Los Moreira, denunciados ante la Corte Penal Internacional

Con base en declaraciones de narcotraficantes ante tribunales de Estados Unidos, decenas de organizaciones civiles mexicanas denunciaron ante la Corte Penal Internacional a los hermanos Moreira, gobernadores de Coahuila, por su presunta complicidad en los atroces crímenes cometidos durante sus gobiernos contra la población civil. Académicos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas consideran que, si se comprueba la implicación de los Moreira, pueden atribuirse al Estado mexicano delitos como las masacres de Allende y Piedras Negras.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante tribunales de Texas, Estados Unidos, no sólo revelaron su presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos funcionarios de sus gabinetes, sino también que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad.

La implicación de los Moreira fue denunciada el jueves 6 ante la Corte Penal Internacional (CPI), en una comunicación bajo el auspicio del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en Busca de Personas Desaparecidas y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con el respaldo al menos de otras 80 organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

Además, otras organizaciones civiles y ciudadanos han solicitado de manera particular la intervención del tribunal ante la impunidad con que se cometen esas graves violaciones a los derechos humanos en México.

La comunicación a la CPI, titulada “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, indica que los juicios contra zetas en Estados Unidos “dan cada vez más detalles sobre la colusión y la corrupción que llevó a que altos mandos del gobierno de Coahuila implementaran una política de omisión en apoyo a Los Zetas, comunicando paralelamente sobre su supuesta lucha en contra de estos grupos”.

El documento, entregado en la sede de la CPI en La Haya por el obispo Raúl Vera; el subdirector del Fray Juan de Larios, Michael Chamberlin, así como por las abogadas Ariana García Bosque de Familias Unidas y Jimena Reyes de la FIDH, detalla los testimonios en uno de sus 11 anexos: “Control… sobre todo el estado de Coahuila. Reporte sobre los testimonios analizados de miembros de Los Zetas en San Antonio y Austin”, al que este semanario tuvo acceso.

Sistematizado por las investigadoras Anna Smulders y Stephanie Corte, el informe fue supervisado por el director de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, Ariel Dulitzky, expresidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU (GTDFI).

El documento analiza los testimonios de 14 reos relacionados con Los Zetas, de los cuales seis colaboran en el caso contra Marciano Millán Vásquez, procesado en San Antonio por conspiración para distribuir e importar droga en Estados Unidos y por su participación en el asesinato de prisioneros del penal de Piedras Negras. El resto son testigos en un juzgado de Austin en el proceso contra José Treviño Morales, Fernando Solís García y Francisco Colorado Cessa.

En la presentación del informe, las investigadoras de la Clínica advirtieron que los juicios están primordialmente enfocados en cargos por lavado de dinero, tráfico de drogas y homicidios, por lo que “los abusos a los derechos humanos y la complicidad del gobierno del estado fueron tangenciales para los fiscales” de Austin. Los testigos en el juzgado de San Antonio “ofrecieron más detalles respecto a abusos de derechos humanos, pero en segundo término”.

Pese a ello, esas declaraciones fueron suficientes para que las investigadoras de la Clínica de Derechos Humanos consideraran que “el cártel de Los Zetas cometió numerosas violaciones a derechos humanos y que las instituciones públicas y oficiales estuvieron involucradas en varias competencias, dependiendo de la situación, lugar y tiempo”.

Corresponsabilidad criminal

Tras señalar la incuestionable responsabilidad de Los Zetas en las masacres de Allende y Piedra Negras en la primavera de 2011, el informe indica que también lo son en docenas de casos en que el patrón de los homicidios fue el descuartizamiento y la ‘cocina’.

“Los Zetas secuestraban, desaparecían, amenazaban y reclutaban forzadamente a mucha gente en Coahuila y en los estados vecinos. Su razonamiento era mantener el control, mostrar fuerza o represalias, castigar a quien perdiera drogas, y para crecer en números y territorio”, agregan.

Sin embargo, “el Estado también tiene un grado de culpa en las violaciones a derechos humanos cometidas. (…) La Clínica estima que la información presentada complementa la evidencia existente y ayudará con más esfuerzos para demostrar el grado y tipo de violencia practicada por Los Zetas y el Estado”.

Para las investigadoras, las declaraciones en las cortes de Texas también revelan “profundas conexiones sistemáticas y a veces el control que Los Zetas tenían sobre el aparato de justica y los oficiales en línea ascendente del gobierno del estado”.

Las implicaciones evidenciadas van desde la operación directa contra miembros de cárteles rivales, la asignación de contratos a las empresas de Los Zetas, así como las omisiones de funcionarios del estado y de las fuerzas de seguridad, que permitieron la perpetración de abusos contra habitantes de Coahuila y otros estados.

El documento entregado a la CPI resalta las declaraciones sobre presuntas entregas de millones de pesos al exgobernador Humberto Moreira y su fiscal general Jesús Torres Charles, a su hermano Humberto Moreira, alcaldes, policías municipales, estatales y federales, militares, agentes del Ministerio Público de los fueros local y federal.

Por supuesto, se mencionó el control total de la cárcel de Piedras Negras, donde los integrantes del cártel entraban y salían, sin olvidar que en 2012 liberaron a 130 prisioneros a los que reclutaron. Otras declaraciones se refieren a la colaboración de Rubén Moreira con la organización criminal, pero ni el testigo ni los fiscales dieron detalles.

“Si no hubiera sido por las acciones y omisiones de los oficiales mencionados (en los testimonios), Los Zetas no podrían haber sido capaces de cometer muchos de los abusos reportados aquí –se dice en la comunicación a la CPI–. Ambos, Los Zetas y el Estado, tienen responsabilidad por lo que ocurrió en Coahuila. El Estado, en su totalidad, en el mejor de los casos ignoró la corrupción generalizada y los graves abusos a los derechos humanos, y en el peor, participó directamente para respaldar los objetivos de Los Zetas.”

Entre las atrocidades que Los Zetas cometieron con esa complicidad, los testigos narraron las masacres de Allende y Piedras Negras.

Resaltaron que a partir del caso Allende se conocieron las ejecuciones y desapariciones de cerca de 300 personas entre marzo y abril de 2011 en la región de los Cinco Manantiales, que comprende los municipios de Allende, Guerrero, Nava, Piedras Negras, Sabinas y Zaragoza, así como Ciudad Acuña, en la frontera con Del Río, Texas.

La extrema violencia derivó de una venganza de los hermanos Omar y Miguel Treviño Morales contra desertores de su cártel que huyeron a Estados Unidos para convertirse en informantes, entre ellos Héctor Moreno y José Luis Gaytán Garza. Les siguieron José Luis Vázquez y Mario Alfonso Cuéllar, cuyos testimonios fueron analizados por la Clínica.

En su declaración, Moreno recordó que después de que él y Poncho Cuéllar huyeron a Estados Unidos, en marzo de 2011, se enteraron de que “(Los Zetas) empezaron a matar familias en Allende, Piedras Negras, Múzquiz y Sabinas. Ellos querían matarme a mí también. Toda esa gente inocente; las familias intentaron interponer denuncias y les dijeron que no habría ninguna y que tenían 24 horas para dejar la ciudad”.

La masacre de Piedras Negras también ocurrió en ese periodo y, según los testimonios mencionados, pretendía “intimidar y mostrar el poder a otros miembros del cártel que habían considerado huir”. Uno de los sobrevivientes es Adolfo Efrén Tavira Alvarado, quien traficó droga con Cuéllar y en marzo de 2011 fue sacado de su casa por sicarios que lo llevaron esposado ante los hermanos Treviño Morales.

Los hombres de los Treviño también secuestraron a un amigo de Cuéllar, Víctor Cruz, a su familia y a más de 30 civiles, a los que obligaron a arrodillarse. Todos fueron ejecutados a balazos. Daniel Menera, el “comandante” de la ciudad, abogó por Tavira.

A principios de 2013 los mandos zetas responsabilizaron a Jorge de León Navarro por la pérdida de un cargamento de mariguana. Lo secuestraron y retuvieron 13 días, en los que fue obligado a ver 16 ejecuciones ordenadas por Millán Vásquez, conocido como Chano. Entre las víctimas había tres mujeres, una niña y seis jovencitos vendedores de periódicos.

De León describe la ejecución de una familia: “´Él (Chano) tomó un hacha y cortó una rodilla y una pierna de ella (una niña). Ella lloraba. Ella gritaba. Él reía. Le decía a su padre que viera para que recordara. Ellos (los sicarios) lo agarraban para que él viera”. El mismo procedimiento utilizaron para ejecutar a la mujer y al hombre: después quemaron a los tres en un tambo.

El testigo Gustavo Rodríguez Costilla sostuvo en el juicio que presenció entre siete y 10 ejecuciones, cada una de grupos de aproximadamente una decena de personas. Dice que a un hombre apodado El Chaparro lo eliminaron Los Zetas con toda su familia por haber “hablado con el de Sinaloa, un cártel contrario”.

Otros móviles de asesinatos: las víctimas se negaban a cooperar con el cártel, los cabecillas sospecharon que huirían a Estados Unidos y revelarían información, alguien los vio salir de oficinas de procuración de justicia o algunas mujeres estuvieron con policías.

Los testigos también presenciaron ejecuciones de militares, policías que se negaron a cooperar, agentes de Estados Unidos en San Luis Potosí u hombres vestidos de marinos. Hablaron de “secuestros y desapariciones de cientos de personas de las que no se tiene conocimiento si están vivas o muertas”. El informe rescata asimismo casos de secuestros de empresarios que fueron llevados de Eagle Pass a Piedras Negras.

Impunidad y corrupción 

El 20 de junio, semanas antes de que la comunicación se entregara a la CPI, Ariel Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, dijo en entrevista con Proceso:

“Cuando se comienza a dar más información sobre ciertos estados donde desde el gobernador hacia abajo eran funcionales a las actividades de Los Zetas u otros cárteles, si eso se demuestra, va a significar que todo lo que hicieron Los Zetas en esos estados podría ser atribuido al Estado, porque hubo, mínimo, aquiescencia o tolerancia por la situación de corrupción.”

Dulitzky fue Invitado por la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para hablar de su experiencia al frente del GTDFI durante los últimos siete años.

El académico destacó que en México se empieza a demostrar “que las desapariciones, incluso del crimen organizado, cuentan con cierto nivel de participación o aquiescencia de agentes estatales; hay que repensar cuáles son desapariciones por particulares y si muchas de ellas no califican como desapariciones forzadas”.

El mismo argumento presentaron miembros de la sociedad civil ante el GTDFI para que este mecanismo de la ONU interviniera para presentar el caso de México ante la CPI, recordó Dulitzky, que se excusó de la discusión del caso en el GTDFI por su involucramiento con las organizaciones en México en la presentación de la comunicación sobre Coahuila.

“El GTDFI tiene la posibilidad de discutir y decidir si solicita al Consejo de Seguridad de la ONU que la situación de México será remitida a la CPI. El grupo tendría que estimar dos situaciones: que hay desapariciones forzadas que ocurren en el contexto de crímenes internacionales en México y que una de las respuestas adecuadas es que la situación sea considerada por la CPI”, apunta.

Para Dulitzky, “las autoridades federales y estatales no han podido romper el patrón de impunidad que existe en materia de desaparición forzada, que se puede dar por falta de capacidad, falta de voluntad o una conjunción de ambas… Lamentablemente hay una situación de impunidad que requiere de respuesta y apoyo de la comunidad internacional”.

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