíos de hoja de coca con erradicación forzada y aspersión aérea de los cultivos. El presidente Donald Trump dijo incluso que esto debe ocurrir “muy rápido”. La respuesta del gobierno del presidente Santos ha sido intensificar, de manera paralela al programa de sustitución voluntaria, la erradicación forzosa de plantaciones cocaleras, lo que ha generado enfrentamientos de la fuerza pública con campesinos que, según la policía, están financiados en muchos casos por mafias del narcotráfico. Entre enero y mayo de este año, la policía y el ejército erradicaron 16 mil 72 hectáreas de hoja de coca, más del doble que en el mismo periodo del año pasado. Para Alape, esto demuestra que el gobierno “le está apostando más a la erradicación forzada, represiva, y se han dado casos que en una mañana firmamos con los campesinos convenios de sustitución voluntaria y ese mismo día, por la tarde, llegan los militares a erradicar por la fuerza”. –¿Y esto es por falta de coordinación institucional? –Ahí tiene que haber otros intereses económicos muy poderosos. Y esto lo pone a uno a pensar que esos intereses económicos tan fuertes se están moviendo dentro de ciertos sectores del gobierno. Alape plantea que el compromiso de las FARC con la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos no significa que esa exguerrilla combatirá a los narcotraficantes, porque eso le corresponde al Estado. Y afirma que aunque “se habla mucho del poder de los cárteles mexicanos, nosotros consideramos que detrás de esos cárteles hay otros intereses mucho más poderosos, porque todos esos capitales no se mueven en costales o en bolsos, se mueven en los bancos”. –¿Se refiere a los beneficiarios del lavado de dinero? –se le pregunta. –Por supuesto. El narcotráfico es un fenómeno capitalista. Es lo que está detrás de los cárteles y es lo que incide en la permanencia de ese fenómeno. –¿Se refiere a poderes económicos? –Lógicamente. Hay un círculo perverso y mortal del capital. Es una cadena de intereses económicos en la que ninguno de los eslabones pierde. Hasta cuando dicen combatir las drogas, ganan. La industria militar vende las armas y los helicópteros, y Monsanto (la multinacional estadunidense de agroquímicos) vende el herbicida para fumigar cultivos ilícitos… –¿Qué opina de las presiones de Estados Unidos para que Colombia reanude las fumigaciones aéreas con glifosato (se suspendieron en 2015, pues el herbicida es potencialmente cancerígeno)? –Las fumigaciones arrasan hasta con los cultivos legales. Y después Monsanto vende las semillas certificadas para reponer esos cultivos. La reanudación de fumigaciones con glifosato es parte de la política errática de Estados Unidos contra las drogas, pero hay fuerzas importantes en ese país que pueden contribuir a que el gobierno de Trump modifique esto. –¿El regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato afectaría el proceso de paz? –Ampliaría el conflicto social en Colombia. Ese dinero hay que invertirlo en desarrollo social en el campo. Esa es la solución al problema de los cultivos ilícitos. Este reportaje se publicó en la edición 2122 de la revista Proceso del 2 de julio de 2017.