COLIMA, Col. (apro).- El gobierno estatal reconoció ante el Congreso de la Unión que el Parque Regional Metropolitano “Griselda Álvarez”, que tenía bajo su administración, prestaba un “deficiente servicio público”, por lo que con el propósito de “rescatar ese espacio”, optó por concesionarlo de manera gratuita para que lo explote una empresa privada, aunque aceptó que los principales servicios básicos seguirán siendo pagados con recursos del erario.
A través de un documento de siete páginas, el gobierno del priista José Ignacio Peralta Sánchez dio respuesta al punto de acuerdo emitido el 16 de mayo por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que le solicitó un informe detallado de las condiciones en que otorgó la concesión para el uso y aprovechamiento del inmueble a la empresa Fiesta Zafari SA, así como si la concesión cumplió los requisitos legales y preservó el interés general del patrimonio público.
En el escrito, firmado por el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Andrés Gerardo García Noriega, se enumeran una serie de factores en torno del funcionamiento del Parque Regional, “lo que se conjugó en un deficiente servicio público, (y) urgió a la administración de la entidad a buscar una alternativa de solución para rescatar ese espacio público en beneficio de la ciudadanía colimense”.
Entre los elementos esgrimidos por el gobierno de Peralta para concesionar el parque se encuentran los siguientes:
“La falta de personal especializado en el manejo de animales, las precarias condiciones de acondicionamiento para el hábitat de las pocas especies animales que ahí se albergaban, el costo de su manutención, la escasa vigilancia y el vulnerable estado de la contención perimetral para el resguardo de la seguridad, que daban oportunidad y ocasión para actos de allanamiento y perturbación del espacio público, la delincuencia y demás actos ilegales, y en general la falta de inversión para el mantenimiento y conservación de la infraestructura que cada vez estaban más deteriorados”.
También admite que por esas razones la administración estatal resolvió buscar especialistas en el manejo de parques y zoológicos con capacidad técnica y económica para, por la vía de la concesión y bajo la rectoría del Estado, unir esfuerzos para resolver esa problemática.
Con lo anterior, adujo, se ahorrarán 8 millones de pesos anuales del presupuesto público que cuesta el mantenimiento del parque, a la vez que mediante la inversión privada se dignificará el espacio para las especies animales albergadas, “incrementando exponencialmente el número de ejemplares, así como la atención a los visitantes, ofreciéndoles mejores espacios y nuevas actividades, atracciones y servicios en general de calidad y eficiencia para la sociedad colimense, enriqueciendo nuestros productos turísticos, para fomentar la derrama económica en el estado”.
Fue así como, “con apego a la legislación aplicable y absoluto respeto a los bienes propiedad del Estado, privilegiando los recursos naturales de flora y fauna que conformaban el parque regional Griselda Álvarez, se logró atraer el interés del inversionista Fiesta Zafari SA, empresa socialmente responsable especialista en el ramo y amplio reconocimiento a nivel internacional, promotora de la conservación y protección a la fauna silvestre” que, “apostando por Colima”, convino realizar una inversión de hasta 50 millones de pesos en el proyecto, que ahora se denomina Ecoparc.
El representante del poder ejecutivo aceptó que el erario estatal no recibirá recursos derivados directamente del otorgamiento de la concesión, pues aseveró que no existe en la legislación estatal un rubro específico que permita obtener ingresos tributarios por el cobro de derechos derivados de concesionar el uso o aprovechamiento de espacios públicos, pero estimó que atraer inversión privada favorece directamente la gestión turística privilegiando al estado en la generación de empleos y en consecuencia, más recursos para la entidad en general.
Además, indicó, en el contrato de concesión se respetaron los derechos de los usuarios que hacían uso del parque y museo limitando el costo del boleto para el ingreso al público en general “a un precio muy accesible, a un máximo de 30 pesos (22 peso por encima de lo que ya costaba), pero además se pactó que el concesionario otorgara 15 mil pases anuales para ser distribuidos entre a sociedad colimense por el DIF del estado entre las familias más necesitadas con interés de ingresar”
El documento del gobierno estatal precisó que se concesionaron dos de las tres áreas del inmueble: Parque y zoológico y Museo de Arte Contemporáneo Jorge Chávez Carrillo, en tanto que mantendrá la operación de la zona de albercas y toboganes.
Sin embargo, “en virtud de que comparten instalaciones, redes de agua, sanitarias y de energía eléctrica, el gobierno del estado conservó el uso y administración de dichos suministros, por lo que será quien seguirá solventándolos”.
Acotó, por una parte, que se cuenta con un pozo profundo que provee de agua potable y, por la otra, que se pactó con el concesionario que a su costa se realicen adecuaciones tecnológicas necesarias para que el consumo de estos suministros en las áreas concesionadas no aumente, además de que se consideró en el contrato la posibilidad de establecer nuevos esquemas para compartir esos gastos.
El punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión para solicitar el informe al gobernador en torno a este asunto fue promovido por la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez.
En tanto, desde noviembre pasado en que se anunció la concesión del Parque Regional se movilizaron sectores de la población en demanda de la revocación de la concesión, con el argumento de que se realizó en condiciones desfavorables para el patrimonio público.
La delegada estatal del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro, quien ha encabezado el movimiento, informó recientemente que ya fueron reunidas 13 mil firmas de ciudadanos para demandar la realización de un plebiscito en el que la población decida el futuro del Parque Regional.