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Al flagelo del narco, se suma el retiro de servicios médicos y educativos en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- En medio de la disputa por la plaza entre el Cártel de Sinaloa y de La Línea, en el municipio de Madera, los pobladores de las comunidades luchan por sobrellevar su vida cotidiana, incluso a pesar de la decisión de las autoridades para retirar servicios de salud y educativos en esa zona.

Un médico, una enfermera y un pasante de medicina fueron retirados de la comunidad luego de que el jueves de la semana pasada hubo otro enfrentamiento y el personal de salud quedara atrapado en Las Varas, dieron a conocer habitantes del área.

El director de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Manuel Arias Delgado, declaró hoy a medios de Cuauhtémoc que también reubicarán a maestros de algunas comunidades rurales en la zona por la situación de inseguridad.

Desde el jueves se suspendieron las clases en Las Varas, comunidad de casi mil 500 personas ubicada a media hora de la cabecera municipal, al nororiente del estado; y en otras comunidades aledañas, así como en ciudad Madera, algunos planteles decidieron no abrir, confirmaron pobladores del lugar.

Arias dijo que están privilegiando la seguridad de los docentes y el próximo ciclo escolar, reubicarán a los maestros que ya no puedan permanecer en alguna comunidad.

Carlos Ruiz Vázquez, coordinador regional de Salud en aquella zona, señaló que concentraron en Cuauhtémoc a los pasantes de esas comunidades, y sólo se quedaron quienes tienen familiares en el municipio de Madera.

Incluso, la clínica de la cabecera municipal estuvo cerrada el día de los hechos delictivos.

El enfrentamiento registrado el miércoles pasado continuó en otras comunidades como La Mesa del Huracán, Nicolás Bravo, El Largo Maderal, en el municipio de Madera y en el de Gómez Farías (ubicado a media hora de Las Varas), donde la gente escuchó disparos durante toda la mañana. De esas comunidades, trascendió, algunos médicos fueron llevados a atender a pacientes, pero esos datos no son oficiales.

Por ello los habitantes de esas comunidades salen sólo lo indispensable de sus casas, principalmente los de Las Varas, quienes vieron cómo caían los delincuentes, cuando se enfrentaron alrededor de 200 presuntos sicarios.

De acuerdo con testimonios, pobladores observaron, como es costumbre entre los grupos delictivos, apilar cuerpos en las camionetas para llevarse a su gente que cae en los enfrentamientos.

Hace varios meses, cuando se registraron enfrentamientos entre grupos antagónicos de La Línea, la Secretaría de Salud implementó un protocolo para garantizar la seguridad de médicos, enfermeros y pasantes.

Hasta ahora los municipios en los que ha implementado el protocolo por el nivel de inseguridad son Madera, Uruachi, Guachochi, Guerrero, Carichí, de la Sierra Tarahumara, así como Bachíniva y Cuauhtémoc (Álvaro Obregón).

Sin embargo, familiares de una pasante que se encuentra en uno de esos municipios denunciaron que ella no ha sido reubicada, a pesar de que ha recibido acoso y ha sido obligada a atender integrantes de grupos delictivos que han resultado heridos en balaceras.

La dependencia informó: “La ley de salud vigente en el estado de Chihuahua, en su artículo 97, indica que todos los estudiantes de medicina y carreras afines deben presentar su servicio social por doce meses, con posibilidad de ser reasignados al término de su primer semestre”.

Y explicaron que el protocolo de seguridad consiste en la aplicación de una evaluación de las unidades médicas que son sedes de pasantes de servicio social, donde se valoran las condiciones del inmueble y de la situación geográfica de la comunidad a donde son enviados, con el fin de que no sufran incidentes relacionados con cuestiones climatológicas o situaciones de violencia.

Una vez que tienen el diagnóstico de la zona, las autoridades castrenses determinan si los prestadores de servicio social, médico y personal de enfermería son reubicados o se quedan cuando hay condiciones propicias para desempeñar su labor diaria.

Esas acciones las realizan en otras jurisdicciones donde los pasantes han sido trasladados por elementos de seguridad pública local del sitio en el que habitan, a la unidad médica, sólo cuando son requeridos sus servicios, con el fin de evitar que permanezcan solos en las unidades médicas.

Y ese fue el caso de los enfrentamientos ocurridos en febrero y marzo pasado en los municipios de Cuauhtémoc y Bachíniva.

“Cuando se comprueba que los pasantes se encuentran bajo amenaza o se considera que la inseguridad pone en peligro su integridad, son reubicados y, de ser necesario, los envían a otros inmuebles arrendados en comunidades seguras, con el fin de que no pernocten en las unidades médicas de zonas riesgosas”, dio a conocer la Secretaría de Salud.

El 27 de febrero pasado, la dependencia ubicó a pasantes de los centros de salud en Arroyo Amplio, La Norteña, Las Varas (Madera), Tomóchi (municipio de Guerrero), cabecera municipal de Bachíniva, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas, Álvaro Obregón (Cuauhtémoc) y cabecera de Carichí.

“El personal fue retirado y enviado a sus domicilios al menos durante una semana, y posteriormente fueron reasignados en unidades de Cuauhtémoc, donde se pagaron casas de asistencia, con el fin de evitar que pernoctaran en los centros de salud”.

Identifican a fallecidos en enfrentamiento

La Fiscalía General del Estado identificó a cinco cuerpos de los 15 que presuntos sicarios que perdieron la vida en enfrentamientos y, según trascendió a medios locales, uno de los cinco detenidos declaró que eran alrededor de 140 hombres quienes llegaron a pelear la plaza por el Cártel de Sinaloa.

El detenido, a quien apodan El Tabasco, habría dicho que los tomaron por sorpresa, ya que La Línea sólo contaba con la mitad de los hombres que enfrentaron.

Los presuntos delincuentes que fueron abatidos son Rafael Carbajal Reyes, de 25 años y con domicilio en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura (también controlado por La Línea al noroeste del estado); Luis Leonel Cervantes Camacho, de 18 años, de Cuauhtémoc; Hugo Antonio García, de 33 años, del ejido Benito Juárez; Astolfo Cárdenas Castillo, de 47 años, de Nuevo Casas Grandes, y Álvaro Torres Ortega, de 35, originario del estado de Durango, con domicilio en Delicias, Chihuahua.

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