VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La titular de la Contraloría de Tabasco (Secotab), Lucina Tamayo Barrios, rechazó que haya desvío de recursos en las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública 2016 por casi 850 millones de pesos. De una muestra auditada de mil 517 millones 277 mil pesos, la ASF observó a Tabasco 419 millones 287 mil pesos del Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud (Fassa) por “falta de aplicación en los objetivos del fondo”. En el Acuerdo de Coordinación Salud-Tabasco se auditaron 953 millones 93 mil pesos y se observaron 237 millones 863 mil pesos. De 461 millones 689 mil pesos auditados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades, se observaron 158 millones 500 mil pesos y 35 millones 272 mil de recursos no pagados del programa Prospera. La contralora Tamayo Barrios dijo que las observaciones fueron por recursos no ejercidos en el momento de la auditoría, no por desvíos, por lo que se está requiriendo a las dependencias la comprobación de la aplicación del dinero. “La observación no va en el sentido de que haya alguna desviación, sino son recursos que no estaban ejercidos, aplicados en el momento de la auditoría”, aseguró y añadió que una vez que sean notificadas las observaciones, tienen 45 días para solventar. “Se mandará como solventación la comprobación de los recursos, la aplicación de éstos”, ofreció. Por otro lado, la funcionaria informó que se sancionó con cerca de 35 millones de pesos a las exsecretarias de Educación, Beatriz Luque Green y Deyanira Camacho, además de que se les inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos, por irregularidades en las cuentas públicas de 2011 y 2012, como parte de las investigaciones del megasaqueo a Tabasco en el sexenio del priista Andrés Granier Melo. Lucina Tamayo reveló, sin mencionar nombres, que recientemente se presentaron dos demandas penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el caso Granier y están en puerta cuatro más. Previo a ello la Secotab sancionó con 100 millones de pesos al extesorero José Manuel Saiz Pineda y otros exfuncionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas (Seplafin).