CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró “inadmisible” dejar pendiente la implementación total del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) por cuestiones partidistas o por intereses de grupo. Al emitir su mensaje semanal, el organismo presidido por Juan Pablo Castañón señaló: “Es inadmisible que estas decisiones, de fundamental trascendencia para el país, se aplacen por cuestiones partidistas o por intereses de grupo. Resulta preocupante que se prevea incumplir el plazo constitucional del 18 de julio para completar el proceso, provocándose retrasos injustificados en el inicio de los trabajos del sistema en su conjunto”. El líder de la cúpula empresarial precisó que aún existen pendientes en prácticamente todos los rubros: no se han llevado a cabo las reformas necesarias en todas las entidades, ni se ha nombrado al fiscal anticorrupción y no se han asignado recursos para su puesta en marcha, entre muchos otros aspectos. “La construcción de instituciones no es un proceso estático. Sabemos que todo organismo, proceso o norma pueden ser perfectibles en el tiempo, pero resulta fundamental iniciar el camino cuanto antes, para responder a las exigencias y necesidades de la sociedad mexicana. Sin duda alguna, va a ser necesario que continuemos fortaleciéndolo y adaptándolo a las nuevas circunstancias, paso a paso en el tiempo, pero debemos iniciar pronto, y hacerlo bien”, dijo. El CCE exhortó a los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno a que trabajen por el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, “con altura de miras y sentido de responsabilidad”. Es urgente, enfatizó, que se nombre un fiscal anticorrupción con antecedentes ejemplares, que brinde certidumbre y confianza al sistema y que se aprueben los cambios a la Constitución relativos al Fiscal General. A la vez, añadió, es necesario que se designen de manera transparente y sin criterios partidistas los magistrados que van a formar el Tribunal Superior de Justicia Administrativa y que se liberen los recursos necesarios para que el Comité de Participación Ciudadana pueda llevar a cabo regularmente sus atribuciones y actividades que le han sido asignadas. “Si queremos un país con pleno Estado de Derecho, los poderes del estado deben ser los primeros en respetar la normativa y plazos acordados y sancionados por ley. Si queremos reforzar el tejido social y fomentar el crecimiento económico con confianza, no puede demorarse más la puesta en marcha del SNA y cada quien debe cumplir con su parte de responsabilidad”, sentenció. El Consejo agregó que, desde el sector empresarial, existe la responsabilidad de impulsar una verdadera cultura de la legalidad y cumplimiento de la ley. Por ello, aseguró, estamos trabajando al interior del sector para fortalecer nuestro Código de Ética e Integridad Empresarial e impulsamos la incorporación de la Cláusula Anticorrupción en los contratos con el sector público y también entre las empresas.