El TLCAN y los problemas nacionales

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La incertidumbre es el signo sobresaliente de las relaciones internacionales en la era Trump. La modernización, renegociación o actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se inscribe dentro de ese signo. En principio, las fechas para iniciar conversaciones ya han sido fijadas para el 16 de agosto. En realidad se sabe que cualquier tuit de Trump puede descarrilarlas.

Que el presidente del país más poderoso del mundo pueda actuar de esa manera obliga a la cautela. Tener como contraparte a un socio tan poco confiable es un juego de alto riesgo. Sin embargo, tal es la condición inevitable de las relaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos en el futuro próximo. Más vale hacerse a la idea de que así será; al menos hasta 2020.

No sólo residen allí los motivos de preocupación. Internamente hay otra serie de circunstancias que llevan a ver con escepticismo las pláticas que tendrán lugar. Es muy escasa la información sobre lo que buscan los estadunidenses. Se sabe por noticias de prensa que, como debe hacerlo por ley, el Congreso ha solicitado opiniones de grupos interesados, las cuales han llegado en números sorprendentemente altos. Decenas de miles de opiniones que deben ser atendidas, de una u otra manera, por el Legislativo.

En México eso se ha interpretado en círculos oficiales como señal del gran interés en Estados Unidos por el TLCAN y por lo tanto, del apoyo para el mantenimiento del mismo. Es una manera de verlo. También se puede pensar que los intereses por modificar, mantener o de­saparecer cláusulas del Tratado son numerosos y diversos. Se hacen sentir mediante grupos de presión que actúan a través del Congreso. Avanzar sus puntos de vista es importante para mantener contentas a sus clientelas locales. Por ello, como dicen los conocedores del sistema político estadunidense: toda política es local.

El contraste con México no podía ser mayor. Aquí el asunto de la renegociación del TLCAN es de interés para un limitado grupo de tecnócratas que viene especializándose en negociaciones de acuerdos de libre comercio desde hace varios años (la mayoría de tales acuerdos, de poca utilidad si con ellos se buscaba contrarrestar la concentración de exportaciones en Estados Unidos).

El “cuarto de al lado”, es decir el espacio para la expresión de las voces no gubernamentales con intereses directos en el Tratado, es muy pequeño y bastante oscuro. Allí han estado siempre los grandes empresarios que se benefician del TLCAN. Quiénes son y a quiénes representan no es transparente. El Tratado y sus beneficios siempre se han visto de arriba hacia abajo, no al revés. De allí su legitimidad dudosa, la poca o nula participación del Legislativo, el escaso interés de la ciudadanía. Al acercarse la renegociación cabe preguntarse si hay nuevas propuestas que provengan de la sociedad civil más fuerte que existe en México hoy en día.

Es difícil saber si tiene algún costo político para los negociadores no darles suficiente fuerza a las demandas de las pequeñas y medianas empresas, las que mayormente cuentan cuando se trata de crear empleo pero que no participan todo lo que debieran de los beneficios del TLCAN. Prueba de ello es que el componente interno de las exportaciones de manufacturas a Estados Unidos es muy bajo, comparado con el de otros países, como China.

México llega a la nueva etapa del TLCAN sin que se haya despejado la incógnita de cuáles son los intereses propiamente nacionales que orientaron su creación hace más de 20 años y hoy en día alientan su redefinición. Hubiera sido deseable que estos momentos de cambio de paradigmas que ocurre a nivel mundial se hubiesen aprovechado para una profunda reflexión sobre si tener como eje principal para el desarrollo económico del país la exportación de manufacturas a Estados Unidos o la producción conjunta con algunas de sus grandes empresas automotrices era la mejor opción para hacer frente a las necesidades más urgentes de la nación.

Un país tan dividido geográfica y socialmente, tan desigual en oportunidades, con tan altos índices de pobreza y tan bajas calificaciones en educación, ciencia y tecnología, debería ver la relación con el exterior, de las cuales el comercio es uno de sus componentes más importantes, en función de su contribución a resolver tales problemas.

Es claro que no ha sucedido así. Quizá porque quienes se ocupan de esos temas se preocupan por engrandecer el valor del libre comercio en sí mismo, independientemente de a quiénes favorece y a quiénes deja en el camino. Sin acompañarlo de una política económica que lo hiciera un instrumento para contribuir a la creación de empleo, integración productiva y desarrollo regional, el TLCAN propició, indirectamente, mayor desigualdad.

Han surgido recientemente análisis de algunos “grupos de pensamiento” que centran su argumentación en las ventajas de un destino compartido de América del Norte. Semejante interpretación deja de lado un punto central, como es la asimetría entre México y los otros dos países que forman la región. Si se pierden de vista las enormes diferencias, las cuales se han profundizado paralelamente a la existencia del TLCAN, en el PIB per cápita de los tres países, se puede llegar a conclusiones erróneas. Elevar la competitividad de la mano de obra puede significar algo muy diferente para México. En realidad la competitividad de la región se apoya, en gran medida, en la mano de obra barata mexicana.

Es posible que los tiempos para concluir la renegociación del TLCAN sean cortos, es posible que dure meses o años, es posible que Trump decida retirarse de un plumazo, es posible que acabemos acogiéndonos a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. El reto a vencer es otro: elaborar una política económica que, entre otros objetivos, utilice el comercio exterior como instrumento para enfrentar la desigualdad y baja productividad a lo largo del territorio nacional. Mientras ello no ocurra, la discusión sobre el TLCAN es una pantalla detrás de la cual persisten y se profundizan los problemas que hoy agobian al país.

Este análisis se publicó en la edición 2123 de la revista Proceso del 9 de julio de 2017.

Comentarios